Partidos y sindicatos se oponen a las expulsiones
Medidas de expulsi¨®n
La posible expulsi¨®n, anunciada el mi¨¦rcoles por el delegado del Gobierno para la Inmigraci¨®n, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, de los aproximadamente 50.000 inmigrantes que se calcula que no obtendr¨¢n la regularizaci¨®n con el proceso extraordinario que se abri¨® el pasado 21 de marzo y que se cerr¨® el 31de julio, ha provocado reacciones de rechazo de partidos pol¨ªticos, sindicatos y agentes sociales. El secretario de organizaci¨®n del PSOE, Jos¨¦ Blanco, reiter¨® ayer que hay que evitar la expulsi¨®n, "para lo cual existen varias posibilidades dentro del marco legal que el Gobierno deber¨ªa analizar", afirm¨®. El portavoz adjunto de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, declar¨® ayer que "los inmigrantes sin papeles no pueden ser expulsados".
Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO calificaron de "fr¨ªvolo" a Fern¨¢ndez-Miranda, por dar cifras a priori del n¨²mero de extranjeros que podr¨ªan quedarse fuera del proceso de regularizaci¨®n y por amenazar con su expulsi¨®n. El asesor jur¨ªdico de CCOO, Jos¨¦ Antonio Moreno, record¨® que las expulsiones por carecer de documentaci¨®n no est¨¢n previstas en el marco de la vigente Ley de Extranjer¨ªa y, en este caso, "estar¨ªamos hablando de una deportaci¨®n masiva".
El consejero de Gobernaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa, Alfonso Perales, asegur¨® ayer que "ni el Ejecutivo ni la Polic¨ªa cuentan con los mecanismos necesarios para proceder a la expulsi¨®n de los inmigrantes cuya solicitud de regularizaci¨®n haya sido desestimada". Seg¨²n el abogado de la Asociaci¨®n de Inmigrantes Colombianos y Dominicanos de Espa?a (AICODE), Javier S¨¢nchez, con la legislaci¨®n de 1985, que tambi¨¦n establec¨ªa como motivo de expulsi¨®n el hecho de carecer de documentos, primero se abr¨ªa un expediente de expulsi¨®n. La persona contra la que se dirig¨ªa ese expediente ten¨ªa un plazo de 48 horas para presentar alegaciones. A continuaci¨®n, la polic¨ªa deb¨ªa resolver el expediente y volv¨ªa a proponer la expulsi¨®n si desestimaba las alegaciones presentadas, "pero siempre era recurrible". Si, finalmente, se dictaba la orden de expulsi¨®n, las autoridades pod¨ªan deportar a su pa¨ªs de origen a la persona en cuesti¨®n.
Sin embargo, en muchos casos, deb¨ªan permanecer retenidos en los centros de internamiento de extranjeros, por un plazo m¨¢ximo de 40 d¨ªas, hasta que se confirmaba su nacionalidad y eran reconocidos por las autoridades de sus pa¨ªses de origen. "Casi siempre, estas comprobaciones tardaban m¨¢s de 40 d¨ªas, con lo que los retenidos volv¨ªan a quedar en libertad y en una situaci¨®n de ambig¨¹edad legal absoluta".
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