El PSOE prepara una ley integral contra los malos tratos a mujeres

El PSOE presentar¨¢ en el Congreso una propuesta de ley integral de violencia de g¨¦nero para afrontar el aumento de los malos tratos a mujeres, junto a la iniciativa de crear una delegaci¨®n del Gobierno con rango de secretar¨ªa de Estado que coordine ministerios y autonom¨ªas en este tema. Las estad¨ªsticas son alarmantes, y las ha puesto ahora de relieve la iniciativa de Jos¨¦ Bono de publicar la lista de los condenados por malos tratos.

Hace cinco a?os, las denuncias sumaban alrededor de 400.000, pero en la actualidad se han incrementado a 650.000, y van en aumento. En lo que va de a?o 55 mujeres han muerto asesinadas por sus maridos o compa?eros, seg¨²n la estad¨ªstica de las asociaciones de mujeres -42, seg¨²n cifras oficiales-, y 23 en el primer semestre de este a?o. Tan s¨®lo en Madrid, el aumento ha sido brutal, de cuatro entre enero y septiembre en 1999 a 14 en el mismo periodo de este a?o, 15 si se incluye la mujer asesinada por su marido el pasado martes en M¨®stoles. El incremento de denuncias se atribuye a que las mujeres cada vez est¨¢n m¨¢s concienciadas y toleran menos los malos tratos, pese a que las sanciones del C¨®digo Penal contra estas conductas son consideradas irrelevantes por parte de las afectadas. En realidad, tan s¨®lo del 5% al 10% de los casos acaban en los juzgados.Esta situaci¨®n es la que ha provocado la iniciativa socialista, con la colaboraci¨®n de asociaciones jur¨ªdicas y de mujeres, por considerar que el plan integral aplicado actualmente por el Gobierno no da resultado, y lo ha puesto en primera l¨ªnea la pol¨¦mica suscitada por el presidente de Castilla-La Mancha. El articulado en fase de elaboraci¨®n cubre el problema de manera global, tanto desde el lado penal como desde el cultural, educativo, sanitario y sociolaboral, planteando tambi¨¦n la necesidad de un registro ¨²nico de estos casos, ya que hoy suelen diferir hasta los datos de Interior con los de otros ministerios.

Para hacer frente a un problema que algunos sectores consideran incluso de mayores dimensiones que el terrorismo pol¨ªtico hay numerosas propuestas, como reformas en el marco legal y si es preciso, seg¨²n algunos, el agravamiento de las penas, que actualmente van de multa a arresto de fin de semana en el caso de faltas (la mayor¨ªa de los casos) y c¨¢rcel cuando la agresi¨®n pasa a considerarse delito por el juez.

Para las asociaciones de mujeres, los jueces son muy benevolentes y condenan a los agresores "a penas r¨ªd¨ªculas", asegura Ana Mar¨ªa P¨¦rez del Campo, presidenta de la Asociaci¨®n de Mujeres Separadas, quien a?ade que "es m¨¢s barato pegar a una mujer que comprar una cajetilla de tabaco".

Junto a eso, aumentar el presupuesto para crear centros de atenci¨®n a las mujeres maltratadas con programas espec¨ªficos de violencia y rehabilitaci¨®n de los maltratadores, campa?as de concienciaci¨®n social y formaci¨®n de las fuerzas de seguridad para atender estos casos, adem¨¢s de protecci¨®n a las mujeres amenazadas.

P¨¦rez del Campo se queja de que hasta ahora lo ¨²nico que se hace es aconsejar a la mujer que denuncie, pero nadie le garantiza su seguridad. "Entre 1997-2000, el 98% de las v¨ªctimas han sido asesinadas despu¨¦s de denunciar", a?ade.

En cualquier caso, el problema es mucho m¨¢s profundo que el de reformar o promulgar nuevas leyes, porque se trata de un fen¨®meno de conducta social, y para las asociaciones de mujeres es vital que los malos tratos de puertas adentro de los hogares se dejen de considerar un asunto privado. La gente debe asumir que es un delito. "Hay quien se sabe que maltrata, pero el colectivo -los amigos, los compa?eros de trabajo, los vecinos- no se escandaliza", asegura Flores, quien a?ade que los malos tratos no se dan s¨®lo en los niveles socioecon¨®micos y culturales m¨¢s bajos, sino en todos los estamentos sociales, pero no se denuncian.

La pol¨¦mica sobre publicaci¨®n de listas de condenados es anecd¨®tica en comparaci¨®n con la gravedad del problema, pero plantea una inquietante pregunta. ?Servir¨ªa como disuasi¨®n o simplemente como escarnio y linchamiento de personas que ya han cumplido con la justicia? Una fuente jur¨ªdica consultada ha resumido que esto "parece muy terrible y peligroso".

Asociaciones de jueces y fiscales argumentan que las sentencias dictadas por los tribunales son p¨²blicas porque as¨ª lo dice la Constituci¨®n, y por eso son difundidas por los peri¨®dicos. Una cosa bien distinta es crear listados con los nombres de los condenados para publicar. Esto afecta a la Constituci¨®n, que establece que la principal funci¨®n de la pena es la educaci¨®n y la reinserci¨®n social de los condenados.

Pero ¨¦stos tienen otras garant¨ªas en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que ampara su intimidad. Adem¨¢s, est¨¢ la Ley de Protecci¨®n de Datos, que proh¨ªbe crear ficheros inform¨¢ticos para fines distintos de los establecidos por la ley.

El propio C¨®digo Penal contempla como derecho del condenado la cancelaci¨®n de antecedentes penales. ?C¨®mo compaginar ese derecho con que el nombre del condenado pueda ser utilizado en listas de ese tipo en cualquier momento?, se pregunta la juez Montserrat Comas, de Jueces para la Democracia, quien dice que crear un listado de condenados en un t¨®tum revol¨®tum, sin distinguir si lo han sido por delitos o faltas o si hay suspensi¨®n de condena, "es una barbaridad". Cada caso es distinto entre los condenados, y hay un dato significativo: el 78% de las condenas son por juicio de faltas y se resuelven con multa o arrestos de fin de semana. Lo que se consigue con propuestas como la de Bono es estigmatizar y crear un plus en la pena, el del escarnio social, lo que ser¨ªa tanto como volver al principio medieval de la retribuci¨®n de la pena. La persona afectada podr¨ªa denunciar su caso y los jueces tendr¨ªan que actuar.

Pero nada de esto consuela a las mujeres, que comparan esa situaci¨®n con la de los terroristas, que sin ser condenados sus nombres y fotos aparecen por todas partes. La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos estima ¨¦ticamente aceptable que se desenmascare a los maltratadores, y pone el caso Arni como ejemplo, en el que se airearon muchos nombres de personas que luego fueron absueltas. "Lo de respetar la intimidad est¨¢ bien si fuese algo generalizado, pero no lo es", dice su portavoz, Ana Mar¨ªa Flores.

Argumentos que han levantado tambi¨¦n una furibunda reacci¨®n en medios jur¨ªdicos, porque la finalidad del escarnio social nada tiene que ver con el objetivo de que la poblaci¨®n ayude a la polic¨ªa a encontrar a los terroristas para impedir que maten.