La espiral intervencionista

Desde la promulgaci¨®n de la Ley del Sector El¨¦ctrico (LSE), en noviembre de 1997, las normas han desaparecido y han sido sustituidas por la intervenci¨®n del Gobierno en los asuntos el¨¦ctricos... con el consentimiento de las empresas que, a trav¨¦s de esa intervenci¨®n, confiaban en su propia presencia en las decisiones. As¨ª naci¨® la legislaci¨®n vigente. Fue el desarrollo del Protocolo El¨¦ctrico, documento pactado entre el Gobierno y las empresas durante los ¨²ltimos meses y los primeros de 1996 y 1997.

Liberalizaci¨®n y regulaci¨®n no son conceptos contrarios. Son conceptos complementarios. Ambos se necesitan mutuamente. No puede haber liberalizaci¨®n sin regulaci¨®n porque la regulaci¨®n hace posible que los agentes econ¨®micos concurrentes (todos) puedan desenvolverse con libertad y certidumbre. La liberalizaci¨®n sin un adecuado marco regulatorio conduce al desarrollo de posiciones de dominio y de pr¨¢cticas colusivas que limitan la libertad de todos en beneficio de algunos. Quienes defienden la incompatibilidad entre liberalizaci¨®n y regulaci¨®n no son liberales, sino mercadistas. Son quienes creen en el mercado (y digo bien al decir que creen) como un fin y no como un medio para alcanzar el bienestar. El bienestar, que no es otra cosa, al fin y al cabo, que el equilibrio (en su m¨¢s amplia y com¨²n acepci¨®n econ¨®mica, jur¨ªdica, pol¨ªtica y social), en la asignaci¨®n eficiente de los recursos disponibles y generados.

Hay, sin embargo, un concepto que s¨ª es contrario al de liberalizaci¨®n y a su complementario, regulaci¨®n. Es el concepto de intervenci¨®n. La intervenci¨®n s¨®lo es aceptable bajo circunstancias extremas tasadas y ella misma debe estar regulada.

Proclamarse liberal, hoy, m¨¢s de un siglo despu¨¦s de que en este pa¨ªs se fundara la Instituci¨®n Libre de Ense?anza, y de los acontecimientos hist¨®ricos que han mediado, cuando ya el concepto de libertad est¨¢ incorporado a nuestra cultura como un valor moral es, cuando menos, sospechoso. Viene a ser como una apropiaci¨®n excluyente t¨ªpica del pensamiento ¨²nico. En general (a salvo no pocas excepciones) esas autoproclamas continuas y reiterativas de liberalismo, en estos asuntos de la econom¨ªa, las hacen los mercadistas, no los liberales, y las hacen para disminuir la presencia de lo p¨²blico y para aumentar la presencia de lo privado. Para sustituir la regulaci¨®n por la autorregulaci¨®n... que siempre es corporativa, aunque se escude en el inter¨¦s general y en el inter¨¦s de los consumidores.

?ste no es un Gobierno liberal y en su acci¨®n de gobierno no est¨¢ liberalizando. Lo que est¨¢ haciendo es disminuir la presencia de lo p¨²blico en su dimensi¨®n regulatoria (que es cosa muy diferente) para poder conducirse sin las ataduras de la norma, mediante la intervenci¨®n. Es un Gobierno que regula poco y que interviene mucho como los sastres que estereotipan la postura de sus clientes para que el traje les quede bien.

El establecimiento de los costes de transici¨®n a la competencia (CTC), sobre la base de c¨¢lculos desconocidos; la determinaci¨®n de la garant¨ªa de potencia, que es modificada no de manera discrecional sino arbitraria; la imposici¨®n, bajo supuestos inveros¨ªmiles, de un precio m¨¢ximo (6 pesetas por kilovatio por hora) a la energ¨ªa vendida en el mercado spot de la electricidad; el veto sin condiciones a la OPA de Uni¨®n Fenosa sobre Hidrocant¨¢brico y las limitaciones legales a las participaciones p¨²blicas en el sector energ¨¦tico (Ley 55/1999 de acompa?amiento a la Ley de Presupuestos de 2000) que proh¨ªbe la presencia de accionistas comunitarios con participaci¨®n p¨²blica en el accionariado de las empresas el¨¦ctricas espa?olas, son todos ellos ejemplos claros y determinantes de que la legislaci¨®n vigente en materia el¨¦ctrica es pura intervenci¨®n que esconde una regulaci¨®n mediocre y llena de carencias.

No todas, pero s¨ª algunas de las condiciones impuestas por el Gobierno a Iberdrola y Endesa introduc¨ªan elevados costes y dificultades a la fusi¨®n sin aportar ning¨²n beneficio relevante al sector, a la competencia, a los consumidores, al sistema... Eran, por tanto, (esas algunas) in¨²tiles y ociosas. Muchas de las razones dadas a este respecto por Endesa e Iberdrola en su comunicado de desistimiento no est¨¢n carentes de fundamento. Todo este asunto ha resultado ser la prolongaci¨®n de un exceso de intervencionismo en cuestiones de ¨¢mbito meramente empresarial que deja inc¨®lumes las perversiones regulatorias de una liberalizaci¨®n falsa. Al rev¨¦s de que como deber¨ªan haber sido hechas las cosas.

El Tribunal de Defensa de la Competencia, finalmente, ha venido a ser un mal consultor de sastres. ?l mismo ha reconocido que la regulaci¨®n no conduce a la competencia, pero no pod¨ªa, no quiso o no supo proponer cambios del 'patr¨®n' y acab¨® aconsejando forzar las posturas para que el traje le quedara bien al cliente. En esas posturas Iberdrola y Endesa se han encontrado inc¨®modas y han optado por prescindir de ese traje que, en este caso, no hab¨ªa sido hecho a su medida, sino a la medida de una regulaci¨®n mercadista e interventora. Sin duda, hemos asistido a la p¨¦rdida de una gran oportunidad que hubiera venido de la mano de una reestructuraci¨®n corporativa del sector el¨¦ctrico, con la incorporaci¨®n de m¨¢s de dos operadores al sistema (podr¨ªan haber llegado a ser cuatro o cinco), de cambiar el actual sistema regula-torio (insuficiente e inadecuado para la electricidad) y de disponer de una gran empresa, diversificada y multinacional, con sede en Espa?a.

Y ahora, este pa¨ªs se enfrenta a riesgos difusos, en este asunto nada despreciable de la industria el¨¦ctrica, que vendr¨¢n de la mano de las tomas de control por empresas transnacionales de importantes empresas espa?olas (Iberdrola y Uni¨®n Fenosa, adem¨¢s de Hidrocant¨¢brico, y de sus grupos industriales) que podr¨ªan aprovechar las oportunidades (aqu¨ª perdidas) con centros de decisi¨®n alejados y con una implantaci¨®n industrial nula siempre proclive a estrategias de deslocalizaci¨®n.

Las empresas el¨¦ctricas son empresas poderosas por su dimensi¨®n industrial, econ¨®mica y financiera, por su secular cultura monopolista y por prestar un ser-vicio esencial. Sus gestores han actuado en algunas ocasiones (aunque pueda no ser la fusi¨®n el caso) m¨¢s como poderosos hombres de negocios que como empresarios y su instinto de poder (de influencia) se ha sobrepuesto, con frecuencia, a sus intereses empresariales. De este modo se han mostrado partidarios de la liberalizaci¨®n sin ahondar demasiado en consideraciones sobre la inconveniencia que para la industria el¨¦ctrica podr¨ªa suponer dejarla abandonada a la suerte de un mercado en el que la presencia p¨²blica regulatoria ser¨ªa limitada e insuficiente, con el campo abierto, en consecuencia, a las incursiones intervencionistas del Gobierno o de otras entidades administrativas.

No cabe la menor duda de que en el fondo de esas posiciones exist¨ªa no tanta fe en el mercado como fe en s¨ª mismos, o lo que es lo mismo, un deseo de cambiar la regulaci¨®n por la autorregulaci¨®n confiando en una presencia oculta de las empresas tras la intervenci¨®n. Pero la intervenci¨®n parece haber adquirido vida propia.

Si as¨ª estuviera siendo, el instinto de poder de los gestores el¨¦ctricos habr¨ªa traicionado sus objetivos empresariales que parad¨®jica-mente se ver¨ªan en situaci¨®n de tener que ser recuperados por los reguladores, es decir, por los liberales, sea esto dicho en honor de un buen amigo m¨ªo economista que tambi¨¦n lucha por la recuperaci¨®n del lenguaje. Por la recuperaci¨®n del lenguaje, al menos, para no quedarnos mudos.

Jorge Fabra Utray es economista y ha sido presidente de Red El¨¦ctrica de Espa?a.