Un dictamen advierte que el reparto de esca?os en el Parlament es ilegal y puede llevarse al juez

Si las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas, previstas para 2003, se convocan siguiendo la misma f¨®rmula que Jordi Pujol ha utilizado desde 1980, cualquier partido o ciudadano tiene motivos suficientes para recurrir contra los comicios ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC). ?sta es la tajante conclusi¨®n de un dictamen elaborado a instancias de Pasqual Maragall, quien el pasado diciembre ya expres¨® sus dudas sobre el sistema empleado hasta ahora, que el informe considera ilegal. El texto concluye que Tarragona y Girona tienen derecho a ganar un diputado cada una de ellas.

Catalu?a es la ¨²nica comunidad aut¨®noma que no dispone de una ley electoral propia. Hasta ahora, todos los comicios se han convocado a partir de una disposici¨®n transitoria del Estatut pensada exclusivamente para las elecciones de 1980. En los ¨²ltimos comicios, celebrados en 1999, por primera vez la opci¨®n m¨¢s votada no alcanz¨® la presidencia de la Generalitat, lo que abri¨® la caja de los truenos sobre el sistema electoral.

El jefe de la oposici¨®n socialista en el Parlament, Pasqual Maragall, reclam¨® el pasado diciembre la apertura de un debate sobre la ley electoral y expres¨® sus dudas acerca de la legalidad del sistema utilizado hasta ahora a partir de un dictamen coordinado por el diputado de su grupo Josep Maria Vall¨¨s. Para aclararlas, el Grupo Parlamentario Socialista-Ciutadans pel Canvi pidi¨® un nuevo dictamen al catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona Manuel Gerpe, que ya ha sido entregado al grupo.

El texto, de 12 folios, admite que la disposici¨®n adicional del Estatut sigue siendo v¨¢lida -en contra de lo que sugiri¨® en su d¨ªa Maragall-, pero siempre y cuando se adapte a la realidad actual, muy distinta a la de 1980. Si esto no se hace, a?ade el dictamen, cualquier ciudadano o partido puede llevar a los tribunales la pr¨®xima convocatoria electoral.

La base de lo que Gerpe, uno de los m¨¢s prestigiosos constitucionalistas catalanes, considera una 'ilegalidad' es mantener el mismo reparto de esca?os por circunscripci¨®n que se decidi¨® hace 21 a?os: 85 para Barcelona, 18 para Tarragona, 17 por Girona y 15 por Lleida, lo que suma un total de 135.

Recurso

Desde 1980, la poblaci¨®n catalana ha aumentado, y si se aplicara el criterio establecido por la propia disposici¨®n transitoria del Estatut a las circunscripciones de Tarragona y Girona corresponder¨ªa un esca?o m¨¢s a cada una, lo que elevar¨ªa el n¨²mero total de esca?os a 137. Esta modificaci¨®n est¨¢ prevista en la Llei del Parlament, del President i del Consell Executiu, aprobada en 1982, que fija el n¨²mero total de diputados en una horquilla posible de 100 a 150.

En su petici¨®n formal, el Grupo Socialista pregunt¨® qui¨¦n podr¨ªa recurrir judicialmente contra el sistema de asignaci¨®n de esca?os utilizado hasta ahora, a lo que Gerpe responde con un amplio abanico de posibilidades: cualquier 'ciudadano elector' de las circunscripciones afectadas, as¨ª como cualquier partido pol¨ªtico que se considerara perjudicado por el decreto de convocatoria de las elecciones.

El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional sostiene que pueden esgrimirse al menos dos razones para presentar eventualmente un recurso: por una parte, la 'ilegalidad' de la asignaci¨®n de esca?os, 'que no respeta lo establecido en la disposici¨®n transitoria del Estatut'. Por otra, considera que el sistema es 'discriminatorio' porque 'establece una desigualdad no amparada por la ley y que afecta a la igualdad de voto y al derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos p¨²blicos representativos'.

A petici¨®n del PSC, el dictamen aborda tambi¨¦n las hipot¨¦ticas v¨ªas que podr¨ªan seguirse para transmitir una posible demanda. Manuel Gerpe considera que al tratarse de un derecho fundamental, el conflicto 'podr¨ªa canalizarse por el procedimiento para la protecci¨®n de derechos fundamentales de la persona' a trav¨¦s de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC). Adem¨¢s, el informe sugiere otra v¨ªa si el TSJC desestimara la demanda: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Maragall ha insinuado en varias ocasiones que est¨¢ dispuesto a utilizar la v¨ªa judicial si en esta legislatura no se aprueba una ley electoral propia o, como m¨ªnimo, se adapta la distribuci¨®n de esca?os por circunscripciones a la poblaci¨®n actual de Catalu?a. De momento, tanto Jordi Pujol como su conseller en cap, Artur Mas, han rechazado la necesidad de elaborar una ley electoral, aunque el l¨ªder de Uni¨®, Josep Antoni Duran, ha admitido que abrir este debate fue un compromiso electoral de CiU.