Urnas y obispos
Ni siquiera el se?alamiento del d¨ªa de las elecciones vascas anticipadas, fijadas por el lehendakari el pasado martes para el 13 de mayo (13-M), ha conseguido librarse de la tara de anormalidad que ha marcado a la legislatura auton¨®mica inaugurada en octubre de 1998. De respetar la l¨®gica parlamentaria y del calendario, Ibarretxe habr¨ªa tenido que aguardar al 20 de marzo para disolver la C¨¢mara y llamar a los ciudadanos a las urnas en el segundo domingo de mayo; la an¨®mala f¨®rmula de anunciar oficiosamente una convocatoria que no puede producir de inmediato efectos jur¨ªdicos vinculantes imita el malhadado precedente de las elecciones a plazo fijo establecido por Felipe Gonz¨¢lez en 1995 tras perder el apoyo de CiU y la votaci¨®n de los presupuestos.
La sugerencia del presidente del Parlamento vasco de hibernar los plenos de la C¨¢mara previos a la fecha de su disoluci¨®n oficial lleva a un peligroso terreno de inconstitucionalidad esa pretensi¨®n de subordinar los fueros del poder legislativo a los caprichos del poder Ejecutivo. La estramb¨®tica iniciativa de Juan Mar¨ªa Atutxa se propone conceder a la promesa hecha en una rueda de prensa por el presidente del Gobierno vasco, esto es, la intenci¨®n de ejercer dentro de un mes la facultad discrecional de adelantar los comicios, la capacidad jur¨ªdico-pol¨ªtica de suspender la actividad parlamentaria hasta esa fecha. La causa de esa absurda aspiraci¨®n es el ensue?o del lehendakari -todav¨ªa legalmente en ejercicio- de no volver a ser derrotado en la C¨¢mara, tal y como ha ocurrido ya nada menos que en 58 ocasiones a lo largo de la legislatura; tras resistirse como gato panza arriba a convocar elecciones anticipadas una vez puesto en minor¨ªa, Ibarretxe pretende ahora subordinar el calendario legislativo a sus intereses.
La pintoresca manera de anunciar de manera oficiosa la fecha de disoluci¨®n oficial del Parlamento vasco culmina una historia de desprop¨®sitos seriamente lesivos para los principios y los valores de la democracia representativa: si la ruptura de la tregua por ETA a finales de 1999 hizo ya insostenible en t¨¦rminos pol¨ªticos el mandato de Ibarretxe (que ni siquiera fue capaz de presentar los presupuestos para el a?o 2001), la retirada del Parlamento el pasado septiembre de los 14 diputados de EH que hab¨ªan votado su investidura como lehendakari le priv¨® de sus soportes aritm¨¦ticos. Desde hace muchos meses, el Ejecutivo vasco gobierna sin mayor¨ªa parlamentaria: los 27 diputados del PNV y de EA se enfrentan con los 32 esca?os de los partidos constitucionalistas (PP, PSOE y UA) y los 2 representantes de la err¨¢tica IU de Madrazo. En realidad, la legislatura vasca no quedar¨¢ voluntariamente acortada por las elecciones convocadas para el pr¨®ximo 13-M, sino que fue inconstitucionalmente alargada hace m¨¢s de un a?o por la estrategia partidista del PNV.
El imprevisto anuncio de Ibarretxe se ha solapado esta semana con la resaca de otro acontecimiento igualmente sorprendente que puede tener repercusiones sobre la campa?a electoral vasca: la estrepitosa colisi¨®n entre el Gobierno de Aznar y la Conferencia Episcopal a causa de la resistencia de los obispos a adherirse al Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito el pasado 8 de diciembre por PP y PSOE. El incidente es bastante confuso: la jerarqu¨ªa no pudo rechazar una propuesta que nunca le fue formalmente presentada. En cualquier caso, los virulentos reproches lanzados contra la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica por los portavoces oficiales y medi¨¢ticos del Gobierno (incluida la consigna de boicotear los ingresos de la Iglesia en la declaraci¨®n sobre la renta), lejos de hacer mella en la resistencia de los obispos, suscit¨® el pasado martes una amenazante respuesta de la Conferencia Episcopal ('el esc¨¢ndalo injustificado tiene su precio') a las 'injustas y desproporcionadas' cr¨ªticas recibidas.
La impaciencia casi hist¨¦rica del Gobierno de Aznar con las instituciones poco d¨®ciles a sus deseos, sean los jueces, los medios de comunicaci¨®n o la Conferencia Episcopal, explica parcialmente su desmesurada reacci¨®n ante la tibieza de los obispos para respaldar el Acuerdo y sus pronunciamientos en contra de la Ley de Extranjer¨ªa. Los espor¨¢dicos arrebatos anticlericales de la derecha ultracat¨®lica espa?ola tambi¨¦n pueden aclarar algunos aspectos de este bronco incidente. Sin embargo, el tel¨®n de fondo del conflicto son las connivencias de un amplio sector del clero vasco con el nacionalismo (tanto moderado como radical) y la escasa disposici¨®n de ¨¢nimo mostrada por la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica espa?ola para enfrentarse con sus hermanos de fe y reclamarles una posici¨®n abiertamente militante en favor de los derechos humanos y contra ETA.
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