La Fiscal¨ªa del Supremo apoya todas las condenas por las 'escuchas del Cesid'

El cambio de actitud de la Fiscal¨ªa es la principal novedad de la vista de los recursos contra la sentencia del caso de las escuchas del Cesid, la interceptaci¨®n de tel¨¦fonos m¨®viles realizada entre 1984 y 1991 por el servicio secreto, que hoy se celebra ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La Secci¨®n 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia de la que fue ponente el actual magistrado del Supremo Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, conden¨® el 26 de mayo de 1999 a seis meses de arresto y a ocho a?os de inhabilitaci¨®n absoluta al teniente general Emilio Alonso Manglano y al ex coronel Juan Alberto Perote. Tambi¨¦n impuso cuatro meses de arresto y seis a?os de inhabilitaci¨®n absoluta a cinco agentes del centro: el teniente coronel Julio L¨®pez Borrero, los suboficiales Juan Miguel Nieto Rodr¨ªguez, Francisco Vallejo Le¨®n y Jos¨¦ Mar¨ªa Vida Molina y la funcionaria Visitaci¨®n Pati?o. La condena de estos ¨²ltimos, si la ratifica el Supremo, supone la p¨¦rdida de su carrera y la expulsi¨®n del servicio secreto.

La Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid defendi¨® al absoluci¨®n de todos los procesados, salvo de Perote, por considerar que el ¨²nico delito cometido, la conservaci¨®n y difusi¨®n de las cintas con las conversaciones telef¨®nicas, era imputable en exclusiva al ex coronel.

En coherencia con esta posici¨®n, anunci¨® la presentaci¨®n de un recurso de casaci¨®n contra la sentencia de la Audiencia de Madrid. Sin embargo -aunque el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, se entrevist¨® con el fiscal general del Estado Jes¨²s Cardenal-, dicho recurso nunca se formaliz¨®. Al contrario, la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo se ha alineado con las acusaciones y ha pedido que se desestimen los recursos de los condenados y se ratifique la condena impuesta por la Audiencia madrile?a.

La mayor contradicci¨®n se da en la decisi¨®n del fiscal del Supremo de rechazar la impugnaci¨®n del Tribunal sentenciador por falta de imparcialidad objetiva. Esta impugnaci¨®n fue defendida durante la vista oral por la Fiscal¨ªa de Madrid, que argument¨® que dicho Tribunal se hab¨ªa contaminado al revocar el auto de archivo dictado inicialmente por el juez de instrucci¨®n y no era competente para resolver el incidente de recusaci¨®n que se present¨®.

Los tres magistrados del Supremo encargados de examinar los recursos son Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, Joaqu¨ªn Gim¨¦nez y Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar, despu¨¦s de que el tambi¨¦n magistrado Gregorio Garc¨ªa Ancos se abstuviera por haber ocupado en 1983 el cargo de secretario general t¨¦cnico del Ministerio de Defensa, del que depende el Cesid.

Adem¨¢s de los defensores, ha presentado recurso el abogado del Estado, quien se opone a la declaraci¨®n del Estado como responsable civil subsidiario para el pago de las costas del juicio y de una indemnizaci¨®n solidaria de un mill¨®n de pesetas en cada caso para Pablo Castellano, la Asociaci¨®n Civil de Dian¨¦tica y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos. Se trata de los ¨²nicos que reclamaron, pues la lista de escuchados es mucho m¨¢s amplia e incluye tambi¨¦n al Rey. Manglano adujo en este caso que le avis¨® de inmediato de la vulnerabilidad de sus conversaciones telef¨®nicas para que tomase medidas de precauci¨®n.

La sentencia de la Audiencia rechazaba que los mandos del Cesid pudieran ignorar la ilegalidad de su conducta, pues 'escuchar conversaciones telef¨®nicas es constitucional y jur¨ªdicamente intolerable, salvo que medie autorizaci¨®n judicial', y, por la misma raz¨®n, se negaba a aplicar la obediencia debida a los subordinados.