El Tribunal de Cuentas canario ve indicios de delito en la gesti¨®n de los fondos de formaci¨®n

El Tribunal de Cuentas de Canarias considera que en la concesi¨®n de fondos para formaci¨®n y empleo por parte del Gobierno aut¨®nomo entre 1994 y 1997 existen claros indicios de 'responsabilidad penal, contable y administrativa' por parte de los responsables de la Consejer¨ªa de Empleo que tramitaron y concedieron las subvenciones, y tambi¨¦n por parte de los perceptores, al haber vulnerado 'la legalidad vigente'. As¨ª lo expuso el jueves en el Parlamento canario el presidente del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Aut¨®noma, Marcelino Rodr¨ªguez, quien resalt¨® el hecho de que la gesti¨®n de las ayudas que entrega el Instituto Canario de Formaci¨®n y Empleo (ICFEM) 'ha dejado mucho que desear'.

Durante el periodo fiscalizado, el ICFEM concedi¨® subvenciones por valor de 26.612 millones de pesetas para formaci¨®n, fomento del empleo y econom¨ªa social, cantidad que alcanza los 33.617 millones si se suman las concedidas en 1998.

A finales del a?o 1999, la Consejer¨ªa de Empleo reconoc¨ªa la existencia de 5.806 expedientes del ICFEM que segu¨ªan pendientes de justificaci¨®n por parte de los perceptores, que no hab¨ªan demostrado a¨²n en qu¨¦ hab¨ªan gastado un total de 15.564 millones de pesetas. Tras abrir una investigaci¨®n sobre estos expedientes, en enero de este a?o se apuntaba que del dinero sometido a revisi¨®n, los beneficiarios de las ayudas ya hab¨ªan devuelto 1.407 millones, cuyo correcto uso no pudieron justificar, y est¨¢n en proceso de reintegro 2.832 millones m¨¢s. Los principales problemas detectados por el Tribunal de Cuentas canario hacen referencia a las subvenciones del programa de formaci¨®n profesional ocupacional, en el que se incluye el Plan Nacional de Inserci¨®n y Formaci¨®n Profesional.

Comienzo de los cursos

En el informe se se?ala que en el 61,3% de los expedientes de formaci¨®n analizados se ha detectado que la resoluci¨®n de la concesi¨®n de las ayudas es posterior al comienzo de los cursos, posibilidad que se acent¨²a desde 1997, cuando el pleno del Consejo de Administraci¨®n del ICFEM aprob¨® un acuerdo haciendo oficial esta pr¨¢ctica, algo que para el Tribunal de Cuentas 'pone de manifiesto una actuaci¨®n ilegal'. Tambi¨¦n se detect¨® durante la investigaci¨®n que en la mayor¨ªa de los casos se pagaron de forma anticipada las subvenciones sin pedir, adem¨¢s, las garant¨ªas necesarias a los perceptores. En el 22% de los casos se estim¨® que los gastos materiales justificados por las entidades beneficiarias resultaron excesivos en relaci¨®n con la programaci¨®n de los cursos.

Para el PSOE, el informe del Tribunal de Cuentas prueba que existe 'responsabilidad pol¨ªtica' por parte de los responsables de Empleo de la Comunidad Aut¨®noma durante la pasada d¨¦cada. Las acusaciones socialistas se refieren a dos ex consejeros, Francisco Batllori, actual viceconsejero de Justicia, y V¨ªctor D¨ªaz, que hasta junio era portavoz del actual Ejecutivo.