Readmitido en la polic¨ªa local de San Sebasti¨¢n un colaborador de ETA

El PP no est¨¢ dispuesto a conformarse con la reincorporaci¨®n de A?orga el pr¨®ximo lunes a la Unidad de Regulaci¨®n de Tr¨¢fico y Estacionamiento (URTE) del citado cuerpo, una vez que ha cumplido seis a?os de prisi¨®n por facilitar informaci¨®n a ETA para cometer al menos dos atentados en 1989 en Lasarte y en San Sebasti¨¢n.

Primero la teniente de alcalde, Mar¨ªa San Gil, y m¨¢s tarde el secretario general de este partido, Javier Arenas, anunciaron que su formaci¨®n ha encargado un estudio jur¨ªdico para comprobar si existe alguna posibilidad de revocar la decisi¨®n o de presentar un recurso judicial contra ella. De no conseguirse, y como 'la ley hay que cumplirla', dijo San Gil, se tratar¨¢ al menos de que el ex colaborador de ETA ocupe 'un puesto donde no disponga de una informaci¨®n delicada y sensible' sobre los 'domicilios de personas amenazadas, sus veh¨ªculos e itinerarios'. Ella misma conoci¨® ayer que la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional pedir¨¢ dos a?os y diez meses de prisi¨®n para dos de los cuatro j¨®venes que la amenazaron el pasado 3 de agosto.

Jaime Mayor, candidato a lehendakari por el PP, anunci¨® incluso que 'lo primero' que har¨¢ si consigue ganar la presidencia del Gobierno vasco ser¨¢ modificar la Ley de la Funci¨®n P¨²blica vasca en la que basa su decisi¨®n el Ayuntamiento donostiarra.

Se esperaba la comparecencia del socialista Od¨®n Elorza para dar explicaciones, pero el alcalde socialista deleg¨® esa responsabilidad en la concejal de R¨¦gimen Interior, Susana Corcuera. La edil ley¨® un comunicado en el que el ayuntamiento reconoc¨ªa que 'se ha visto obligado' a resolver positivamente la reincorporaci¨®n de A?orga en cumplimiento de la Ley de la Funci¨®n P¨²blica vasca, que establece que 'la suspensi¨®n firme como consecuencia de sentencia' se impone en los mismos t¨¦rminos que la resoluci¨®n judicial y que, una vez cumplida, el funcionario 'deber¨¢ solicitar el reingreso activo en el plazo de treinta d¨ªas'.

A?orga lo hizo y el consistorio adopt¨® el lunes la resoluci¨®n por la que se acuerda la adscripci¨®n provisional del ex colaborador de ETA a un puesto vacante de la URTE. No llevar¨¢ pistola. 'El respeto al Estado de Derecho', dijo Corcuera, 'nos ha llevado a esta situaci¨®n que, desde el punto de vista moral, puede resultar parad¨®jica y llamativa para la opini¨®n p¨²blica'.

Pero algunos expertos se?alan la posibilidad de encontrar resquicios legales. Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco confirm¨® ayer a Vasco Press que la Ley de la Polic¨ªa Vasca contempla la expulsi¨®n del cuerpo por la comisi¨®n de un delito que conlleve penas de c¨¢rcel. 'A no ser', se?al¨® el magistrado, 'que el Ayuntamiento donostiarra haya dejado pasar el plazo para la apertura del expediente sancionador de expulsi¨®n y haya prescrito esa posibilidad'. El consistorio -que ampara su decisi¨®n en la Ley de la Funci¨®n P¨²blica vasca- dispon¨ªa de un plazo de seis a?os para la apertura de dicho expediente de expulsi¨®n del cuerpo, desde que la sentencia fue firme el 11 de octubre de 1994.

Nadie en el ayuntamiento quiso revelar ayer si se realiz¨® o no este tr¨¢mite, pese al estupor y malestar que caus¨® en partidos, instituciones y opini¨®n p¨²blica, la noticia.

Y sobre todo en las familias de sus v¨ªctimas. La hermana de Gregorio Ord¨®?ez, concejal del PP en San Sebasti¨¢n asesinado en 1995, lo sinti¨® como una humillaci¨®n. 'Estoy convencida de que la orden de asesinar a mi hermano sali¨® de estas personas de la Guardia Municipal porque ¨¦l estorbaba mucho e iba a por ellos porque sospechaba lo que despu¨¦s se ha demostrado', dijo. Ord¨®?ez expres¨® en su d¨ªa sus sospechas de que polic¨ªas locales colaboraban con ETA.