Para ese viaje de la FP no hac¨ªan falta estas alforjas

Cuando fue nombrada ministra de Educaci¨®n alguien directamente concernido por el sistema educativo (con Pilar del Castillo compart¨ª anta?o inquietudes, ilusiones e intereses pol¨ªticos) abrigu¨¦ la remota esperanza de que la FP recibir¨ªa el tratamiento que merece. Sin embargo, el proyecto de ley sobre la FP que, al parecer, el Gobierno pretende aprobar ha dado al traste con esta esperanza.

Lo que m¨¢s llama la atenci¨®n del proyecto de ley es su ausencia de decisiones y de propuestas novedosas y, como consecuencia de ello, su car¨¢cter innecesario. En efecto, cualquier proyecto de ley suele incorporar en su articulado medidas y/o compromisos inexistentes hasta ese momento y que requieren ser aprobados a trav¨¦s de una norma de este rango. Pues bien, ninguna de las cuestiones que se proponen en el proyecto de ley sobre la FP es nueva. Todas y cada una de ellas han sido ya planteadas, definidas y propuestas (en algunos casos, con un nivel de desarrollo y concreci¨®n muy superior), ya sea en alguno de los dos programas nacionales de FP, cuando no en los dos, ya sea en normas vigentes en la actualidad.

Por citarlas r¨¢pidamente, el establecimiento de un cat¨¢logo de cualificaciones profesionales, la elaboraci¨®n de un cat¨¢logo de ofertas formativas modulares asociadas a las cualificaciones profesionales, la necesidad de determinar un procedimiento de acreditaci¨®n y un registro de las cualificaciones profesionales, el desarrollo de un sistema de informaci¨®n y orientaci¨®n profesional, la mejora de la calidad del sistema mediante evaluaciones del mismo, el papel t¨¦cnico que corresponde al Instituto Nacional de las Cualificaciones en el desarrollo del sistema, el valor de los t¨ªtulos de FP y de los certificados de profesionalidad, la oferta formativa adaptada a grupos con necesidades especiales..., son todas ellas cuestiones ya planteadas, definidas e identificadas, algunas de ellas desde hace ya bastantes a?os. Lo que hace falta es desarrollarlas, no volverlas a enunciar como hace este proyecto de ley (que no ofrece indicaci¨®n alguna sobre c¨®mo piensa desarrollarlas). Lo ¨²nico que parece ser ¨²til (aunque tampoco es una novedad, ya que, por ejemplo, en el Pa¨ªs Vasco se viene llevando a cabo desde hace tiempo) es la autorizaci¨®n prevista a profesores y centros de FP reglada para impartir cualquier modalidad de FP.

Por lo dem¨¢s, debe se?alarse que la idea de los 'centros integrados de FP' tampoco es novedosa: el Plan Vasco de FP y, m¨¢s recientemente, el Plan Galego de FP la incluyen expresamente en sus textos. Y ni siquiera la idea de los 'Centros Nacionales de FP' puede considerarse realmente nueva, ya que un proyecto pr¨¢cticamente id¨¦ntico (centros de referencia especializados por sectores productivos e implantados en las diversas CC AA) se materializ¨® a comienzos de los noventa a trav¨¦s de los llamados 'Centros de Formaci¨®n, Innovaci¨®n y Desarrollo de la FP' (regulados por orden ministerial).

En definitiva, el que se supone que va a ser uno de los tres grandes pilares de las reformas educativas comprometidas por el PP no es sino un conjunto de enunciados enf¨¢ticos y ret¨®ricos, vac¨ªos de contenido, que no hacen sino reproducir 'm¨¢s de lo mismo', esto es, reiterar lo que se viene enunciando e identificando desde hace tiempo, pero nunca se acaba de desarrollar y/o aplicar.

Como contrapartida a la ausencia de contenidos novedosos que impulsen un aut¨¦ntico desarrollo de la FP, se aprecia en el proyecto de ley un tufillo centralista y antiautonomista. En efecto, mientras que el propio sistema educativo ha obviado en la regulaci¨®n de las ense?anzas generales cualquier referencia al car¨¢cter 'nacional' de las mismas, en la regulaci¨®n de la FP (que, por definici¨®n, debe ser mucho m¨¢s descentralizada) se pretende recuperar terminol¨®gicamente el car¨¢cter 'nacional' del Sistema de Formaci¨®n Profesional. Asimismo, resultan chocantes las reiteradas referencias en el texto a las competencias de la Administraci¨®n General del Estado. Hubiera resultado m¨¢s operativo que, en lugar de volver a enunciar esas competencias (que nadie pone en cuesti¨®n), el texto hubiera expresado medidas e iniciativas que articularan su aplicaci¨®n y desarrollo. En fin, siendo la creaci¨®n de centros integrados de FP una cuesti¨®n de inter¨¦s y de oportunidad sobre la que corresponde decidir a cada comunidad aut¨®noma, ?qu¨¦ raz¨®n existe para que el Gobierno regule sus requisitos de organizaci¨®n y direcci¨®n?

Por otra parte, produce un cierto sarcasmo el tratamiento que reciben los agentes sociales en el proyecto de ley. En primer lugar, se citan s¨®lo las empresas (esto es, los empresarios), ignorando a los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Y, al abordar la deseable vinculaci¨®n de las empresas a la FP, se alude a cuestiones (la formaci¨®n de alumnos en centros de trabajo, la formaci¨®n docente, la orientaci¨®n profesional y la identificaci¨®n de necesidades de cualificaci¨®n) que ya han sido definidas e identificadas (y, en este caso, aplicadas) hace mucho tiempo sin plantear ninguna cuesti¨®n novedosa. En otras palabras, no se alude a la inversi¨®n en formaci¨®n, a las desgravaciones fiscales, al derecho de los trabajadores a la formaci¨®n, al permiso de formaci¨®n...,, cuestiones que s¨ª pueden estimular la vinculaci¨®n de los agentes sociales al sistema de FP.

En fin, por no haber, en el proyecto de ley no hay ni siquiera un posicionamiento ideol¨®gico alternativo, un modelo de FP alternativo que eventualmente pudiera ser objeto de discusi¨®n y de debate. El esperado proyecto de ley sobre la FP no es m¨¢s que humo. Su eventual aprobaci¨®n supondr¨¢ -para quienes creemos que la FP precisa todav¨ªa de un importante impulso institucional- una peque?a tomadura de pelo.

Francisco de As¨ªs Blas Aritio es profesor de la Universidad Complutense y ex director general de FP.