El Senado de M¨¦xico aprueba la ley que reconoce los derechos de 10 millones de ind¨ªgenas

El Senado mexicano aprob¨® por unanimidad un proyecto de ley, de car¨¢cter hist¨®rico, que proh¨ªbe la discriminaci¨®n de los diez millones de ind¨ªgenas mexicanos, m¨ªseros entre los 40 millones de compatriotas pobres; reconoce constitucionalmente sus derechos y culturas, y obliga al Gobierno a otorgarles recursos y promover pol¨ªticas de desarrollo. El texto, no obstante, se prestar¨¢ a dobles interpretaciones y acota el alcance de la autonom¨ªa establecida en el proyecto redactado en 1996 por la comisi¨®n parlamentaria, que resumi¨® los acuerdos de San Andr¨¦s Larrainzar.

La reforma aprobada por el Senado en la noche del mi¨¦rcoles modifica cinco art¨ªculos constitucionales, agrega cuatro disposiciones transitorias sobre la representaci¨®n pol¨ªtica de los ind¨ªgenas y otras cuestiones y deber¨¢ ser refrendada por la C¨¢mara de Diputados, y despu¨¦s, reglamentada por los Congresos de los 31 Estados de M¨¦xico, y su Distrito Federal, sede de la alcald¨ªa de Ciudad de M¨¦xico. Queda por ver si el Ej¨¦rcito Zapatista de Liberaci¨®n Nacional (EZLN) acepta, para reanudar las conversaciones de paz en Chiapas, suspendidas hace cinco a?os, las correcciones incorporadas al proyecto de ley de 1996 por el gubernamental Partido de Acci¨®n Nacional (PAN), conservador, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido Revolucionario Democr¨¢tico (PRI), izquierda, que vot¨® a favor con reservas al considerarla incompleta.

El proyecto de ley concede una ampl¨ªa autonom¨ªa a las 57 etnias mexicanas, que podr¨¢n establecer sus formas de organizaci¨®n social, pol¨ªtica, econ¨®mica y cultural, aplicar justicia de acuerdo a sus usos y costumbres y disfrutar de sus recursos naturales. Esa libre determinaci¨®n y disfrute no podr¨¢, sin embargo, trascender los l¨ªmites impuestos por la Carta Magna.

Una de las enmiendas que conducir¨¢ a la pol¨¦mica es aquella que cambia el reconocimiento de las comunidades ind¨ªgenas como entidades de 'derecho p¨²blico' por el de comunidades de 'inter¨¦s p¨²blico'. Los 109 senadores asistentes aprobaron cautelas para evitar que la ley abra el paso a reclamaciones independentistas, a problemas de jurisdicci¨®n entre las autoridades federales e ind¨ªgenas, o a choques por la propiedad de tierras.

La reacci¨®n del dirigente indigenista Luis Hern¨¢ndez permite, sin embargo, anticipar objeciones a una resoluci¨®n que, pese a sus imperfecciones, representa un avance sustancial respecto a la marginaci¨®n del mundo ind¨ªgena. Si bien la reforma le otorga derecho, tambi¨¦n 'los recorta, lo que impide que se lleve a la pr¨¢ctica', manifest¨® Hern¨¢ndez. Tremendamente complejo el problema ind¨ªgena, los diferentes Estados mexicanos deber¨¢n adecuar sus legislaciones al contenido de la ley en ciernes.

Condiciones zapatistas

Su aprobaci¨®n en los t¨¦rminos redactados hace cinco a?os, salvo correcciones t¨¦cnico-jur¨ªdicas que no le desvirt¨²en, fue una de las tres condiciones del EZLN para volver a la mesa de negociaciones, que abandon¨® denunciando el incumplimiento de los acuerdos de San Andr¨¦s

Todav¨ªa pronto para hablar de la trascendencia de los cambios aprobados por el Senado, pues algunas interrogantes permanecen sin respuesta. La Constituci¨®n y la integridad territorial, y las garant¨ªas individuales, sobre todo las de las mujeres, se perfilaron en el hemiciclo como diques al derecho consuetudinario reclamado por el indigenismo. Las reformas redactadas en 1996, coment¨® d¨ªas antes a este peri¨®dico C¨¦sar Augusto Santiago, diputado del opositor PRI, 'establecer¨ªan de derecho dos clases de ciudadanos: los ciudadanos mexicanos y los ciudadanos mexicanos ind¨ªgenas. ?Es pertinente esa distinci¨®n en la ley suprema de la naci¨®n?'.

El legislador no descartaba que un grupo de ciudadanos se definiera como ind¨ªgena sujeto de derecho colectivo y, 'en consecuencia, autoproclame su autonom¨ªa en las tierras y el territorio que deseen'. 'Con esto basta para que ese autoproclamado pueblo ind¨ªgena aut¨®nomo tenga su propio sistema de gobierno, su sistema judicial, su modelo educativo, su sistema electoral y sus medios de comunicaci¨®n'. Impedir ese tipo de conflictos ha sido el norte seguido por los diputados del PAN y del PRI, y tambi¨¦n del PRD, m¨¢s audaces en el dise?o de la libre determinaci¨®n del 10% de la poblaci¨®n.

El reconocimiento constitucional de los usos y costumbres tal como aparec¨ªa en el proyecto de ley enviado al Congreso implicaba, seg¨²n sus cr¨ªticos, el reconocimiento de derechos originarios, pero tambi¨¦n la perpetuaci¨®n de abusos o aberraciones cometidos 'de buena fe'. Todos coinciden en la necesidad de respetar la tradici¨®n cuando no vulnere los derechos universales.

Nadie rechaza en M¨¦xico hacer justicia con los ind¨ªgenas, despojados, humillados y tratados como animales durante siglos, v¨ªctimas de la ausencia de pol¨ªticas integradoras y de un racismo todav¨ªa vigente. Las divergencias sobre el alcance de la autonom¨ªa son manifiestas, y los defensores del proyecto de ley original argumentaron que, en su conjunto, vindicaba y abona las cuantiosas deudas pendientes. Sus adversarios, acusan, esconden una animadversi¨®n hacia el ind¨ªgena detr¨¢s de los reproches legales.