Los zapatistas no reanudar¨¢n el proceso de paz para Chiapas

El Ej¨¦rcito Zapatista de Liberaci¨®n Nacional (EZLN) anunci¨® ayer que no reanudar¨¢ el proceso de paz en Chiapas, suspendido en 1996, porque la ley sobre derechos y culturas ind¨ªgenas aprobada por el Congreso de M¨¦xico 'traiciona' el proyecto de ley redactado por la comisi¨®n parlamentaria que resumi¨® hace cinco a?os los Acuerdos de San Andr¨¦s, suscritos entre el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) y la guerrilla. Un comunicado firmado por el subcomandante Marcos dice que el EZLN seguir¨¢ en 'resistencia y rebeld¨ªa'

Marcos explic¨® que la ley aprobada no hace sino impedir el ejercicio de los derechos de los ind¨ªgenas. El Gobierno, sin mayores precisiones, reaccion¨® diciendo que 'respeta' la decisi¨®n del grupo insurgente.

'En el Congreso deciden los senadores y diputados, no Marcos', declar¨® Diego Fernando de Cevallo, jefe de los senadores del oficialista Partido de Acci¨®n Nacional (PAN), conservador. El rechazo de los zapatistas a la ley aprobada por el Senado, el mi¨¦rcoles, y por la C¨¢mara de Diputados, la noche del s¨¢bado, era previsible pues todas las fuerzas que apoyan a los rebeldes hab¨ªan denunciado que el documento que eleva a rango constitucional los derechos de los diez millones de ind¨ªgenas, el 10% de la poblaci¨®n mexicana, no establece los mecanismos para ejercerlos, y acota sustancialmente el proyecto de ley redactado en 1996 por la Comisi¨®n de Concordia y Pacificaci¨®n (Cocopa).

El Gobierno de Zedillo introdujo en 1996 varias enmiendas al resumen de los acuerdos de San Andr¨¦s efectuada por esa comisi¨®n, y el EZLN abandon¨® la mesa de negociaciones denunciando incumplimientos. El proyecto de ley fue enviado de nuevo al Congreso por el presidente, Vicente Fox, pocos d¨ªas despu¨¦s de su investidura en diciembre del pasado a?o, y aprobado finalmente por las dos C¨¢maras aunque con cambios que ha rechazado el EZLN. Los dos partidos mayoritarios de M¨¦xico, el PAN, conservador, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sacaron adelante la ley, y justificaron los cambios subrayando que se trata de evitar agravios comparativos, problemas de jurisdicci¨®n y que los 32 Congresos de los 32 Estados de M¨¦xico, incluido el Distrito Federal, ser¨¢n las instancias encargadas de desarrollar la ley de acuerdo con sus propias necesidades. La ley, seg¨²n denuncia el EZLN, constituye una 'grave ofensa' a los pueblos indios, y no es 'ni lejanamente' parecida a la ley Cocopa. El Gobierno 's¨®lo simul¨®' hacer suya esa ley, a?ade la guerrilla.

Desde el propio Ejecutivo han surgido opiniones contrarias a los t¨¦rminos en que fue aprobada la ley. Xochitl G¨¢lvez, responsable de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Ind¨ªgenas de la Presidencia de la Rep¨²blica, admiti¨® que 'hay un enorme desencanto. Fueron muchos a?os trabajando y muchas las expectativas en torno a la ley ind¨ªgena'. Una de las deficiencias del documento, seg¨²n su criterio, es la territorial, aspecto no determinado claramente en la ley, y la calificaci¨®n de las comunidades ind¨ªgenas como 'entidades de inter¨¦s p¨²blico', no de 'derecho p¨²blico'. Esa calificaci¨®n, agreg¨®, debe corresponder al poder federal, no a los diferentes Estados.