Un expediente que resume casi diez a?os de conflicto

El conflicto entre los propietarios de la sala Caracol y la Junta Municipal de Arganzuela, distrito al que pertenece la calle donde se ubica la sala, data del verano de 1994, aunque se retrotrae a dos a?os antes, y ocupa, a estas alturas, tres voluminosos tomos. En julio de ese a?o llegaron a la junta de distrito las primeras denuncias de la comunidad de vecinos del n¨²mero 9 de la calle de Sebasti¨¢n Herrera. La junta concedi¨® en abril de 1994 la licencia de actividad de la sala como 'taller de ense?anza y desarrollo de actividades relacionadas con la m¨²sica popular'. Los propietarios presentaron la primera solicitud de licencia el 3 de junio de 1992 para instalar en el local un plat¨® cinematogr¨¢fico, pero posteriormente, el 8 de octubre de ese mismo a?o, Piedad Aguirre Gil de Biedma, hermana de Esperanza Aguire, concejal del PP en aquel momento, pidi¨® un cambio en la actividad del centro solicitando licencia para 'formaci¨®n y desarrollo de actividades culturales'.

Un tipo de actividad que se ajustaba a la clasificaci¨®n del local en el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de 1985, en vigor en aquel momento. 'Era un local de uso dotacional y no pod¨ªan autorizarse en el mismo otro tipo de actividades', seg¨²n explicaron ayer fuentes municipales. Tanto los t¨¦cnicos del departamento de Contaminaci¨®n Atmosf¨¦rica, que evaluaron el nivel de ruidos dentro y fuera del local, como la Polic¨ªa Municipal realizaron varias inspecciones en la sala Caracol.

Los informes que dictaron los distintos servicios municipales concluyeron en julio de 1995 con un decreto que ordenaba el cierre de la sala. Seis meses antes, en enero de ese a?o y ya con la actuaci¨®n de la junta de distrito en marcha, las hermanas de Esperanza Aguirre se desvincularon de la empresa que gestionaba la sala, vendiendo su participaci¨®n. Los nuevos propietarios realizaron obras de insonorizaci¨®n en la sala y recurrieron el decreto de precinto en la v¨ªa contencioso administrativa.

Desde entonces, los vecinos han puesto nuevas denuncias argumentando que el nivel de ruidos supera los niveles que marca la normativa (45 decibelios en la calle y 30 en el inetrior de las viviendas), lo que no se ha confirmado en varias inspecciones t¨¦cnicas realizadas y, sobre todo, que la licencia de actividad no se adapta a los conciertos que se realizan en la sala Caracol. Pero el Plan General aprobado en 1997 s¨ª permite que el local se destine a sala de espect¨¢culos. Por ello, fuentes municipales se cuestionaban ayer tanto la actuaci¨®n de la junta como la de los actuales propietarios.

'Desde la Corporaci¨®n se les tendr¨ªa que haber urgido a que adecuaran su situaci¨®n a la legalidad actual, solicitando un cambio de licencia.Los propios due?os tambi¨¦n podr¨ªan haber tomado la iniciativa y pedir esa nueva licencia, pero para ello tendr¨ªan que adaptarse a la normativa espec¨ªfica de espect¨¢culos, que es muy dura. Lo cierto es que hay una v¨ªa para resolver el conflicto y no se ha utilizado', concluyen en la junta de distrito.