CiU pide expulsar al inmigrante que practique la ablaci¨®n genital

CiU analiza una propuesta, ahora en estudio en Alemania, por la que los inmigrantes deben firmar una declaraci¨®n en que se comprometen a cumplir las normas de respeto a los derechos humanos vigentes en el pa¨ªs de acogida. No cumplir esas normas, aunque sea en un viaje al pa¨ªs de origen, ser¨ªa motivo de expulsi¨®n.

La ablaci¨®n es en Espa?a delito, por ser una mutilaci¨®n que el art¨ªculo 149 del C¨®digo Penal dice debe ser castigada con penas de seis a 12 a?os. Es, por tanto, motivo casi autom¨¢tico de expulsi¨®n de inmigrantes ilegales, pues el C¨®digo Penal, en su art¨ªculo 89, afirma que 'las penas privativas de libertad inferiores a seis a?os impuestas a un extranjero no residente legalmente en Espa?a podr¨¢n ser sustituidas por su expulsi¨®n del territorio nacional'. PSOE y CiU consideran que la calificaci¨®n como delito perseguible de oficio, cuando se realiza en Espa?a, est¨¢ meridianamente clara. Pero, por si alg¨²n fiscal tuviera dudas, CiU defiende que el Gobierno invite al Fiscal General del Estado a enviar una comunicaci¨®n a los fiscales que les aclare ese extremo, y el PSOE estudia promover una iniciativa para debatir si hay que hacer un a?adido al T¨ªtulo III del C¨®digo Penal, que trata de las lesiones, y explicitar m¨¢s el delito.

CiU destaca la conveniencia de esa comunicaci¨®n del Fiscal del Estado para evitar el 'sinsentido' de que un juez absuelva el delito por motivos culturales o religiosos, mientras otro imponga al padre de la ni?a los 12 a?os de pena m¨¢xima previstos en el art¨ªculo 149.

El problema surge si el delito se comete cuando el inmigrante aprovecha un viaje a su pa¨ªs, donde las leyes permiten la ablac¨ª¨®n. El PSOE estudia si se podr¨ªa modificar la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial por la v¨ªa de considerar 'una aut¨¦ntica estafa procesal' cometer all¨ª un delito tipificado aqu¨ª.

CiU considera que el art¨ªculo 3.2 de la Ley de Extranjer¨ªa, abre camino para penalizar la ablaci¨®n aunque se cometa en vacaciones. El apartado 2 del art¨ªculo 3 de esa ley no ha sido modificado y deja claro que 'la profesi¨®n de creencias religiosas' no podr¨¢ utilizarse para 'justificar' conductas contra los derechos humanos.

CiU cree que as¨ª como el 'arraigo' debe ser motivo claro para facilitar la legalizaci¨®n de extranjeros sin papeles, el incumplimiento de las normas elementales de derechos humanos ser¨ªan una muestra de 'falta de arraigo' e incluso de expulsi¨®n.

El matiz que este grupo incorpora es que la persecuci¨®n de la ablaci¨®n debe ser una v¨ªa para defender los derechos de los menores, por lo que habr¨¢ que ver c¨®mo se compagina ese derecho con la p¨¦rdida de residencia de los padres implicados.