Defensa, SA

El Ministerio de Defensa quiere crear una sociedad, en principio de capital p¨²blico, para pagar los grandes programas de modernizaci¨®n de las Fuerzas Armadas. Se trata de que los futuros buques o aviones de combate sean adquiridos por esta empresa y cedidos a los ej¨¦rcitos en r¨¦gimen de alquiler o leasing (arrendamiento con opci¨®n de compra). De esta forma, los pagos podr¨ªan dilatarse a lo largo de los 25 o 30 a?os de vida de los sistemas de armas y ser¨ªan m¨¢s digeribles para los presupuestos de Defensa.

La idea no es en s¨ª nada original. La ha utilizado el Ministerio de Fomento para las nuevas l¨ªneas de alta velocidad y algunas comunidades aut¨®nomas, como Madrid o Catalu?a, para financiar grandes obras p¨²blicas. Hay algunas diferencias, sin embargo. Los trenes o autopistas de peaje tienen unos usuarios finales sobre los que pueden repercutirse los inevitables costes financieros que acarrean este tipo de operaciones, si se recurre, como se pretende, a cr¨¦ditos privados, mientras que las armas de guerra s¨®lo tienen un posible cliente. Incluso para el liberal m¨¢s ac¨¦rrimo resulta chocante que los instrumentos de defensa militar del Estado sean propiedad de una empresa, aunque sea p¨²blica, mientras no se hayan amortizado.

Se pretende la cuadratura del c¨ªrculo: que los gastos de defensa crezcan sin que lo haga en la misma proporci¨®n su presupuesto y sin que repercuta en el d¨¦ficit del Estado. El objetivo m¨¢s o menos expreso es precisamente ¨¦se: que ni las deudas financieras ni las aportaciones de capital a la nueva compa?¨ªa repercutan en el d¨¦ficit. Pero no deja de resultar sorprendente que mientras el Parlamento debate, a iniciativa del Gobierno, la Ley de Estabilidad, que impone fuertes restricciones al gasto p¨²blico, ese mismo Gobierno multiplique los mecanismos para sortearlas. Porque no se trata de gastar menos, sino de que no se note. Al menos, en el d¨¦ficit.

Todo este camuflaje resultar¨¢ a la larga m¨¢s caro, lo que no podr¨¢ evitarse si se recurre a la financiaci¨®n privada y se demoran en el tiempo los pagos. A las empresas privadas y a los particulares puede compensarles este sobrecoste, pero para el Estado tiene consecuencias en t¨¦rminos de transparencia y control. Si estas f¨®rmulas se generalizan, llegar¨¢ un momento en que resulte imposible cuantificar el gasto real de las administraciones y la hipoteca que se est¨¢ generando para las generaciones futuras. Los mecanismos de control, tanto de la Intervenci¨®n del Estado como del propio Parlamento, no son igual de estrictos cuando se trata de los gastos de un ministerio que de una empresa p¨²blica. La opacidad prevalecer¨¢ sobre la transparencia.

Cabr¨ªa preguntarse, por ejemplo, qu¨¦ validez tiene la legislaci¨®n sobre incompatibilidades de altos cargos y funcionarios para los responsables de una empresa destinada a manejar billones de pesetas que, al final, acabar¨¢n saliendo de las arcas del Estado. M¨¢s vale que las inversiones y los gastos en Defensa que se consideren razonables se incluyan en los Presupuestos del Estado y, si el Parlamento los considera adecuados, los apruebe. Con luz y taqu¨ªgrafos y con todos los controles previstos por las leyes.