Una necesaria prudencia con la ley universitaria

En estos momentos creo que el Gobierno Central debe de tener ya muy claro que el texto de anteproyecto de Ley Org¨¢nica de Universidad ha sido recibido muy negativamente por la inmensa mayor¨ªa de la comunidad universitaria. Desde que se tuvo conocimiento del mismo (el 7 de mayo pasado) se ha producido un aut¨¦ntico alud de manifestaciones en contra, todas ellas muy contundentes: diferentes colectivos de rectores, juntas de gobierno y claustros universitarios, asociaciones y asambleas de estudiantes, sindicatos y partidos pol¨ªticos con la excepci¨®n del PP.

Se han producido tambi¨¦n algunas manifestaciones en la calle, en el sentido de clara oposici¨®n al anteproyecto. De especial significaci¨®n es el pronunciamiento un¨¢nime de la Conferencia del Consell Interuniversitari de Catalunya, presidido por el Consejero de Universidades e Investigaci¨®n y del que forman parte los rectores, presidentes de Consejo Social, representantes de los estudiantes y personalidades del mundo educativo, que insiste, entre otras cosas, en la necesidad de m¨¢s tiempo de reflexi¨®n y de que la ley tenga aut¨¦ntico car¨¢cter de Ley de Bases.

La Conferencia de Rectores de Universidades Espa?olas dio a conocer el d¨ªa 21 de mayo un extenso y meditado comunicado en el que, a pesar de su contenido extremadamente cr¨ªtico, se ofrec¨ªa la colaboraci¨®n de la Asociaci¨®n de la Universidades Espa?olas para tratar de alcanzar acuerdos sobre el contenido de la ley. La reuni¨®n del 1 de junio reiter¨® los contenidos del texto dado a conocer el 21 e hizo una serie de propuestas sobre ¨®rganos de gobierno, como primera cuesti¨®n sobre la que buscar el consenso, ya que la propuesta del Ministerio de Educaci¨®n lesiona la autonom¨ªa universitaria, pieza clave de la instituci¨®n y elemento indispensable para que la universidad pueda cumplir adecuadamente el servicio p¨²blico de formaci¨®n superior e investigaci¨®n sin injerencias ileg¨ªtimas de los partidos pol¨ªticos.

Como la universidad es ya, de lejos, la instituci¨®n p¨²blica que da m¨¢s cuentas p¨²blicas de su gesti¨®n, y sus miembros realizan una continua autocr¨ªtica, no insistir¨¦ en que el binomio autonom¨ªa-responsabilidad es asumido por la universidad p¨²blica espa?ola y que en lo que se refiere a la rendici¨®n de cuentas no va a haber inconveniente en insistir en ello, con la esperanza de que tambi¨¦n en este campo la acci¨®n pedag¨®gica de la universidad se extienda a otros ¨¢mbitos que reciben financiaci¨®n que proviene de los impuestos pagados por empresas y ciudadanos.

Las diferentes tomas de posici¨®n respecto del borrador de anteproyecto tienen bastantes puntos de coincidencia. Concluyen en que ¨¦sta no es la ley que necesita la universidad espa?ola para hacer frente a las nuevas demandas sociales. En un nuevo contexto, de fuertes transformaciones sociales y econ¨®micas, cada d¨ªa m¨¢s mundializado, la universidad est¨¢ llamada a dar las nuevas respuestas ¨¦ticas, a no quedar a merced de unas fuerzas de mercado ebrias de codicia, a crear nuevos conocimientos, a formar ciudadanos libres y solidarios, a la vez que capacitados para un mundo laboral, que en gran medida desconocemos c¨®mo ser¨¢.

Pensar que es posible dictar una norma que regule hasta los detalles m¨¢s nimios del funcionamiento de la universidad, que incluso pone en una ley org¨¢nica la mec¨¢nica de unos ejercicios de concurso-oposici¨®n (aunque el texto los defina como 'habilitaci¨®n'), cuando lo que se requiere es flexibilidad y diversidad, no s¨®lo es contrario a la l¨®gica de la situaci¨®n, sino seguramente in¨²til en el pa¨ªs que alumbr¨® la novela picaresca.

El texto presentado, es, adem¨¢s, contradictorio con la afirmaci¨®n que hizo la ministra Del Castillo ante el CU de que se trataba de una ley de m¨ªnimos y tambi¨¦n lo es respecto del documento suscrito por ella misma, o su representante, en Praga, referente a la participaci¨®n de los estudiantes en la vida universitaria (www.eu2001.se/eu2001).

Las ¨²ltimas manifestaciones conocidas de la ministra son las de, en todo caso, aprobar el proyecto de ley antes de agosto, de forma que se prev¨¦ una r¨¢pida tramitaci¨®n parlamentaria en el ¨²ltimo trimestre del a?o. Desde luego, con esta ley no creo que deslumbremos a Europa, muchos de cuyos pa¨ªses han renovado sus leyes para ir construyendo el Espacio Europeo de Educaci¨®n Superior (el anteproyecto no hace ning¨²n movimiento en ese sentido), ya que le corresponde a Espa?a la presidencia durante el primer semestre de 2002.

Las tomas de posici¨®n antes se?aladas hacen previsible que, si no se abre un proceso de di¨¢logo con tiempo, forma y talantes suficientes, nos podamos encontrar al inicio del pr¨®ximo curso con una situaci¨®n muy dif¨ªcil. Que todav¨ªa ser¨¢ de peor soluci¨®n si el proyecto ya est¨¢ en el Parlamento y sigue contando con el rechazo de la pr¨¢ctica totalidad de la comunidad universitaria. Puesto que lo que tenemos entre manos es un borrador de anteproyecto ?por qu¨¦ no tomar el tiempo necesario para encontrar un texto sobre el que no haya la sensaci¨®n de que va contra la universidad p¨²blica?

Recientemente ha sido presentado un pacto por la justicia que seguramente es un ejemplo a tener en mucha consideraci¨®n. Se ha conseguido un acuerdo entre la gran parte de los sectores implicados y, adem¨¢s, nace con un compromiso paralelo de financiaci¨®n, algo totalmente ausente del texto universitario.

Quiero recordar que el gasto total, en docencia y en investigaci¨®n es insuficiente (y con tendencia a la baja, como porcentaje del PIB) y que el sistema de ayudas al estudio es el segundo peor de la Uni¨®n Europea. ?No merece la educaci¨®n en general y la educaci¨®n superior y la investigaci¨®n, funciones inseparables de la universidad, un acuerdo semejante?

Carles Sol¨¤ es rector de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona.