Un rasero para el Gobierno y otro para la oposici¨®n
La doctrina de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y del Partido Popular sobre la exigencia de las responsabilidades pol¨ªticas para dirigentes implicados en investigaciones judiciales sobre casos de corrupci¨®n ha variado con su paso de la oposici¨®n al Gobierno.
Aznar manten¨ªa como jefe de la oposici¨®n en el Congreso de los Diputados que las responsabilidades pol¨ªticas, precisamente porque son distintas de las penales, no pueden ir a remolque de lo que decidan los tribunales, deb¨ªan exigirse de inmediato y alcanzar al m¨¢ximo responsable en la cadena de mando.
Los ejemplos de esa doctrina Aznar son m¨²ltiples. El 23 de agosto de 1995, Aznar consider¨® que no era 'relevante' que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n no apreciase 'indicios racionales de criminalidad' en la 'imputaci¨®n o no de Felipe Gonz¨¢lez [entonces presidente del Gobierno] en el sumario sobre el caso GAL'.
El entonces jefe de la oposici¨®n lo argument¨® as¨ª: 'Las responsabilidades pol¨ªticas se determinan en el Parlamento y no en el Tribunal Supremo'.
El 26 de enero de 1996, Aznar demand¨® a Felipe Gonz¨¢lez que tuviese la 'gallard¨ªa' de asumir su responsabilidad pol¨ªtica por el caso GAL.
El 6 de mayo de 1995, los resultados de la investigaci¨®n del juez Marino Barbero sobre el caso Filesa dieron pie a Aznar para exigir de nuevo responsabilidades pol¨ªticas al PSOE. Ese d¨ªa Aznar se comprometi¨® a echar del PP a quien no siguiese a pies juntillas sus tres m¨¢ximas: 'Honradez, austeridad y eficacia'.
El entonces secretario general del PP, Francisco ?lvarez Cascos, insisti¨® en esos argumentos para considerar necesaria la dimisi¨®n del presidente socialista: 'Con independencia de si ha habido comportamientos delictivos, est¨¢ claro que ha habido una responsabilidad pol¨ªtica, que concierne al propio Felipe Gonz¨¢lez'. El portavoz en aquella ¨¦poca del PP en el Congreso, Rodrigo Rato, se?al¨® en Oviedo en esa fecha que 'la existencia de una trama como el GAL produce grav¨ªsimas responsabilidades pol¨ªticas de los m¨¢ximos responsables del Gobierno' con independencia de que se traten o no de conductas delictivas.
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