Justicia de todos y para todos

El grave d¨¦ficit de eficacia en el funcionamiento de la justicia como instituci¨®n, que amplios sectores de la poblaci¨®n aprecian, afecta, cada d¨ªa m¨¢s, a la credibilidad, a la confianza y hasta a la legitimidad social de la instituci¨®n.

Por variados factores (el sistema legal se ensancha, la vida p¨²blica se judicializa, la cultura c¨ªvica de defensa de derechos evoluciona...), la Justicia ha adquirido en la sociedad actual un nuevo papel y nuevo protagonismo: su configuraci¨®n tradicional ya no sirve.

Alarmados por la mala opini¨®n y exigencias del electorado, los ejecutivos afectados tratan de enfrentarse al reto: se pactan reformas, se actualizan instrumentos legales, etc¨¦tera. Pero no cabe soluci¨®n si quienes integramos o intervenimos en la Administraci¨®n de Justicia (jueces, fiscales, secretarios, funcionarios, abogados, procuradores) no nos sumamos al proceso de reforma. Proceso por el que ya pasaron en las ¨²ltimas d¨¦cadas tantas organizaciones privadas y p¨²blicas de todo el mundo, lo que permite distinguir los caminos a seguir y los instrumentos a utilizar, cuya eficacia se haya constatado.

De la misma manera que cada individuo tiene personalidad propia, cada organismo tiene cultura propia. La de la Administraci¨®n de la Justicia coincide en gran parte con los par¨¢metros de otras organizaciones p¨²blicas, a los que se a?aden otros espec¨ªficos.

En nuestro entorno subsisten serias resistencias a aceptar, con todas sus consecuencias, que la Administraci¨®n de Justicia no es un fin en s¨ª misma, sino un medio para determinados fines sociales. A configurarlo como un servicio p¨²blico y a incluirlo en la n¨®mina de servicios p¨²blicos obligados a rendici¨®n peri¨®dica y detallada de cuentas y resultados. A aceptar que se trata de una actuaci¨®n sobre un pedestal encima del bien y del mal, sino evaluable como todas las restantes. A comprender que conformamos una organizaci¨®n que precisa para su funcionamiento, como todas, de ¨®rganos de direcci¨®n y gobierno, de liderazgo, de fijar objetivos e imponer su cumplimiento, de evaluar resultados, establecer consecuencias y responsabilidades por incumplimientos, etc. Nada justifica mezclar la imprescindible y absoluta independencia que precisamos para fijar el contenido de nuestras resoluciones, con la autonom¨ªa organizativa que todav¨ªa se reivindica desde algunos ¨®rganos judiciales, propia del artista o del empresario aut¨®nomo, pero incompatible con una organizaci¨®n moderna y que pretenda ser eficaz.

Los ciudadanos, que sufragan con sus impuestos la actividad administrativa, cuestionan abiertamente, y ya no aceptan, modelos organizativos y actuaciones apegadas al legalismo y al cumplimiento estricto de procedimientos legales si sus resultados no les sirven: exigen actuaciones sometidas a la legalidad, desde luego, pero presididas por la finalidad prioritaria de dar respuesta a las necesidades sociales, exigen resultados pr¨¢cticos y ¨²tiles, exigen soluciones. Lo que explica que la gu¨ªa de los esfuerzos de mejora hacia un nuevo marco para la gesti¨®n de los servicios p¨²blicos en general, y de la justicia en particular, sea la satisfacci¨®n de las expectativas de los ciudadanos.

Juzgar, o impulsar nuestros tr¨¢mites procesales, exige conocimientos jur¨ªdicos. Gobernar, dirigir, gestionar, organizar, liderar, motivar, exige otros conocimientos que nunca se incluyeron en la formaci¨®n de los obligados a esas funciones. Si hasta la herramienta inform¨¢tica, que ayud¨® a tantos, nos sirve, ?hasta cu¨¢ndo la no aplicaci¨®n de las herramientas de gesti¨®n y organizaci¨®n que han revolucionado en las ¨²ltimas d¨¦cadas la actuaci¨®n y los resultados de tantas organizaciones en sectores privados y p¨²blicos?

Se impone resituar el protagonismo de los destinatarios de nuestra actuaci¨®n, desburocratizar, introducir el liderazgo y la motivaci¨®n de nuestros recursos humanos, fijar objetivos, redise?ar estrategias, evaluar, corregir, implantar la reingenier¨ªa de procesos y los m¨¦todos de calidad total, establecer responsabilidades y consecuencias de nuestra actuaci¨®n, promover una ¨¦tica p¨²blica que cree el ambiente propicio para el buen desempe?o de la funci¨®n p¨²blica.

Los recursos p¨²blicos son limitados. No todo se resolver¨¢ reclamando m¨¢s jueces, m¨¢s juzgados, m¨¢s medios, buscando soluciones externas. Tenemos a nuestro alcance reformar profunda y radicalmente, desde nuestros actuales medios, el funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia: reconsideremos nuestra actuaci¨®n y aceptemos que s¨®lo con c¨®digos nunca resolveremos el d¨¦ficit de funcionamiento. Superando barreras hist¨®ricas, hagamos hueco a otros conocimientos no jur¨ªdicos, introduzcamos el uso de herramientas de gesti¨®n y organizaci¨®n, fijemos objetivos y prioridades... hasta perfilar una Administraci¨®n de Justicia al servicio objetivo de los intereses generales, que tutela derechos de ciudadanos a los que trata de satisfacer, accesible, sensible y receptiva a sus necesidades, que act¨²a desde la legalidad con eficacia (principios ambos de rango constitucional), y que cultiva nuevos valores como actitud ¨¦tica de servicio, rapidez y puntualidad en las prestaciones, informaci¨®n permanente, detallada y con lenguaje comprensible, calidad en el trato personal, propiciando un buen clima para los usuarios.

Reformar y mejorar hasta modificar el estereotipado discurso de la 'presunci¨®n de ineficiencia' que tantos ciudadanos presuponen de nuestra actuaci¨®n frente a la eficiencia que atribuyen al sector privado. Hasta acabar con la aversi¨®n y los temores al contacto con la Justicia que impregna todav¨ªa la conciencia colectiva ('Justicia: Dios la conserve pero de ella nos preserve'), tratando de convertir esos contactos en c¨®modos, agradables, ¨²tiles y satisfactorios. Est¨¢ en nuestras manos.

Jos¨¦ Manuel Balerdi M¨²gica es magistrado en Huelva y miembro de Jueces para la Democracia.