El PSOE reclama una ley de huelga que impida 'tomar a los ciudadanos como rehenes'

S¨®lo un d¨ªa despu¨¦s de que el secretario general del PSOE, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, pusiera en marcha la 'redefinici¨®n ideol¨®gica' de ese partido, su responsable de Econom¨ªa, Jordi Sevilla, abri¨® otra caja de los truenos: la ley de huelga, un proyecto que el PSOE intent¨® sacar adelante en 1992, pero decay¨® en 1993.

Jordi Sevilla le dijo al Gobierno que 'la sociedad no puede estar en manos de colectivos reducidos que ejercen su derecho de huelga por la v¨ªa de tomar como rehenes a ciudadanos indefensos'. Seg¨²n Sevilla, la regulaci¨®n actual es 'v¨¢lida' para la mayor parte de los sectores, es decir, para aquellos en los que las negociaciones est¨¢n en manos de 'sindicatos mayoritarios', pero no para aquellos en los que los trabajadores tienen una 'representaci¨®n corporativa que hace que la huelga la paguen los usuarios'.

El responsable de Econom¨ªa del PSOE emplaz¨® al Ejecutivo a elaborar y consensuar con partidos y agentes sociales una ley que supere la situaci¨®n actual, en la que la huelga est¨¢ regulada por un decreto de 1977. Ese decreto est¨¢ modulado por varias sentencias del Tribunal Constitucional, por el Estatuto de los Trabajadores e, incluso, por el C¨®digo Penal, que prev¨¦ penas de hasta tres a?os de c¨¢rcel tanto para los que impidan la realizaci¨®n del derecho de huelga como para quienes 'coaccionen' a otros para que hagan huelga.

Sevilla le dijo ayer al Ejecutivo que 'si no propone esa ley, tendr¨¢ que hacerlo el PSOE'. Subray¨® que esa nueva norma debe contemplar, entre otros aspectos, el 'arbitraje obligatorio' en caso de conflicto. La mediaci¨®n obligatoria fue asumida por los dos principales sindicatos, UGT y CC OO, la patronal CEOE y el Ejecutivo en 1996, siendo el socialista Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n ministro de Trabajo. En aquellas fechas, el entonces portavoz de Econom¨ªa del PP, Rodrigo Rato, aplaudi¨® ese acuerdo.

Suficiente, pero mejorable El Gobierno no ve ahora necesario modificar la legislaci¨®n del derecho de huelga. 'La actual regulaci¨®n es suficiente, no digo que no sea mejorable, pero es suficiente', respondi¨® el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. Su subsecretario, Marino D¨ªaz Guerra, a?adi¨® que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 'validado la constitucionalidad' del decreto de 1977 y ha dejado claro tres normas b¨¢sicas que deben cumplirse en una huelga: la autoridad gubernativa debe fijar los servicios m¨ªnimos, darlos a conocer con anticipaci¨®n y exigir su cumplimiento. Y recordar que incumplir esos servicios m¨ªnimos conlleva sanciones que pueden llegar al despido.

Esto, seg¨²n el subsecretario de Trabajo, es lo que ha fallado en la huelga de autocares en Baleares. Trabajo no cree tampoco que haya una escasa regulaci¨®n de las denominadas huelgas de celo. 'No son huelgas si no se convocan', subraya. A?ade que ah¨ª la norma aplicable es la que exige al trabajador cumplir con su trabajo.

Sin embargo, el diputado del PP Vicente Mart¨ªnez Pujalte, portavoz de Econom¨ªa del Grupo Popular en el Congreso, s¨ª 'entiende que hay que mejorar la regulaci¨®n del derecho de huelga'. Mart¨ªnez Pujalte recuerda que 'los sindicatos grandes reclamaron la autoregulaci¨®n' de este derecho y, 'en l¨ªneas generales, lo cumplen'. El problema, a?ade, son 'los grupos m¨¢s peque?os y corporativos que parece que hacen huelga contra la sociedad en vez de hacerla contra la empresa'. Pujalte cree que la huelga de los pilotos del SEPLA es un ejemplo de esta actuaci¨®n 'contra la sociedad'. Este diputado popular defiende, como Jordi Sevilla, que esa 'mejora' de la regulaci¨®n de la huelga se pacte con los agentes sociales y los partidos.

Desde CiU, el diputado Carles Campuzano subraya que 'en Espa?a no existe una ley reguladora del derecho de huelga', ve la actual regulaci¨®n 'muy deficiente' y subraya la 'necesidad de evitar que haya situaciones en las que determinados trabajadores en una suerte de monopolio de oferta perjudiquen al conjunto de la ciudadan¨ªa'. Campuzano sugiere recuperar el proyecto de ley que elabor¨® el PSOE en 1992 y empezar a trabajarlo', pero insiste en que 'esa iniciativa debe de ser del Gobierno, no de los grupos parlamentarios'.

Barbaridad A Izquierda Unida, en cambio, que se reabra el debate de la ley de huelga le parece 'una barbaridad'. Felipe Alcaraz, portavoz parlamentario de IU, mantiene que es 'malo' iniciar los debates sobre un cambio legal 'al calor' de un determinado suceso, que en este caso ser¨ªa el caos en el sector tur¨ªstico de Baleares provocado primero por los pilotos del SEPLA y despu¨¦s por la huelga de los conductores de autocares de servicio discrecional. 'Que se aproveche este calor en contra de la huelga, alentado por el Gobierno central en contra del Ejecutivo de Baleares, ser¨ªa brutal', mantiene Alcaraz. 'Y que el PSOE se sume es adem¨¢s incomprensible, salvo que lo que intente es saltar de la socialdemocracia al socialliberalismo', concluye. Seg¨²n Alcaraz, la prioridad ahora es ver c¨®mo queda la regulaci¨®n de la negociaci¨®n colectiva, con 'la que el Gobierno quiere borrar los derechos consolidados de los trabajadores'.

El secretario de Acci¨®n Sindical de Comisiones Obreras, Fernando Puig, tampoco cree que ¨¦ste sea el 'mejor momento' para hablar de la regulaci¨®n del derecho de huelga. Pero 'una vez se despejen las cuestiones pendientes', es decir, la negociaci¨®n colectiva, CC OO 'no pondr¨ªa resistencias a una negociaci¨®n que ya emprendi¨® en 1992'. Puig subraya que aquella norma no sali¨® adelante 'porque fue torpedeada desde otros sectores'.