Un juez dice que un pol¨ªtico no puede invadir el despacho de un funcionario
Los cargos p¨²blicos (alcaldes, concejales, etc¨¦tera) no pueden 'usar sus poderes' para invadir los despachos de los funcionarios 'con objetivos que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos'. Hacerlo as¨ª 'supone una desviaci¨®n de poder' y 'un claro descr¨¦dito por el sistema de derechos y libertades p¨²blicas'. Lo dice en una sentencia Jos¨¦ Yusti, titular del Juzgado de lo Contencioso n¨²mero 3 de Madrid. En el fallo, el juez anula y revoca la decisi¨®n del concejal de Seguridad Ciudadana de Coslada, Joaqu¨ªn Museo Heradio, de desalojar de su despacho al oficial jefe de la Polic¨ªa Municipal de esta localidad de 85.000 habitantes, Gin¨¦s Jim¨¦nez.
'El primer despacho que ten¨ªa asignado me lo arrebat¨® el concejal a finales del a?o 1999 con la excusa de que iba a utilizarlo ¨¦l, a pesar de que ya dispon¨ªa de otro despacho en el propio Ayuntamiento', se lamenta Jim¨¦nez. Y a?ade: 'Justo despu¨¦s de mudarme al segundo despacho lleg¨® otra orden, el 2 de marzo pasado, para que tambi¨¦n desocupase este ¨²ltimo'. El oficial jefe acat¨® ambas ¨®rdenes, pero recurri¨® la segunda por entender que ello atentaba contra 'su honor y dignidad profesional'.
El juez afirma en la sentencia que las numerosas sanciones que ha firmado el alcalde de Coslada, Juan Manuel Granados, del PSOE, contra Jim¨¦nez revelan 'un caso muy enconado de enfrentamiento' entre el oficial jefe y sus responsables pol¨ªticos. Y al respecto agrega que los tribunales, de momento, no han dado la raz¨®n al Ayuntamiento en la mayor¨ªa de los expedientes de los que es objeto. 'Es de sobra conocido', subraya el juez, 'que el poder pol¨ªtico debe ejercerse dentro de los l¨ªmites de las leyes y con la finalidad de servir al pueblo, del que emana. Que un representante del pueblo espa?ol', se a?ade en la sentencia, 'haya utilizado esos poderes que se le han conferido para, al menos en parte, lograr otros objetivos que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos que le han elegido, supone un claro desprecio por el sistema de derechos y libertades p¨²blicas y de convivencia instaurado en Espa?a'.
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