Derecho y obligaci¨®n

El secretario general del PP en Andaluc¨ªa, Antonio Sanz, hac¨ªa unas declaraciones inmediatamente despu¨¦s de la celebraci¨®n de la convenci¨®n regional del PP el domingo pasado, en las que recurr¨ªa al t¨¦rmino 'legitimidad' para justificar la estrategia pol¨ªtica que est¨¢ poniendo en pr¨¢ctica su partido en nuestra comunidad con la finalidad del alcanzar el Gobierno. Es una 'ambici¨®n leg¨ªtima', dec¨ªa Antonio Sanz, pretender derrotar al PSOE en las urnas y ocupar el Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa.

Es imposible no estar de acuerdo con esta afirmaci¨®n del secretario general del PP. Dicho partido no s¨®lo tiene el derecho a intentar derrotar al PSOE y convertirse en el Gobierno de Andaluc¨ªa, sino que tiene la obligaci¨®n de intentar hacerlo. Luchar por la conquista del poder es m¨¢s que un derecho para un partido pol¨ªtico. Es una obligaci¨®n. Especialmente cuando se trata objetivamente de un 'partido de gobierno', es decir, de un partido al que los ciudadanos han colocado en posici¨®n de ser gobierno, auque en ese momento no lo sea. A esa confianza objetivamente depositada en el partido por los ciudadanos tienen que responder subjetivamente los dirigentes de dicho partido poniendo en pr¨¢ctica una estrategia que les permita ganar las elecciones y convertirse en Gobierno. Cuando no hacen esto est¨¢n no solamente ejerciendo un derecho de manera desviada sino que est¨¢n simult¨¢neamente incumpliendo una obligaci¨®n. Obligaci¨®n no exigible jur¨ªdicamente, pero s¨ª pol¨ªticamente. Es sobre el cumplimiento de esta obligaci¨®n sobre el que se pronuncian los ciudadanos en las elecciones.

En esta responsabilidad inmedita y directa en luchar por la conquista del poder es en lo que se diferencian los 'partidos de gobierno' de los que no lo son. IU y PA no son partidos de este tipo, aunque dispongan de programas de gobierno y aunque para los ciudadanos que los votan dicho programa sea mejor que el del PSOE o el del PP. Pues la condici¨®n de partido de gobierno no se tiene por voluntad propia, sino por decisi¨®n del cuerpo electoral. Un partido puede ser muy serio y disponer de un buen programa y de una excelente direcci¨®n y no ser un partido de gobierno. El PCE en los momentos iniciales de transici¨®n contaba con una direcci¨®n excelente y con un programa muy serio y, sin embargo, los electores el 15 de junio de 1977 lo situaron donde lo situaron. Y esa decisi¨®n es inapelable. S¨®lamente cuando los ciudadanos han puesto a un partido en condiciones objetivas de competir por ocupar el Gobierno, dicho partido adquiere tal condici¨®n. Partidos hay muchos, pero partidos de gobierno hay muy pocos. En Andaluc¨ªa ¨²nicamente el PSOE y el PP lo son.

Quiere decirse, pues, que el canon con el que se ha de medir la conducta de los dirigentes pol¨ªticos no es el mismo para todos. La conducta de los dirigentes de los partidos de gobierno es valorada con base en un canon mucho m¨¢s exigente que la de los dirigentes de los partidos que no lo son. La direcci¨®n de un partido de gobierno no se puede permitir actuar como si no lo fuera. Para llegar a convertirse en Gobierno tiene que ser reconocida como tal antes de serlo. El reconocimiento social es previo al reconocimiento pol¨ªtico. ?nicamente cuando los ciudadanos reconocen a los dirigentes del partido de gobierno en la oposici¨®n como Gobierno, acaban d¨¢ndole la mayor¨ªa para que pueda formarlo.

Aqu¨ª es donde reside el problema que tiene la direcci¨®n del PP. Nadie discute que tiene derecho a dise?ar la estrategia que estime oportuna para llegar a ganar las elecciones y converirse en el Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa. Lo que resulta discutible es que est¨¦ cumpliendo con la obligaci¨®n que tiene de actuar de esta manera.

En lo que al ejercicio del derecho se refiere, nadie puede discutir la libertad de los dirigentes y militantes del PP para ejercerlo como les parezca m¨¢s oportuno. En este sentido no se puede no estar de acuerdo con la afirmaci¨®n del vicesecretario del PP, Jos¨¦ Mar¨ªa Pareja, de que cuando el PP convoca convenciones 'no hace m¨¢s que ejercer un derecho democr¨¢tico de reuni¨®n que tenemos los partidos para exponer a la sociedad nuestras opiniones' (EL PA?S, 2 de octubre de 2001), sin que nadie pueda interferir en el ejercicio de tal derecho. Y menos que nadie el PSOE.

Pero en lo que al cumplimiento de la obligaci¨®n se refiere, no son los militantes y dirigentes del PP los que tienen que pronunciarse, sino que somos los dem¨¢s los que tenemos que hacerlos. Los dirigentes del PP pueden considerar que al ejercer su derecho est¨¢n cumpliendo con su obligaci¨®n como partido de gobierno. Pero los dem¨¢s podemos pensar que no es as¨ª. Al final ser¨¢n todos los ciudadanos en las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas quienes decididr¨¢n qui¨¦n tiene raz¨®n, esto es, si hay coincidencia entre el ejercicio del derecho y el cumplimiento de la obligaci¨®n o no la hay. Pero mientras llegan las elecciones, somos todos los que tenemos derecho a pronunciarnos sobre la forma en que entendemos que el PP est¨¢ cumpliendo con su obligaci¨®n.

Y tenemos derecho todos, porque nos afecta a todos. Un sistema pol¨ªtico no puede funcionar sin que el partido de gobierno que est¨¢ en la oposici¨®n cumpla con su obligaci¨®n de ser alternativa de gobierno de manera correcta. Cuando esto no ocurre, el sistema pol¨ªtico se bloquea y tiende a degenerar.

En mi opinion, esto es lo que est¨¢ ocurriendo en Andaluc¨ªa con la estrategia que est¨¢ poniendo en pr¨¢ctica la direcci¨®n del PP. A veces tengo la impresi¨®n no de que el PP no se comporte como un partido de gobierno, sino que se comporta casi como un partido extraparlamentario. Hay cosas que se pueden decir en una asamblea de estudiantes, pero que no se pueden decir por dirigentes de partidos que pretenden ser reconocidos como portadores de una opci¨®n de gobierno. No se puede llamar 'fascista' al presidente de la Junta de Andaluc¨ªa o 'mafioso' al director de RTVA. Esos calificativos acaban descalificando al que los pronuncia y acaban siendo percibidos como una expresi¨®n de impotencia.