Un sistema de habilitaci¨®n 'centralizado y preconstitucional'

Una de las novedades del anteproyecto, se?ala el informe, reside en la regulaci¨®n del procedimiento 'mal llamado de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes mediante un sistema de habilitaci¨®n nacional convocado por el Consejo de Coordinaci¨®n Universitaria'. Mal llamado, explica, porque la habilitaci¨®n no concede la condici¨®n de funcionario, sino que es un requisito previo para concurrir a los concursos de acceso a los cuerpos docentes para adquirir la condici¨®n de funcionario de carrera. El proyecto -que se aparta del modelo de funci¨®n p¨²blica general-, en opini¨®n de los juristas que analizan varias sentencias del Tribunal Constitucional, 'significa un retorno a la Ley del 28 de diciembre de 1958', caracterizada por 'un sistema fuertemente centralizado del r¨¦gimen preconstitucional', al que precisamente puso coto la primera y a¨²n vigente Ley de Reforma Universitaria de 1983.

'Unidad territorial

'El sistema de habilitaci¨®n del profesorado responde', en opini¨®n privada de varios juristas y catedr¨¢ticos consultados, 'al modelo de unidad territorial que el Gobierno Aznar est¨¢ imprimiendo en otros proyectos como la r¨ªgida reforma del Senado o el decreto de humanidades, m¨¢s propios de la etapa preauton¨®mica'. El informe previene la posibilidad de que este sistema derive en 'la existencia de universidades trampol¨ªn', propiciado por la peculiar f¨®rmula de accesos abierto tanto para los profesores habilitados como para los funcionarios destinados en otras universidades.

A esto se a?ade el hecho de que el r¨¦gimen de contrataci¨®n planteado en la ley puede 'introducir un factor de distorsi¨®n', ya que deja una parte importante de los contratos al arbitrio de los consejos sociales de cada univesidad. Esto puede provocar que en la misma zona ge¨®grafica haya 'profesores de primera y de segunda', seg¨²n la capacidad econ¨®mica de cada universidad o del respaldo pol¨ªtico que tengan ¨¦stas.

La politizaci¨®n de los consejos sociales, tan subrayada en el informe, se extiende a todos los ¨®rganos universitarios nuevos o reformados en la LOU. Los juristas se refieren expl¨ªcitamente 'a los nuevos organismos de control como la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n y Acreditaci¨®n, que queda en manos del Gobierno, previo informe del nuevo Consejo de Coordinaci¨®n Universitaria', ¨®rgano del que precisamente 'falta en el anteproyecto su dise?o legislativo y sus l¨ªneas b¨¢sicas de composici¨®n e independencia'.