Del 11-S a la globalizaci¨®n de los derechos

Del 9 al 13 de noviembre, representantes de los Gobiernos de 142 pa¨ªses se reunir¨¢n en Qatar para relanzar una nueva ronda comercial en el marco de la 4? Conferencia Ministerial de la Organizaci¨®n Mundial de Comercio (OMC).

La OMC refleja las ambig¨¹edades en las que nos hallamos inmersos en el comienzo del siglo XXI. As¨ª, una organizaci¨®n cuyo principal prop¨®sito es asegurar que los flujos comerciales circulen con la m¨¢xima facilidad, previsibilidad y libertad posible se ve obligada para ello a consensuar un aparato normativo numeroso, exhaustivo y, a veces, como reflejan los m¨²ltiples conflictos que jalonan su andadura, dif¨ªciles de interpretar.

A nadie deber¨ªa sorprender que el libre comercio demande regulaci¨®n. Falsean la realidad y la historia quienes dibujan una globalizaci¨®n resultado de un proceso natural y espont¨¢neo de desarrollo del mercado. No hay unas leyes del mercado mundial que se desarrollen seg¨²n una ¨²nica l¨®gica. Por el contrario, el actual proceso de globalizaci¨®n ha sido posible y fomentado por pol¨ªticas gubernamentales deliberadas, por unas determinadas regulaciones y pol¨ªticas iniciadas por Reagan y Thatcher que se convirtieron en hegem¨®nicas tras la ca¨ªda del muro de Berl¨ªn.

Frente a esa regulaci¨®n, escasamente democr¨¢tica y de consecuencias tremendamente injustas, se alzan fuerzas plurales que, neg¨¢ndose a considerar inevitable el rumbo de las cosas, reclaman otra globalizaci¨®n, la globalizaci¨®n de los derechos, la globalizaci¨®n de la justicia social. El actual conflicto no es el supuesto y antiguo enfrentamiento entre el mercado y la planificaci¨®n, ni el m¨¢s reciente, pero tambi¨¦n falso, entre antiglobalizadores y globalizadores, sino la confrontaci¨®n de alternativas sobre las formas de regular y gobernar los mercados mundiales, de definir el papel tanto de los Estados nacionales democr¨¢ticos como de las instituciones regionales e internacionales, financieras, comerciales y pol¨ªticas, en el nuevo marco.

Se trata de establecer si la pol¨ªtica es subsidiaria de la econom¨ªa, limit¨¢ndose, por ejemplo, a acudir en ayuda de las empresas con problemas como recientemente con las compa?¨ªas de transporte a¨¦reo, o de si es la pol¨ªtica, entendida como conformaci¨®n democr¨¢tica de los intereses ciudadanos, la que gobierna las decisiones econ¨®micas. Se trata, entonces, de decidir si son los acuerdos internacionales sobre medio ambiente o sobre derechos laborales fundamentales los que prevalecen sobre el derecho a la exportaci¨®n o a la inversi¨®n o viceversa. Se trata de saber si el derecho a la salud de las personas, especialmente en los pa¨ªses empobrecidos, tendr¨¢ que seguir litigando en los tribunales frente a los derechos de patentes de las multinacionales farmac¨¦uticas. Y se trata de defender el derecho de los Gobiernos nacionales a regular sus servicios y definir sus pol¨ªticas p¨²blicas de conformidad con los mandatos democr¨¢ticos de sus electores.

Algunas de estas reflexiones pusieron en jaque la anterior conferencia de la OMC en Seattle, que inaugur¨® el ciclo de cuestionamiento de las instituciones econ¨®micas internacionales, y est¨¢n hoy, a causa de los atentados terroristas en EE UU y la nueva situaci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica creada, en el centro del debate. Es verdad que la resoluci¨®n del debate no est¨¢ dada de antemano y nadie puede apostar por d¨®nde concluir¨¢n finalmente las tendencias apuntadas, pero tambi¨¦n es cierto que las posibilidades barajadas en este momento eran impensables hace tres meses.

Pareciera que hoy nadie cuestiona, y esperamos que no sea un mero reflejo coyuntural ante la crisis, que el mundo se ha hecho cercano y nuestro tambi¨¦n en asuntos no econ¨®micos. Ese consenso deber¨ªa concretarse en que la lucha contra el nuevo terrorismo debe ser concertada a nivel internacional, que exige un mayor, eficaz y real protagonismo de la ONU, que se deben impulsar pol¨ªticas de protecci¨®n y de garant¨ªa universal de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, que se deben introducir mecanismos de control de los movimientos de capital que eviten que el dinero pueda seguir circulando sin controles fiscales, alimentando su opacidad y, tantas veces, su complicidad con redes de blanqueo, tr¨¢fico de armas y delincuencia transnacional y que ha de ponerse en marcha el Tribunal Penal Internacional. Es decir, que la lucha antiterrorista exige reforzar los mecanismos de gobierno democr¨¢tico del mundo.

Pero el consenso deber¨ªa extenderse a la idea de que un mundo seguro y democr¨¢tico tiene que ser tambi¨¦n un mundo m¨¢s justo e igualitario. Los sindicatos llevamos a?os reclam¨¢ndolo y vamos a volver a hacerlo con ocasi¨®n de la Jornada de Acci¨®n Sindical Mundial convocada por la Confederaci¨®n Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y las Federaciones Internacionales de sector, que engloban a 160 millones de trabajadores y trabajadoras en 110 pa¨ªses, con ocasi¨®n de la reuni¨®n de la OMC. El sindicalismo internacional, que estuvo en Seattle con la AFL-CIO estadounidense, en Johanesburgo, enfrent¨¢ndose a las multinacionales farmac¨¦uticas con el COSATU surafricano o en Porto Alegre, con la CUT brasile?a, construyendo respuestas alternativas, volver¨¢ a movilizarse contra una globalizaci¨®n que genera desigualdades y pobreza y en defensa de una globalizaci¨®n, como reza el lema de la jornada, 'A favor de todas las personas'. La ciudadan¨ªa y los trabajadores y trabajadoras tenemos la obligaci¨®n de movilizarnos para que las contradictorias tendencias que se muestran en esta crisis se resuelvan en una direcci¨®n que haga avanzar al mundo por senderos m¨¢s democr¨¢ticos y justos.

Sin embargo, malos presagios se ciernen sobre la reuni¨®n de Qatar. Desde la elecci¨®n como sede de un pa¨ªs donde es ilegal el derecho de reuni¨®n o manifestaci¨®n, hasta la decisi¨®n sobre el ingreso de China, cuyo Gobierno vulnera los derechos humanos, pasando por las propuestas de declaraciones que se est¨¢n discutiendo todav¨ªa en las que se obvia toda referencia a los derechos laborales, la OMC aparenta haberse quedado anclada en el pasado.

En este panorama, la responsabilidad de la Uni¨®n Europea y de sus Gobiernos es muy importante para que la Conferencia de la OMC pueda establecer un cambio de rumbo en las orientaciones de esta organizaci¨®n internacional, la ¨²nica manera de sustentar logros duraderos. Tambi¨¦n en y desde las organizaciones econ¨®micas internacionales hay que impulsar la transparencia y el control democr¨¢ticos, la solidaridad entre los pueblos, el respeto a los derechos humanos fundamentales, contribuyendo as¨ª a la construcci¨®n de un mundo que pueda ser gobernado democr¨¢ticamente y en el que la globalizaci¨®n alcance tambi¨¦n a los derechos y a la justicia social.Del 9 al 13 de noviembre, representantes de los Gobiernos de 142 pa¨ªses se reunir¨¢n en Qatar para relanzar una nueva ronda comercial en el marco de la 4? Conferencia Ministerial de la Organizaci¨®n Mundial de Comercio (OMC).

La OMC refleja las ambig¨¹edades en las que nos hallamos inmersos en el comienzo del siglo XXI. As¨ª, una organizaci¨®n cuyo principal prop¨®sito es asegurar que los flujos comerciales circulen con la m¨¢xima facilidad, previsibilidad y libertad posible se ve obligada para ello a consensuar un aparato normativo numeroso, exhaustivo y, a veces, como reflejan los m¨²ltiples conflictos que jalonan su andadura, dif¨ªciles de interpretar.

A nadie deber¨ªa sorprender que el libre comercio demande regulaci¨®n. Falsean la realidad y la historia quienes dibujan una globalizaci¨®n resultado de un proceso natural y espont¨¢neo de desarrollo del mercado. No hay unas leyes del mercado mundial que se desarrollen seg¨²n una ¨²nica l¨®gica. Por el contrario, el actual proceso de globalizaci¨®n ha sido posible y fomentado por pol¨ªticas gubernamentales deliberadas, por unas determinadas regulaciones y pol¨ªticas iniciadas por Reagan y Thatcher que se convirtieron en hegem¨®nicas tras la ca¨ªda del muro de Berl¨ªn.

Frente a esa regulaci¨®n, escasamente democr¨¢tica y de consecuencias tremendamente injustas, se alzan fuerzas plurales que, neg¨¢ndose a considerar inevitable el rumbo de las cosas, reclaman otra globalizaci¨®n, la globalizaci¨®n de los derechos, la globalizaci¨®n de la justicia social. El actual conflicto no es el supuesto y antiguo enfrentamiento entre el mercado y la planificaci¨®n, ni el m¨¢s reciente, pero tambi¨¦n falso, entre antiglobalizadores y globalizadores, sino la confrontaci¨®n de alternativas sobre las formas de regular y gobernar los mercados mundiales, de definir el papel tanto de los Estados nacionales democr¨¢ticos como de las instituciones regionales e internacionales, financieras, comerciales y pol¨ªticas, en el nuevo marco.

Se trata de establecer si la pol¨ªtica es subsidiaria de la econom¨ªa, limit¨¢ndose, por ejemplo, a acudir en ayuda de las empresas con problemas como recientemente con las compa?¨ªas de transporte a¨¦reo, o de si es la pol¨ªtica, entendida como conformaci¨®n democr¨¢tica de los intereses ciudadanos, la que gobierna las decisiones econ¨®micas. Se trata, entonces, de decidir si son los acuerdos internacionales sobre medio ambiente o sobre derechos laborales fundamentales los que prevalecen sobre el derecho a la exportaci¨®n o a la inversi¨®n o viceversa. Se trata de saber si el derecho a la salud de las personas, especialmente en los pa¨ªses empobrecidos, tendr¨¢ que seguir litigando en los tribunales frente a los derechos de patentes de las multinacionales farmac¨¦uticas. Y se trata de defender el derecho de los Gobiernos nacionales a regular sus servicios y definir sus pol¨ªticas p¨²blicas de conformidad con los mandatos democr¨¢ticos de sus electores.

Algunas de estas reflexiones pusieron en jaque la anterior conferencia de la OMC en Seattle, que inaugur¨® el ciclo de cuestionamiento de las instituciones econ¨®micas internacionales, y est¨¢n hoy, a causa de los atentados terroristas en EE UU y la nueva situaci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica creada, en el centro del debate. Es verdad que la resoluci¨®n del debate no est¨¢ dada de antemano y nadie puede apostar por d¨®nde concluir¨¢n finalmente las tendencias apuntadas, pero tambi¨¦n es cierto que las posibilidades barajadas en este momento eran impensables hace tres meses.

Pareciera que hoy nadie cuestiona, y esperamos que no sea un mero reflejo coyuntural ante la crisis, que el mundo se ha hecho cercano y nuestro tambi¨¦n en asuntos no econ¨®micos. Ese consenso deber¨ªa concretarse en que la lucha contra el nuevo terrorismo debe ser concertada a nivel internacional, que exige un mayor, eficaz y real protagonismo de la ONU, que se deben impulsar pol¨ªticas de protecci¨®n y de garant¨ªa universal de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, que se deben introducir mecanismos de control de los movimientos de capital que eviten que el dinero pueda seguir circulando sin controles fiscales, alimentando su opacidad y, tantas veces, su complicidad con redes de blanqueo, tr¨¢fico de armas y delincuencia transnacional y que ha de ponerse en marcha el Tribunal Penal Internacional. Es decir, que la lucha antiterrorista exige reforzar los mecanismos de gobierno democr¨¢tico del mundo.

Pero el consenso deber¨ªa extenderse a la idea de que un mundo seguro y democr¨¢tico tiene que ser tambi¨¦n un mundo m¨¢s justo e igualitario. Los sindicatos llevamos a?os reclam¨¢ndolo y vamos a volver a hacerlo con ocasi¨®n de la Jornada de Acci¨®n Sindical Mundial convocada por la Confederaci¨®n Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y las Federaciones Internacionales de sector, que engloban a 160 millones de trabajadores y trabajadoras en 110 pa¨ªses, con ocasi¨®n de la reuni¨®n de la OMC. El sindicalismo internacional, que estuvo en Seattle con la AFL-CIO estadounidense, en Johanesburgo, enfrent¨¢ndose a las multinacionales farmac¨¦uticas con el COSATU surafricano o en Porto Alegre, con la CUT brasile?a, construyendo respuestas alternativas, volver¨¢ a movilizarse contra una globalizaci¨®n que genera desigualdades y pobreza y en defensa de una globalizaci¨®n, como reza el lema de la jornada, 'A favor de todas las personas'. La ciudadan¨ªa y los trabajadores y trabajadoras tenemos la obligaci¨®n de movilizarnos para que las contradictorias tendencias que se muestran en esta crisis se resuelvan en una direcci¨®n que haga avanzar al mundo por senderos m¨¢s democr¨¢ticos y justos.

Sin embargo, malos presagios se ciernen sobre la reuni¨®n de Qatar. Desde la elecci¨®n como sede de un pa¨ªs donde es ilegal el derecho de reuni¨®n o manifestaci¨®n, hasta la decisi¨®n sobre el ingreso de China, cuyo Gobierno vulnera los derechos humanos, pasando por las propuestas de declaraciones que se est¨¢n discutiendo todav¨ªa en las que se obvia toda referencia a los derechos laborales, la OMC aparenta haberse quedado anclada en el pasado.

En este panorama, la responsabilidad de la Uni¨®n Europea y de sus Gobiernos es muy importante para que la Conferencia de la OMC pueda establecer un cambio de rumbo en las orientaciones de esta organizaci¨®n internacional, la ¨²nica manera de sustentar logros duraderos. Tambi¨¦n en y desde las organizaciones econ¨®micas internacionales hay que impulsar la transparencia y el control democr¨¢ticos, la solidaridad entre los pueblos, el respeto a los derechos humanos fundamentales, contribuyendo as¨ª a la construcci¨®n de un mundo que pueda ser gobernado democr¨¢ticamente y en el que la globalizaci¨®n alcance tambi¨¦n a los derechos y a la justicia social.

Jos¨¦ Mar¨ªa Fidalgo es secretario general de CC OO.