El Congreso de EE UU exige un debate p¨²blico sobre los juicios militares
La decisi¨®n del presidente Bush indigna a senadores y diputados estadounidenses
La controversia creada por los tribunales militares propuestos por el presidente George W. Bush para juzgar en secreto a terroristas ha escalado hasta el Congreso de Estados Unidos. Senadores y diputados, indignados porque la Casa Blanca no les ha consultado, solicitaron ayer audiencias p¨²blicas para debatir la legalidad de tan draconiana medida, que incluso se ha llegado a calificar como 'atentado' contra los principios democr¨¢ticos.
Esta semana se ha suspendido el 'h¨¢beas corpus' por decreto presidencial
'Sientan un terrible precedente que se volver¨¢ en contra nuestra'
En declaraciones a este peri¨®dico, el senador dem¨®crata Patrick Leahy y el diputado republicano Bob Barr expresaron su 'gran inquietud' por la ruptura del Gobierno del pacto de unidad entre las ramas ejecutiva y legislativa para combatir el terrorismo. 'El Gobierno es insaciable. No est¨¢ ni siquiera seca la tinta de la legislaci¨®n antiterrorista y ya ha actuado por su cuenta implantando cambios sin escrutinio del Congreso, como los tribunales militares o las escuchas , que, en mi opini¨®n, sientan un terrible precedente que se volver¨¢ en contra nuestra', afirm¨® Bob Barr. El diputado que encabez¨® el proceso de destituci¨®n de Bill Clinton por el esc¨¢ndalo Lewinsky es ahora cr¨ªtico del presidente de su propio partido y ayer pidi¨® audiencias para debatir las cortes marciales y otras medidas que restringen los derechos de los acusados de pertenecer o colaborar con Al Qaeda, la organizaci¨®n terrorista de Osama Bin Laden.
Las cr¨ªticas a los juicios sumarios en los que un jurado militar puede sentenciar a muerte sin darle al acusado derecho a recurrir se extienden ya a todo el espectro pol¨ªtico y social. El senador Patrick Leahy cree adem¨¢s que ponen en peligro la coalici¨®n internacional. 'La orden del presidente puede tener implicaciones internacionales, porque env¨ªa el mensaje al mundo de que las ejecuciones sumarias y los juicios seretos son aceptables, al menos cuando el acusado es extranjero. Nosotros queremos que la coalici¨®n se quede con nosotros a largo plazo, y esto podr¨ªa poner en peligro la cooperaci¨®n de otros pa¨ªses, por ejemplo, para entregar a terroristas', subray¨® Leahy.
El senador a?adi¨® que la acci¨®n de Bush est¨¢ aumentando la preocupaci¨®n del Congreso por lo que califica como 'preferencia unilateralista del Gobierno', refiri¨¦ndose al rumbo pol¨ªtico por el que opt¨® la Casa Blanca antes de los atentados del 11 de septiembre. Seg¨²n ¨¦l, los visos de giro en esa direcci¨®n est¨¢n amenazando innecesariamente 'el esp¨ªritu de unidad forjado tras los atentados'.
La suspensi¨®n esta semana del h¨¢beas corpus por decreto presidencial ha precipitado la erosi¨®n de la credibilidad que el presidente y su Gobierno hab¨ªan disfrutado desde los atentados, con un pa¨ªs tan atemorizado que se entreg¨® ciegamente a las manos de quienes le pod¨ªan proteger. El obediente pueblo norteamericano ha hecho caso a Bush volviendo a la vida normal, y parte esencial de esa normalidad es reivindicar la justicia, incluida la de los terroristas.
El sentir cada vez m¨¢s generalizado es que los tribunales civiles de EE UU pueden perfectamente enjuiciar a los terroristas sin necesidad de poner en peligro fuentes confidenciales y m¨¦todos de espionaje usados por la CIA -que son el argumento central de Bush-, porque ya existen los mecanismos apropiados, que se usaron, por ejemplo, en juicios anteriores a terroristas de Al Qaeda.
Los analistas se?alan que Bush y su equipo calcularon mal al pensar que, por tratarse de tribunales militares dirigidos a extranjeros, los ciudadanos de EE UU lo iban a pasar por alto, como han hecho con otras reformas pol¨¦micas, tales como la detenci¨®n indefinida de sospechosos o los registros y escuchas sin orden judicial.
La diferencia es que esas medidas afectan a la seguridad nacional de fronteras adentro y el pueblo norteamericano se identifica m¨¢s de cerca con el peligro de tener un terrorista en su puerta que con el de un juicio sumario en Afganist¨¢n o en un tribunal secreto. Sencillamente, no quiere que pese sobre su conciencia, sobre todo porque abre la puerta a la restricci¨®n de libertades civiles en suelo de EE UU.
Todo converge en un punto: no existe una declaraci¨®n formal de guerra. En ello coinciden el senador Leahy, el diputado Barr y el ex embajador adjunto de EE UU ante las Naciones Unidas, Robert Orr, que represent¨® a su pa¨ªs cuando Richard Holbrooke era embajador. A la pregunta de este diario sobre la viabilidad de los tribunales marciales, Orr dijo ayer estar convencido de que 'no se llegar¨¢n a implantar'.
'El nivel de oposici¨®n es grande y el Congreso no lo va a aceptar. Todav¨ªa hay mucho que debatir y hay muchas otras opciones. La ONU puede designar tribunales ad hoc que pueden enjuiciar a los terroristas como se ha enjuiciado a Slobodan Milosevic. Y a¨²n hay quien propone otras alternativas, como un Tribunal Isl¨¢mico en alg¨²n pa¨ªs isl¨¢mico que no provocara la oposici¨®n internacional que puede acarrear la propuesta de Bush', dijo Orr.
El Gobierno lleva d¨ªas desfilando por los medios de comunicaci¨®n tratando de apaciguar la inesperada tormenta. Ayer le volvi¨® a tocar el turno al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y asegur¨® que los tribunales ser¨¢n 'muy calibrados y justos'. Si es as¨ª o no, s¨®lo ¨¦l y el presidente (adem¨¢s de los propios jurados) ser¨ªan los ¨²nicos en poder certificar la justicia. De llevarse a cabo, Rumsfeld decidir¨¢ las normas de procedimiento para cada caso y Bush determinar¨¢ a qui¨¦n se aplica y d¨®nde.
Pero ?qu¨¦ criterios se van a aplicar para acusar a alguien de terrorismo? Seg¨²n lo que ha trascendido, simplemente la palabra de un testigo puede servir como prueba, algo impensable en un tribunal norteamericano. Es lo que el peri¨®dico The Boston Globe titulaba ayer en su editorial 'Justicia sospechosa'. Da p¨¢nico, dec¨ªa el prestigioso rotativo. 'El abandono de los derechos y protecciones que existen en un Estado de derecho es lo que lo distingue de la arbitrariedad de un r¨¦gimen como el talib¨¢n'.
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