Polic¨ªas de EE UU se niegan a interrogar a inmigrantes de forma indiscriminada

Andrew Kirkland, el jefe de polic¨ªa de Portland (Oreg¨®n), se ha convertido en un h¨¦roe para los defensores de las libertades civiles en Estados Unidos. Kirkland fue el primero en negarse a cumplir una orden del Departamento de Justicia seg¨²n la cual unas 5.000 personas originarias de Oriente Pr¨®ximo deb¨ªan ser interrogadas 'dentro de las investigaciones iniciadas el 11 de septiembre', pese a no estar relacionadas con ning¨²n delito. Para Kirkland, esa orden vulnera las leyes contra la discriminaci¨®n racial. Le siguieron otros como John Leavitt en Tucson (Arizona) y Charles Wilson en Detroit (Michigan). Mientras en Washington se recortan derechos b¨¢sicos, las leyes estatales y las polic¨ªas locales parecen el ¨²ltimo basti¨®n de sensatez.

'Las leyes de Oreg¨®n no nos autorizan a interrogar arbitrariamente a personas por el hecho de ser inmigrantes', afirm¨® Andrew Kirkland el pasado martes. 'Si el FBI nos indica qu¨¦ crimen ha cometido esta gente, o qu¨¦ crimen podr¨ªa cometer, reconsideraremos nuestra decisi¨®n', a?adi¨®. Michael Mosman, fiscal federal de Oreg¨®n y representante del Departamento de Justicia en el Estado, indic¨® por su parte que los interrogatorios solicitados por Washington eran 'legales', pero apoy¨® la decisi¨®n de Kirkland. Numerosos jefes de polic¨ªa en ciudades de California, Arizona, Michigan, Washington y otros Estados se oponen tambi¨¦n a cumplir las ¨®rdenes de Ahscroft. Una portavoz del FBI, la polic¨ªa federal, anunci¨® que en esos casos ser¨ªan sus propios agentes quienes interrogaran a los inmigrantes.

John Ashcroft, el fiscal general (ministro de Justicia y m¨¢ximo responsable policial) de George W. Bush, pertenece al ala m¨¢s derechista del Partido Republicano. Se opone al aborto y a los derechos de los homosexuales, y apoy¨® la segregaci¨®n racial en las escuelas cuando fue fiscal y gobernador en Misuri. Algunas de sus ¨®rdenes, como la de batir los barrios musulmanes e interrogar a unos 5.000 inmigrantes procedentes de 'pa¨ªses relacionados con el terrorismo', son coherentes con su pasado.

Pero Ashcroft no est¨¢ solo. Aunque el Congreso le ha convocado para interrogarle sobre la orden presidencial de crear tribunales militares para juzgar a presuntos terroristas, los legisladores disconformes con la furia del poder ejecutivo, en minor¨ªa, se muestran impotentes. En algunos casos, los parlamentarios van m¨¢s lejos que el propio Ashcroft. S¨®lo una enorme presi¨®n de los centros acad¨¦micos impidi¨® que la senadora dem¨®crata Dianne Feinstein, de California, presentara esta semana una propuesta de ley para prohibir la entrada a Estados Unidos de todos los estudiantes extranjeros, al menos durante seis meses.

La ley antiterrorista aprobada por el Congreso despu¨¦s del 11 de septiembre, a iniciativa de Ashcroft, inclu¨ªa en su versi¨®n final varios art¨ªculos que recordaban expresamente el deber de respetar 'los derechos civiles de todos los americanos, incluyendo los ¨¢rabes americanos y los musulmanes americanos'. Eso no se est¨¢ cumpliendo. Un ejemplo es el de Haitham Bundakji, un ciudadano de origen jordano con 33 a?os de residencia en California y asesor religioso de la polic¨ªa del Condado de Orange, incluido en la lista de los 5.000 sospechosos de Ashcroft. Bundakji est¨¢ pensando en abandonar el pa¨ªs.

'No quiero vivir en un Estado policial; la mayor¨ªa de nosotros abandonamos reg¨ªmenes no democr¨¢ticos en Oriente Pr¨®ximo y ahora encontramos lo mismo aqu¨ª', declar¨® Bundakji a The New York Times. Decenas de musulmanes 'est¨¢n vendiendo sus negocios y sus propiedades y se van' por miedo al acoso policial y al odio de sus vecinos, indic¨® a su vez Bassam Mahdawi, director del diario californiano en ¨¢rabe Al Watan. Incluso las donaciones a organizaciones caritativas, obligatorias seg¨²n la religi¨®n musulmana, han ca¨ªdo en picado: los ciudadanos temen que cualquier limosna a una entidad con nombre ¨¢rabe les acarree la visita del FBI.

El miedo entre los musulmanes se acrecienta por el secreto que rodea a las detenciones, practicadas casi siempre bajo la cobertura de presuntas infracciones de los reglamentos sobre inmigraci¨®n. Siete parlamentarios enviaron una carta a John Ashcroft en la que exig¨ªan saber el nombre y el paradero de los 1.182 detenidos (la cifra fue revelada por el Departamento de Justicia el 5 de noviembre; no ha habido m¨¢s datos desde entonces) en torno a los atentados del 11 de septiembre. Uno de los firmantes, el senador dem¨®crata Russ Feingold, indic¨® que 'lo m¨ªnimo' que pod¨ªa hacer el Gobierno era 'entregar una lista de qui¨¦nes est¨¢n retenidos y por qu¨¦'. El Departamento de Justicia les ha respondido esta semana, por escrito, que el Servicio de Inmigraci¨®n y Naturalizaci¨®n no ofrecer¨ªa ning¨²n dato 'para no invadir el derecho a la privacidad' de los detenidos. Un p¨¢rrafo m¨¢s abajo se ofrec¨ªa una explicaci¨®n menos c¨ªnica: 'La publicaci¨®n de las identidades de esos individuos y su paradero podr¨ªa tener un impacto negativo en la investigaci¨®n'.