La necesaria reforma del Senado

Los socialistas discutir¨¢n de aqu¨ª a febrero un documento sobre pol¨ªtica auton¨®mica para incorporarlo al programa electoral de las elecciones del 2003 y cuyo eje central es la propuesta de reforma de la Constituci¨®n para modificar las funciones y sistema de elecci¨®n del Senado. Es una propuesta que se sit¨²a a medio camino entre el reformismo federalista de Maragall y la hasta hace poco mayoritaria resistencia a cualquier modificaci¨®n constitucional.

El texto, aprobado el jueves por el Consejo Territorial del PSOE -que agrupa a presidentes de comunidades y dirigentes regionales-, no cuestiona el modelo auton¨®mico definido en el T¨ªtulo Preliminar de la Constituci¨®n y tampoco el reparto competencial del T¨ªtulo VIII. Se limita a proponer en el t¨ªtulo dedicado a las Cortes Generales cambios tendentes a reforzar la especializaci¨®n del Senado como C¨¢mara de representaci¨®n territorial. La propuesta es prudente: con peque?os retoques en la Constituci¨®n puede convertirse al Senado en cauce para la integraci¨®n de los nacionalismos sin comprometer la coherencia del Estado auton¨®mico.

La reciente pol¨¦mica a cuenta de la exclusi¨®n de candidatos avalados por los nacionalistas en la renovaci¨®n de diversos organismos institucionales (sobre todo el Tribunal Constitucional) ha vuelto a poner de manifiesto la ausencia de mecanismos que garanticen la representaci¨®n equilibrada de los intereses territoriales en las instituciones del Estado. Ello contradice la l¨®gica del Estado de las autonom¨ªas, uno de cuyos objetivos esenciales es precisamente estimular la participaci¨®n de los nacionalismos perif¨¦ricos en la pol¨ªtica com¨²n. Desde hace a?os vienen plante¨¢ndose f¨®rmulas para llenar ese vac¨ªo. Pero la propuesta federalista m¨¢s radical choca con dos dificultades: que obliga a una reforma sustancial de la Constituci¨®n, incluido su t¨ªtulo preliminar, para la que seguramente no habr¨ªa el consenso necesario, y que podr¨ªa no resultar funcional dado el muy diferente peso demogr¨¢fico de las 17 comunidades aut¨®nomas. Precisamente, una de las caracter¨ªsticas que posibilita la funcionalidad de los sistemas federales es que sus componentes suelen ser de parecida dimensi¨®n.

En 1994 se intent¨® una soluci¨®n sin reforma constitucional: la creaci¨®n (mediante una simple modificaci¨®n del Reglamento del Senado) de una Comisi¨®n General de las Comunidades Aut¨®nomas, que concentrase todas las funciones reconocidas al Senado que guardasen relaci¨®n con las autonom¨ªas. El invento no ha funcionado: por desinter¨¦s de los partidos y porque su sistema de elecci¨®n hace que sea una r¨¦plica redundante del Congreso. Fue clamoroso el caso del Plan Hidrol¨®gico Nacional (PHN), un asunto repleto de contenido auton¨®mico, y cuyo debate en el Senado habr¨ªa estado m¨¢s que justificado. Pero el Gobierno del PP demostr¨® a la primera oportunidad que sus anunciados prop¨®sitos de realzar el papel institucional de la C¨¢mara alta no eran cre¨ªbles.

La propuesta que ahora afinan los socialistas pretende aumentar las competencias del Senado y establece un sistema de elecci¨®n en el que prime m¨¢s el factor territorial. Hay f¨®rmulas ya ensayadas en otros pa¨ªses perfectamente aplicables. Uno de los efectos ser¨ªa favorecer las alianzas entre comunidades, con independencia de su signo pol¨ªtico, para impulsar determinadas iniciativas, algo improbable entre partidos.

Se trata, por tanto, de una reforma viable y que podr¨ªa crear el marco para otras como la de institucionalizar la relaci¨®n entre el presidente del Gobierno y los de las autonom¨ªas, el establecimiento de un debate anual sobre el Estado auton¨®mico y otras que actualmente dependen del humor de Moncloa. Por ello, tan err¨®neo ser¨ªa que el PP la descalificara de entrada como que los socialistas olvidaran que para que se convierta en realidad y no en un mero ep¨ªgrafe del programa electoral necesita como m¨ªnimo el acuerdo del otro gran partido nacional.