El bloqueo del Gobierno retrasa el traspaso real de las pol¨ªticas activas de empleo hasta 2003

El ministro de Administraciones P¨²blicas, Jes¨²s Posada, eludi¨® el pasado lunes comprometerse a una fecha exacta para el traspaso de las pol¨ªticas activas de empleo a Andaluc¨ªa, anunciada desde 1998 hasta por tres ministros del Gobierno central. Al margen de las sospechas 'pol¨ªticas' de los socialistas sobre los motivos del retraso, lo cierto es que el bloqueo de la negociaci¨®n impedir¨¢ que la Junta decidida sobre la distribuci¨®n de 70.000 millones de pesetas en una materia tan sensible hasta 2003, aunque el acuerdo se alcance antes de que termine este a?o. Desde que el PP est¨¢ en el Gobierno central, Andaluc¨ªa tan s¨®lo ha recibido el traspaso de las competencias de Justicia.

02/01/1998 Javier Arenas: 'Vamos a cerrar este asunto en 1998 y la Junta lo sabe desde hace mucho tiempo'

09/10/2000 J. C. Aparicio: 'La negociaci¨®n sobre el traspaso ha recibido un nuevo impulso'

21/12/1999 Manuel Pimentel: 'En ning¨²n caso se va a llegar a primavera sin un acuerdo'

'El deseo del Gobierno es que espec¨ªficamente con efectos de enero de 2002 el traspaso de las pol¨ªticas activas de empleo a Andaluc¨ªa se haya culminado'. Juan Chozas, secretario general de Empleo, no podr¨¢ ver cumplido su deseo, manifestado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo. Entre otras cosas porque su jefe, Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo, se niega a dar el visto bueno a un acuerdo cerrado hace siete meses. Una situaci¨®n que llev¨® al ministro de Administraciones P¨²blicas, Jes¨²s Posada, a evitar esta semana poner fecha a la transferencia m¨¢s reclamada por la Junta de Andaluc¨ªa. Y la m¨¢s anunciada por ministros del PP en los ¨²ltimos cuatro a?os.

En la Consejer¨ªa de Empleo, que negocia con el Ministerio desde 1996, saben desde septiembre que el 'deseo' de Chozas es imposible. El d¨ªa 10 de aquel mes, Posada se entrevist¨® con el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarr¨ªas, apenas unos d¨ªas despu¨¦s de que el Gobierno y las comunidades afectadas (todas salvo Euskadi y Navarra) firmaran el pacto de financiaci¨®n auton¨®mica, que acababa con cinco a?os de exclusi¨®n de las comunidades socialistas (Andaluc¨ªa, Extremadura y Castilla La Mancha) del r¨¦gimen general. Para que las pol¨ªticas activas de empleo pudieran ser gestionadas directamente por la Junta en 2002 era indispensable que de aquel encuentro saliera un compromiso firme, que pusiera en marcha los largos tr¨¢mites administrativos necesarios en una traspaso.

Pero de aquel encuentro no salieron nada m¨¢s que buenas palabras y una nueva cita entre Zarr¨ªas y Posada, que tuvo lugar la semana pasada. Y de esta ¨²ltima reuni¨®n, ning¨²n compromiso del ministro de Administraciones P¨²blicas, lo que levant¨® las cr¨ªticas airadas del PSOE y una espiral de enfrentamiento dial¨¦ctico con los populares que recuerda ya al de la pasada legislatura.

'Aunque haya acuerdo antes del 1 de enero, ya no habr¨¢ tiempo para que el Gobierno realice los tr¨¢mites pertinentes y la Junta no podr¨¢ hacerse cargo del dinero, no ser¨¢ un traspaso efectivos hasta 2003', aseguran fuentes de Empleo, que insisten en que esos tr¨¢mites ten¨ªan que haber empezado hace m¨¢s de un mes. La Junta hab¨ªa aceptado en primavera congelar el traspaso de las pol¨ªticas activas de empleo hasta que no se llegase a un acuerdo en el modelo de financiaci¨®n auton¨®mica. El acuerdo se logr¨® pero pas¨® septiembre, la ¨²ltima fecha disponible para que la transferencia fuese efectiva en 2002, y el Gobierno central no sac¨® del congelador las pol¨ªticas activas de empleo.

Seg¨²n los n¨²meros de Empleo, el nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica apenas tendr¨¢ incidencia en el traspaso. La elecci¨®n de un nuevo a?o base (1999) para el c¨¢lculo de la financiaci¨®n auton¨®mica s¨®lo supondr¨ªa unos 150 millones m¨¢s al a?o sobre el coste efectivo de la transferencia, 8.000 millones anuales. La decisi¨®n de esperar al pacto auton¨®mico tuvo m¨¢s que ver con el deseo de la Junta de no crispar a¨²n m¨¢s las relaciones con el Gobierno central con nuevas reclamaciones, ante la importancia de la negociaci¨®n para las arcas auton¨®micas.

El acuerdo qued¨® de hecho sellado en primavera. Frente a los 'problemas t¨¦cnicos' que arguye el ministro de Trabajo ¨²ltimamente (este peri¨®dico intent¨® sin ¨¦xito que el Ministerio precisara cu¨¢les eran estos obst¨¢culos), las dos Administraciones tienen ya los n¨²meros del pacto.

El principal escollo t¨¦cnico de la negociaci¨®n se salv¨® definitivamente en marzo. Entonces la Consejer¨ªa de Empleo y el Ministerio de Trabajo acordaron aparcar la cesi¨®n de los fondos que financian las obras que permiten a los trabajadores agrarios acceder a subisidios (el antiguo PER). Ambas administraciones decidieron cogestionar estos 22.000 millones de pesetas anuales hasta que todas las comunidades hayan recibido las pol¨ªticas activas de empleo y se apruebe la ley estatal que regular¨¢ el nuevo modelo de Servicio P¨²blico de Empleo.

Con la decisi¨®n de adoptar un modelo de cogesti¨®n para los fondos del antiguo PER, el resto del acuerdo fue mucho m¨¢s f¨¢cil, ya que algunas cuentas llevaban a?os hechas. Los funcionarios traspasados ser¨¢n 1.627 y las oficinas que se transferir¨¢n desde el Instituto Nacional de Empleo ser¨¢n 190. Se calcul¨® 861.438 pesetas por funcionario en concepto de gasto de funcionamiento. A esto se a?adi¨® 770 millones anuales para inversiones y otros 1.000 millones incluidos en un fondo de nivelaci¨®n para atender a proyectos de obras ya iniciados en estas instalaciones y los centros nacionales de formaci¨®n de Almer¨ªa y Sevilla, que tambi¨¦n pasar¨¢n a la Junta. En total, 8.000 millones como coste efectivo del traspaso.

Esos 8.000 millones anuales son los que permitir¨¢n a la Junta mantener la estructura necesaria para gestionar los 40.000 millones que cada a?o vienen a Andaluc¨ªa como pol¨ªticas activas de empleo, un amplio abanico de iniciativas que incluyen casas-taller, escuelas de oficios, servicios de intermediaci¨®n entre empresas y desempleados o financiaci¨®n de programas de empleo en corporaciones locales y fundaciones. Los 8.000 millones de coste del traspaso, los 22.000 millones del antiguo PER y los 40.000 millones de las pol¨ªticas activas de empleo suman los 70.000 millones anuales en los que la Junta cifra el traspaso.

El acuerdo t¨¦cnico entre Junta y Gobierno era tal que ambas administraciones hablaron en primavera de c¨®mo evitar duplicidades entre los funcionarios que quedar¨ªan adscritos al INEM (que mantiene el pago de la prestaci¨®n por desempleo) y los que pasar¨ªan a la Junta en las oficinas m¨¢s de localidades m¨¢s peque?as. S¨®lo falta la decisi¨®n pol¨ªtica; la misma que permitir¨¢ a Extremadura La Rioja, Baleares y Castilla-Le¨®n recibir estas competencias en enero, o la que permite ya a Catalu?a, Canarias, Galicia, Madrid, Navarra, Valencia y Asturias distribuir esos fondos.