El Gobierno aprueba la Ley de Formaci¨®n Profesional con el rechazo de ocho autonom¨ªas

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer el anteproyecto de Ley Org¨¢nica de Formaci¨®n Profesional y de las Cualificaciones (FP). La norma, entre otras medidas, integra las FP reglada, ocupacional y continua. Tambi¨¦n crea una acreditaci¨®n que reconoce la experiencia laboral. Las seis comunidades gobernadas por socialistas, as¨ª como Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco consideran que el texto 'invade sus competencias' en la medida en que crea una 'red de centros de referencia nacional' del Ministerio de Educaci¨®n y la 'exclusi¨®n de las comunidades de la futura elaboraci¨®n del cat¨¢logo de titulaciones'. Tambi¨¦n ven 'regresivo' que las Administraciones elijan el director de los centros y no el Consejo Escolar.

Las principales novedades que introduce el anteproyecto de Ley de FP -elaborado entre los ministerios de Educaci¨®n, Trabajo y Asuntos Sociales- son la integraci¨®n de las tres FP (la reglada que se ense?a ahora en los institutos de secundaria, la ocupacional y la continua), el reconocimiento mediante una acreditaci¨®n de la experiencia laboral, la elaboraci¨®n de un cat¨¢logo de cualificaciones (que se adecuar¨¢ a las directivas europeas) y la creaci¨®n del sistema de evaluaci¨®n para adaptar la oferta de FP a las necesidades del mercado.

Pero el texto incluye otros aspectos que han desatado la pol¨¦mica entre las comunidades. El anteproyecto se?ala:

- Se crear¨¢ 'una red de centros de referencia nacional, con implantaci¨®n en todas las comunidades aut¨®nomas, que podr¨¢n incluir acciones formativas dirigidas a estudiantes, trabajadores ocupados y desempleados'.

- 'La Administraci¨®n General del Estado determinar¨¢ los t¨ªtulos que constituir¨¢n las ofertas de formaci¨®n profesional'. Y a?ade 'las administraciones educativas podr¨¢n ampliar los contenidos de los correspondientes t¨ªtulos de FP'.

- 'La direcci¨®n de los centros integrados de FP ser¨¢ nombrada mediante un procedimiento de libre designaci¨®n por la Administraci¨®n competente, entre funcionarios p¨²blicos docentes, previa consulta a los ¨®rganos colegiados del centro'.

La ministra de Educaci¨®n, Pilar del Castillo, ha convocado ya para el pr¨®ximo lunes al Consejo General de la Formaci¨®n Profesional (integrado por el Gobierno, representantes de las comunidades, los sindicatos y las empresas) para presentarles un informe y los resultados del II Plan de la Formaci¨®n Profesional. De la ¨²ltima reuni¨®n de este consejo, celebrada antes del verano, se salieron ocho comunidades, casi la mitad de las 17 existentes.

El PSOE presentar¨¢ en el Congreso una enmienda a la totalidad del anteproyecto y un texto alternativo, anunci¨® ayer la portavoz de Educaci¨®n del PSOE en el Congreso, Amparo Valcarce. Para los socialistas, esta ley 'invade competencias auton¨®micas con la creaci¨®n de la red nacional de centros de referencia y es un agravio que las excluya de la elaboraci¨®n del sistema nacional de cualificaciones, algo muy grave porque las comunidades son las que saben sus necesidades espec¨ªficas de profesionales', a?ade. Tampoco es admisible que los directores de los centros 'sean elegidos a dedo por las administraciones y no por el consejo escolar de cada centro', formado por la direcci¨®n y representantes de los profesores, alumnos y padres.

El PSOE denuncia, adem¨¢s, el 'grave' problema de la financiaci¨®n: 'Las cantidades que aporta el Fondo Social Europeo son cofinanciadas con cada Gobierno, que debe completarlas, y la recepci¨®n est¨¢ en funci¨®n de la justificaci¨®n de los fondos concedidos en el quinquenio precedente. Espa?a va a perder en el periodo 2000-2006 unos 25.000 millones de pesetas que el ministerio no justific¨® del quinquenio 1995-2000 por la incapacidad de la ministra de ejecutar los programas correspondientes'.

Los sindicatos (que, seg¨²n dijo Pilar del Castillo, han apoyado el texto) manifestaron ayer reticencias hacia algunas de las medidas. Para CC OO, 'a pesar de que el proceso seguido ha permitir crear una base de acuerdo, eso no quiere decir que ¨¦ste pueda utilizarse contra las cr¨ªticas de las comunidades a cuestiones como la creaci¨®n de una red de centros de referencia o la falta de una mayor financiaci¨®n', se?ala el secretario general de la Federaci¨®n de Ense?anza de este sindicato, Fernando Lezcano. 'Ante todo, se debe buscar el consenso, tambi¨¦n con las comunidades aut¨®nomas', a?ade

El sindicato de la ense?anza STES opina que el anteproyecto 'supone un intento claro de privatizar la FP, lo que perjudicar¨¢ a la formaci¨®n reglada que se imparte en los centros educativos porque se subordina esta modalidad de FP a los intereses de los empresarios' y la Uni¨®n Sindical Obrera considera que esta ley 'contin¨²a siendo demasiado ambigua'. A?ade que hay aspectos positivos en ella, pero menciona otros negativos, como su 'tono marcadamente laboral'.