Las cuentas del Gobierno incluyen 6.095 millones sin cobrar desde 1996

La C¨¢mara de Cuentas ha detectado en la contabilidad del Gobierno regional del a?o 2000 que ¨¦ste incluye, en su remanente de tesorer¨ªa, una partida de 6.095 millones de pesetas (36,6 millones de euros) que corresponden a un impuesto de transmisiones cuyo cobro est¨¢ en el aire desde hace cinco a?os. Este impuesto, que grava las concesiones administrativas, est¨¢ relacionado con los 85.000 millones de pesetas que la compa?¨ªa Airtel (ahora Vodafone) pag¨® al Estado al resultar adjudicataria, el 3 de febrero de 1995, de una licencia para actuar como operador de telefon¨ªa m¨®vil.

En diciembre de 1996, la Uni¨®n Europea estim¨® que esta suma de 85.000 millones de pesetas (510,8 millones de euros) deb¨ªa ser devuelta a Airtel, porque Telef¨®nica no hab¨ªa pagado nada por disponer del mismo derecho. A pesar de la reclamaci¨®n de Airtel y del posterior fallo emitido por la UE a su favor, Antonio Beteta, entonces consejero de Hacienda de la Comunidad, sostuvo que el Gobierno regional ten¨ªa derecho a cobrar un impuesto por esta concesi¨®n administrativa. Airtel recibi¨® una liquidaci¨®n por la cual deb¨ªa pagar a la Comunidad 3.400 millones de pesetas de cuota, 655 millones de intereses de demora y 2.040 millones m¨¢s de sanci¨®n.

El Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallard¨®n insiste desde entonces en reclamar el pago de este impuesto y defiende sus intereses en los tribunales. Pero primero el Tribunal Econ¨®mico-administrativo Regional (en mayo de 1999) y luego el Tribunal Econ¨®mico-administrativo Central (en noviembre de 2000) han resuelto a favor de Airtel. Ahora, el Gobierno de la Comunidad ha llevado el caso hasta la Audiencia Provincial de Madrid.

A pesar de la larga batalla legal, estos 6.095 millones de pesetas siguen figurando como remanente de tesorer¨ªa en la contabilidad examinada por la C¨¢mara de Cuentas. Adolfo Pi?edo, diputado regional del PSOE, sostiene que esta pr¨¢ctica 'es una manera de maquillar las cuentas del Ejecutivo'. Y Franco Gonz¨¢lez (IU) ha pedido la comparecencia del presidente de la C¨¢mara de Cuentas, Ram¨®n Mu?oz ?lvarez, para que aclare el asunto. 'El Gobierno regional hace o¨ªdos sordos a las recomendaciones dictadas por la C¨¢mara de Cuentas', afirma Gonz¨¢lez.

Fernando Prats, director general de Tributos de la Comunidad, est¨¢ convencido de que ese dinero reclamado podr¨¢ engrosar las arcas regionales. 'Nuestra obligaci¨®n es recurrir. Pero lo que no s¨¦ es por qu¨¦ esta cantidad figura [en los Presupuestos regionales] como remanente de tesorer¨ªa. Yo soy experto en impuestos, no en cuentas', dice. El informe de la C¨¢mara de Cuentas indica que el Gobierno regional ha perdido uno de los recursos por no presentar en fecha la documentaci¨®n ante el Tribunal Econ¨®mico-administrativo Central. 'Es un error de la C¨¢mara de Cuentas. S¨ª se ha presentado en plazo y as¨ª se lo hemos notificado a su presidente', asegura Prats.

El director general de Tributos sostiene que Airtel debe pagar este impuesto de transmisiones, sobre los 85.000 millones de pesetas que pag¨® en su d¨ªa por la licencia de telefon¨ªa, porque esta cantidad no fue devuelta por el Estado a la compa?¨ªa, pese al dictamen de la UE. Prats opina que el acuerdo al que lleg¨® el Gobierno central para compensar a Airtel no merma el derecho de Ruiz-Gallard¨®n a cobrar este impuesto. El Ejecutivo central no devolvi¨® el dinero a Airtel, sino que le compens¨® con una ampliaci¨®n en la vigencia de la licencia y una mejora en la frecuencia; adem¨¢s, le permiti¨® usar infraestructuras de Telef¨®nica.

La herencia de Masaveu

Un portavoz de Airtel (ahora Vodafone) afirmo ayer: 'No debemos pronunciarnos sobre un asunto que todav¨ªa est¨¢ pendiente de ser resuelto en los tribunales, pero para nosotros est¨¢ claro que la resoluci¨®n de la UE prima sobre cualquier otra cuesti¨®n'.

En los derechos pendientes de cobro que figuran en las cuentas del Gobierno regional siguen estando los 11.060 millones de pesetas que corresponden al devengado sobre la herencia del millonario Pedro Masaveu, cuyos herederos liquidaron el impuesto de sucesiones al Principado de Asturias. La Comunidad de Madrid entiende que este dinero debi¨® ser ingresado en sus arcas porque Masaveu viv¨ªa en Madrid. Alberto Ruiz-Gallard¨®n mantiene un contencioso similar con el Gobierno de Cantabria, que fue el beneficiario del legado del banquero Emilio Bot¨ªn.

Juan Bravo, consejero de Hacienda, se?al¨® ayer que la Comunidad har¨¢ valer sus derechos. 'La liquidaci¨®n de la herencia de Bot¨ªn est¨¢ en torno a los 8.500 millones de pesetas. En el contencioso que mantenemos hemos aportado una prueba determinante, y es que Emilio Bot¨ªn present¨® su ¨²ltima liquidaci¨®n de patrimonio en Madrid', explic¨®.

Los derechos sobre las herencias de Masaveu y Bot¨ªn est¨¢n pendientes de resoluci¨®n en el Tribunal Supremo. El fallo se producir¨¢, previsiblemente, este a?o.