El Arzobispado de Valladolid se ampara en el Concordato y no da las cuentas a la juez de Gescartera
La instituci¨®n de Valladolid recurre contra el auto que le requiere sus cuentas de 2000 y 2001
El Arzobispado de Valladolid se ha negado a entregar a la juez Teresa Palacios, que instruye el caso Gescartera, la contabilidad de los a?os 2000 y 2001, que la magistrada le reclama. Se escuda el Arzobispado en los acuerdos suscritos entre Espa?a y la Santa Sede en 1979 donde se establece que 'el Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y dem¨¢s documentos pertenecientes' a la Iglesia. El Arzobispado a?ade que su contabilidad de 2000 y 2001 'no guarda relaci¨®n' con la investigaci¨®n, pues en el 2000 no invirtieron y en el 2001 invirtieron pero perdieron.
El Arzobispado de Valladolid se niega a remitir a la Audiencia Nacional la contabilidad de los dos ¨²ltimos a?os y ha presentado un recurso de reforma del auto judicial donde considera que esa solicitud 'no es ajustada a derecho ni pertinente, ya que la prueba solicitada no guarda relaci¨®n alguna con los hechos que se est¨¢n investigando': el esc¨¢ndalo de Gescartera, la agencia de valores en la que fueron estafados 1.383 clientes y se evaporaron 15.578 millones de pesetas (93,6 millones de eruos).
La abogada del Arzobispado argumenta que s¨ª entreg¨® 'los documentos que acreditan la relaci¨®n financiera' que ¨¦ste 'mantuvo con la entidad Gescartera durante los a?os 1996 y 1999 y que eran soporte de la nota manuscrita entregada por el se?or ec¨®nomo en su comparecencia' ante el juzgado. El ec¨®nomo Enrique Peralta tambi¨¦n esgrimi¨® una nota manuscrita como resumen de sus inversiones en Gescartera durante su comparecencia en la comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n de este esc¨¢ndalo. Los diputados le reclamaron tanto una copia de la nota como de los documentos que en ella se resum¨ªan. Pero Peralta nunca remiti¨® esa informaci¨®n al Parlamento.
En su negativa al requerimiento de la juez, el Arzobispado se escuda en el art¨ªculo 1.6 del Concordato, firmado entre el Estado espa?ol y la Santa Sede en 1979. Ese art¨ªculo dice: 'El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y dem¨¢s documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal espa?ola, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las ?rdenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesi¨¢sticas'. El Arzobispado se ampara en este art¨ªculo 'para solicitar la inviolabilidad de sus documentos', que considera 'privados'. Y a?ade que 'no alberga duda alguna respecto a la valoraci¨®n e interpretaci¨®n que el juzgado realizar¨¢ del acuerdo internacional citado'. Pese a esta determinaci¨®n de ampararse en el Concordato para no facilitar su contabilidad, el Arzobispado aclara que 'no tiene inconveniente en no acogerse' a esa excusa si el juzgado 'estima, justifica y expresa que exite relaci¨®n directa entre la prueba solicitada y los hechos objeto de investigaci¨®n'.
Seg¨²n su argumentaci¨®n, el Arzobispado fue tambi¨¦n v¨ªctima de Gescartera, pues aunque en 2000 no invirti¨® all¨ª, en febrero de 2001 coloc¨® 25 millones de pesetas y los perdi¨®. El problema, para la investigaci¨®n judicial, es que durante los primeros meses de 1999, el Arzobispado de Valladolid fue presuntamente el principal colaborador de Gescartera en su tarea de enga?ar a los t¨¦cnicos de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En aquellas fechas, como se document¨® en la comisi¨®n parlamentaria, el Arzobispado ofreci¨® las m¨¢s diversas y contradictorias respuestas a la pregunta de la CNMV de cu¨¢nto dinero ten¨ªa en Gescartera, aunque el m¨¢ximo eran 30 millones de pesetas. Pero en mitad de esa investigaci¨®n fallida de la CNMV -en la que se intent¨® apoyar el equipo de Supervisi¨®n que dirig¨ªa David Vives para reclamar la intervenci¨®n de la sociedad de cartera-, Enrique Peralta recuper¨® 1.100 millones de pesetas de Gescartera. Las contradicciones del econ¨®mo se repitieron en sus declaraciones en el Parlamento, donde dijo que los 1.100 millones proced¨ªan de donaciones y letras del Tesoro, pero ante la juez matiz¨® que hab¨ªa vendido fincas recibidas en herencia para invertir en Gescartera. El ec¨®nomo fue condenado por hacer mal uso de una herencia.
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