El Arzobispado de Valladolid dice ahora que entregar¨¢ su contabilidad sobre Gescartera

El Arzobispado de Valladolid se desdijo ayer del recurso presentado ante la Audiencia Nacional para negarse a entregar a la juez Teresa Palacios, que instruye el caso Gescartera, su contabilidad de los a?os 2000 y 2001 ampar¨¢ndose en el Concordato entre Espa?a y la Santa Sede de 1979. Ayer dijo que est¨¢ dispuesto a dar esa documentaci¨®n, pues 'no tiene inconveniente en no acogerse al Concordato si la juez lo estima conveniente'. La negativa del arzobispado cre¨® un gran malestar en la Audiencia, donde recuerdan que la obstrucci¨®n a la justicia es delito. Ese juzgado, seg¨²n fuentes cercanas al mismo, 'no tolerar¨¢ ninguna burla o afrenta'. La juez y el fiscal decidir¨¢n hoy qu¨¦ hacer sobre la negativa del arzobispado.

El abogado del Arzobispado de Valladolid, Jes¨²s G¨®mez-Escolar, reiter¨® ayer su convicci¨®n de que el Concordato ampara a su cliente y, por tanto, no tiene por qu¨¦ entregar la documentaci¨®n que le reclama la juez que investiga el esc¨¢ndalo de Gescartera. Sin embargo, el arzobispado estar¨ªa dispuesto a entregar su contabilidad si la juez desestima el recurso de reforma con el que se ha negado a cumplir el requerimiento judicial. La aportaci¨®n de esa documentaci¨®n, seg¨²n dijo a Efe el abogado del arzobispado, se har¨ªa por su voluntad de colaboraci¨®n, ya que 'no tendr¨ªa por qu¨¦ hacerlo puesto que los acuerdos de 1979 de Espa?a con la Santa Sede amparan la inviolabilidad de la documentaci¨®n de la Iglesia'.

La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, respalda esta opini¨®n. Su portavoz dijo que la inviolabilidad de los documentos de la Iglesia, en principio, es 'absoluta' por la aplicaci¨®n del art¨ªculo 1.6 del Concordato. 'Es lo mismo que cuando hay un crimen cometido por un diplom¨¢tico, no puede ser juzgado en el lugar en el que se cometi¨® el crimen'.

El juzgado n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional, que instruye Gescartera, discrepa radicalmente de esta opini¨®n. El teniente fiscal Anticorrupci¨®n Luis L¨®pez Sanz y dos acusaciones particulares han impugnado el recurso de reforma presentado por el arzobispado. La juez Teresa Palacios resolver¨¢ hoy ese recurso tras reunirse con el fiscal y los peritos para evaluar la marcha de las investigaciones y estudiar nuevas acciones a emprender. Desde la fiscal¨ªa se argumenta que aunque el arzobispado no est¨¢ imputado s¨ª est¨¢ obligado, como testigo, a colaborar con la investigaci¨®n judicial y que se le ha pedido su contabilidad de los a?os 2000 y 2001 para averiguar cu¨¢les fueron entonces sus inversiones en Gescartera.

No invirti¨® en 2000

El arzobispado esgrime que no invirti¨® nada en el a?o 2000 y s¨®lo 25 millones de pesetas en 2001, que, adem¨¢s, ha perdido. El problema es que en 1999 el ec¨®nomo del arzobispado, Enrique Peralta, tambi¨¦n dec¨ªa que s¨®lo hab¨ªa colocado 30 millones de pesetas y despu¨¦s recuper¨® 1.100 millones (6,6 millones de euros). Peralta argument¨® primero que ese dinero proced¨ªa de la venta de letras del Tesoro y luego record¨® que lo obtuvo de la venta de alguna herencia. Adem¨¢s, el ec¨®nomo Peralta ha sido condenado por hacer mal uso de una herencia.

La contabilidad del arzobispado de los a?os 2000 y 2001 fue reclamada inicialmente por la acusaci¨®n particular que representa a los hermanos Rico, que perdieron en Gescartera cerca de 800 millones de pesetas. En su recurso de impugnaci¨®n a la negativa del arzobispado, el letrado de estos damnificados subraya que s¨®lo 'se trata de saber si un inversor importante de Gescartera hizo lo que dijo que hizo, y para ello hay que comprobar su contabilidad'. Este abogado recuerda la escasa colaboraci¨®n del ec¨®nomo Peralta con la investigaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en los primeros meses de 1999.

Fuentes cercanas al juzgado subrayan que el Concordato no puede amparar 'espacios de impunidad' para nadie; recuerdan que si el arzobispado persiste en su negativa podr¨ªa incurrir en un delito de obstrucci¨®n a la justicia, y advierten de que la juez podr¨ªa incluso ordenar la entrada y registro en su sede para obtener los documentos exigidos.