La Audiencia de Granada ordena la prisi¨®n de dos m¨¦dicos por un aborto

La Audiencia Provincial de Granada ha dado cinco d¨ªas de plazo a un ginec¨®logo y al propietario de una cl¨ªnica autorizada de interrupci¨®n del embarazo para que ingresen en prisi¨®n y cumplan una condena de ocho meses por practicar en 1991 un aborto. Tanto la Audiencia de Granada como el Tribunal Supremo declararon ilegal el aborto porque cont¨® con el respaldo de una psic¨®loga y no de un m¨¦dico psiquiatra.

'Ya no s¨¦ qu¨¦ pensar. No s¨¦ si se trata de una persecuci¨®n racista porque gran parte de los m¨¦dicos implicados en abortos en cl¨ªnicas autorizadas en Espa?a somos extranjeros. Yo nac¨ª en Colombia, pero trabajo en Espa?a desde hace cuarenta a?os', explica tembloroso de indignaci¨®n Bol¨ªvar Osvaldo Serge, el ginec¨®logo que siete a?os despu¨¦s de practicar un aborto en apariencia legal puede ingresar en prisi¨®n la semana pr¨®xima. El hecho de que ambos fueran reincidentes (fueron condenados en 1998 por un caso exactamente igual) impide la postergaci¨®n del castigo.

Bol¨ªvar Serge era colaborador m¨¦dico de la Cl¨ªnica Il¨ªberis, dirigida por Mohamed Zacar¨ªas, el otro condenado, cuando en 1995, y a la vista de un informe favorable de la psic¨®loga que habitualmente interven¨ªa en tales casos, fue requerido para practicar un aborto a una mujer que alegaba grave riesgo para su salud mental.

Como en otras interrupciones de embarazo, la cl¨ªnica no ten¨ªa duda de que actuaba legalmente y que era suficiente con el informe de la psic¨®loga del centro para certificar el da?o que la continuaci¨®n de la gestaci¨®n pod¨ªa causar en la mujer. Sin embargo, la denuncia presentada por el compa?ero sentimental de la embarazada convirti¨® una intervenci¨®n m¨¦dica ordinaria en un caso judicial.

La Audiencia de Granada y, posteriomente, el Supremo descalificaron a la psic¨®loga y alegaron que, seg¨²n la ley, carec¨ªa de los conocimientos necesarios para certificar los da?os ps¨ªquicos a que estaba expuesta la mujer. A juicio de ambos tribunales, el certificado s¨®lo pod¨ªa expedirlo un m¨¦dico, en este caso un psiquiatra. No obstante, el Supremo redujo en cuatro meses la condena inicial de un a?o a que fueron condenados Serge y Zacar¨ªas por la Audiencia granadina. Parad¨®jicamente, la psic¨®loga fue absuelta, as¨ª como la mujer que voluntariamente acudi¨® a la cl¨ªnica para abortar.

'Se consult¨® entonces al Ministerio de Justicia sobre la capacitaci¨®n de la psic¨®loga y contest¨® que no era un asunto de su competencia. La cl¨ªnica recurri¨® luego al Ministerio de Sanidad y Consumo, que ni siquiera respondi¨®. La cl¨ªnica interpret¨® que quien calla otorga y continu¨® aceptando la mediaci¨®n de la psic¨®loga en todos los casos. Yo, como ginec¨®logo colaborador, no estaba obligado a conocer los matices legales y acept¨¦ el informe que me extendieron', recuerda Serge, que ya ha cumplido la primera parte de la condena: la inhabilitaci¨®n para ejercer su profesi¨®n durante ocho meses.

Los abogados de ambos condenados, ante la inminencia de su ingreso en prisi¨®n, han pedido que que no se ejecute la sentencia hasta que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso de amparo por vulneraci¨®n de la tutela de la justicia efectiva presentado con anterioridad. Adem¨¢s, hace diez d¨ªas iniciaron una recogida de firmas para solicitar el indulto al Gobierno.

Bol¨ªvar Osvaldo Serge asegur¨® ayer que a¨²n no ha recibido la requisitoria de ingreso en prisi¨®n de la Audiencia de Granada. A partir de su recepci¨®n tendr¨¢ cinco d¨ªas para ir a la c¨¢rcel voluntariamente. En caso contrario, se le declarar¨ªa en busca y captura. El ginec¨®logo se mostr¨® 'destrozado' por la posibilidad de ingresar en la c¨¢rcel apenas unas semanas despu¨¦s de haber cumplido los ocho meses de suspensi¨®n en el ejercicio de sus funciones profesionales, que le ha procurado graves inconvenientes econ¨®micos.