?Una sola mujer en el Tribunal Supremo?

El pasado 23 de enero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombr¨® a la magistrada Milagros Calvo nueva integrante de la Sala Social del Tribunal Supremo. Es la primera vez que una mujer ingresa en el m¨¢ximo ¨®rgano jurisdiccional espa?ol. Hemos de felicitarnos por un hecho que es, en s¨ª mismo, positivo al tratarse del ¨²nico ¨®rgano judicial sin presencia de mujeres. Se supera as¨ª un anacronismo sin justificaci¨®n alguna.

Sin embargo, su nombramiento ha estado inmerso en un grave desencuentro. El mismo d¨ªa que la Sra. Calvo, perteneciente a la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, era nombrada, fueron rechazadas tres mujeres, por lo menos tan meritorias para sendas vacantes del Tribunal Supremo: Margarita Robles y Soledad Cazorla para la Sala Penal y Alicia Camacho para la Sala de lo Contencioso-administrativo, todas ellas propuestas por el sector progresista.

El grupo conservador -los 10 vocales propuestos por el Partido Popular y el propuesto por CIU que han conformado un pacto de hierro-, junto con el Presidente del Consejo, impuso sin contemplaciones que las cuatro plazas deb¨ªan ser ocupadas por magistrados y juristas conservadores. Los ocho vocales progresistas decidimos abstenernos en la votaci¨®n del nombramiento de la primera mujer del Tribunal Supremo, no por estar en contra del mismo. Nuestra disconformidad radical estribaba en la discriminaci¨®n ideol¨®gica ejercida hacia las otras candidatas, a las que, ante su evidente idoneidad, se les cerr¨® el paso por no ser afines al sector conservador.

A esta discriminaci¨®n por exclusivas sinrazones ideol¨®gicas, se a?ade un hecho tambi¨¦n grave: se romp¨ªa un pacto previo gracias al cual, en la pol¨ªtica de nombramientos, se tendr¨ªa en cuenta, junto al m¨¦rito y capacidad de los candidatos, la pluralidad ideol¨®gica y asociativa existente en la carrera judicial, respetando, en fin, la proporcionalidad. Los acuerdos est¨¢n para ser cumplidos. Es una exigencia ¨¦tica aplicable sin excepciones a la pol¨ªtica y que en este caso se ha volatilizado. Esta quiebra del consenso ha ido adem¨¢s precedida de una actitud sectaria en otros temas tales como la selecci¨®n y formaci¨®n de jueces, el modelo de Escuela Judicial, la Inspecci¨®n de los Tribunales y la renovaci¨®n de los contratos de letrados integrantes de los ¨®rganos t¨¦cnicos del Consejo. Todo ello explica la crisis institucional abierta y que a partir de ahora debe ser superada.

La incorporaci¨®n de la mujer a la Carrera Judicial es ya un hecho irreversible de tal forma que en las ¨²ltimas promociones m¨¢s de un 60% son mujeres. Se ha de recordar que les era una profesi¨®n legalmente prohibida en Espa?a hasta el a?o 1966. No fue, empero, si no hasta la recuperaci¨®n de la democracia que una mujer accedi¨® a la toga: en el mes de diciembre de 1977, hace ya veinticuatro a?os. En estos momentos el 40% de la carrera judicial est¨¢ formada por mujeres. Sin embargo, en los puestos relevantes de la c¨²pula judicial las mujeres no estamos representadas. Para empezar, en el propio CGPJ hemos pasado de cinco a dos -de las cuales ninguna ha sido propuesta por la mayor¨ªa parlamentaria conservadora-; en el Tribunal Supremo, de 98 Magistrados hasta ahora ninguna mujer hab¨ªa accedido. De las 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, ninguna est¨¢ ocupada por magistradas. De las cincuenta audiencias provinciales s¨®lo tres tienen a su frente mujeres. En suma, la toma de decisiones judiciales y gubernativas de los m¨¢ximos ¨®rganos jurisdiccionales est¨¢ en manos masculinas.

Este panorama invita a reparar una injusticia hist¨®rica; el momento no pod¨ªa ser m¨¢s propicio. En cambio, la mayor¨ªa conservadora ha optado por nombrar a un sola mujer como s¨ªmbolo de una decisi¨®n que era inaplazable. Pero la exclusi¨®n de otras de, cuando menos, igual idoneidad constituye una muestra del rechazo de una real y efectiva pol¨ªtica de promoci¨®n de mujeres acreditadamente capaces. No es una cuesti¨®n de cuotas. Para el desempe?o de la funci¨®n jurisdiccional, los candidatos y candidatas deben ser escogidos por su m¨¦ritos y capacidad demostrados. Indudablemente, de entre todos ellos debe escogerse el o la mejor. As¨ª, es leg¨ªtimo que en situaciones de igualdad de m¨¦ritos prime la elecci¨®n de la mujer ante su insignificante presencia en las c¨²pulas de nuestros tribunales. De este modo se hace efectivo el principio de igualdad en el sector p¨²blico y la paridad en los ¨®rganos colegiados de m¨¢xima responsabilidad.

La pol¨ªtica de consenso es absolutamente imprescindible para el funcionamiento de un ¨®rgano de gobierno que en su origen es necesariamente plural, al estar elegido en las C¨¢maras que representan la soberan¨ªa popular. Los veinte vocales del Consejo somos fruto de ese consenso, pero no somos los representantes de las fuerzas pol¨ªticas que han propiciado nuestro nombramiento. La andadura de este Consejo se inici¨®, adem¨¢s, en el contexto pol¨ªtico del Pacto de Estado para la Justicia, firmado por el PP y el PSOE y apoyado por el resto de grupos parlamentarios, basado en la convicci¨®n de que s¨®lo desde una actuaci¨®n unitaria pod¨ªa abordarse con solvencia la necesaria reforma de la Justicia, la gran asignatura pendiente de nuestra democracia. Ninguna credibilidad pol¨ªtica tendr¨¢ el Pacto de Estado si el ¨®rgano de gobierno del Poder Judicial no recrea en su interior el necesario consenso en su actuaci¨®n, funcionamiento y organizaci¨®n.

La pol¨ªtica de laminaci¨®n de todas las decisiones que suponen respetar el pluralismo dentro de la Administraci¨®n de Justicia debe ser sustituida por la recuperaci¨®n del concierto activo basado en el respeto al pluralismo y el di¨¢logo con el sector minoritario con voluntad honesta de llegar a acuerdos no meramente ret¨®ricos, sino reales y positivos para la mejora de la Justicia. Los progresistas no vamos a tirar la toalla. No apostamos por el bloqueo ni por la ruptura de la instituci¨®n. Por el contrario, apostamos firmemente por la recuperaci¨®n del consenso que presidi¨® los inicios de nuestra andadura. El presidente tiene para ello una posici¨®n clave para hacer posible el co-gobierno. Ello es la consecuencia ineludible de la responsabilidad de todos en contribuir a un nuevo impulso del Pacto de Estado, basado en la efectividad de unas medidas inmediatas de reforma, que sean cre¨ªbles para los ciudadanos y para los Jueces.

El desenlace de la pol¨ªtica de nombramiento de mujeres no apunta, lamentablemente, en esta direcci¨®n. Sin embargo, los objetivos son tan relevantes que seguimos empe?ados en ellos y creemos necesario dar una nueva oportunidad para abordar desde la inequ¨ªvoca buena fe el rumbo que nos demanda la sociedad.

Montserrat Comas d'Argemir es magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial.