El Consell prev¨¦ suprimir la reserva de plaza
La decisi¨®n de Eduardo Zaplana, anunciada hace un a?o, de adoptar iniciativas para paliar la precariedad laboral de los empleados p¨²blicos, que la doctrina oficial prefiere reducir a temporalidad, se ha traducido hasta la fecha en grandes declaraciones ante diversos foros, pero la ausencia de convocatorias de empleo p¨²blico impide cualquier cambio sustancial.
Los problemas en el seno del aparato de la Generalitat responden al inter¨¦s del Consell del PP por mantener en la cuerda floja a buena parte de los altos cargos para garantizarse su fidelidad y para colocar a directivos afines en puestos de responsabilidad. Pero tambi¨¦n es producto de una inercia perversa que se ha extendido como uso habitual
Asumir una plaza en comisi¨®n de servicio y recibir la correspondiente mejora salarial es una forma c¨®moda de eludir la presi¨®n que supone someterse a un concurso de m¨¦ritos.
'El sistema de m¨¦ritos no gusta, por eso ha estallado el aparato', sintetiza un alto funcionario al servicio de la Administraci¨®n del Estado, que invoca la independencia profesional y de criterio que supone 'no deber nada a nadie' cuando uno ejerce su trabajo al servicio de los ciudadanos.
Una fuente de la Consejer¨ªa de Administraci¨®n P¨²blica sugiere que la futura ley de Funci¨®n P¨²blica permitir¨¢ resolver gran parte de los problemas que se han enquistado en el aparato de la Generalitat. Pero admite que los documentos que maneja el Consell deben someterse a toda una serie de filtros antes de llegar a las Cortes, un paso que debe producirse antes de fin de a?o, pero dif¨ªcilmente antes.
Una de las propuestas que prev¨¦ introducir el Consell en la nueva ley de funci¨®n p¨²blica es la supresi¨®n de la denominada reserva de puesto. En la actualidad, los funcionarios designados provisionalmente en una plaza que no tienen en propiedad a trav¨¦s de la comisi¨®n de servicios tiene la garant¨ªa de que volver¨¢n a su puesto una vez satisfechas las necesidades, supuestamente temporales, que aconsejaron su traslado. Pero la nueva ley prev¨¦ suprimir esa garant¨ªa y s¨®lo establece el retorno a un puesto de la misma categor¨ªa.
La propuesta pretende evitar que las comisiones de servicio se arrastren en orden descendente cada vez que se traslada a un funcionario.
Pero en paralelo, los primeros borradores que se conocen de la nueva norma prev¨¦n la creaci¨®n de una nueva figura, el denominado directivo p¨²blico, que supone una apuesta por la elecci¨®n de altos cargos en raz¨®n de la confianza pol¨ªtica muy por encima de los m¨¦ritos profesionales.
Por el momento, el texto s¨®lo establece que los directivos p¨²blicos podr¨¢n ser designados entre profesionales de prestigio ajenos al aparato administrativo para tareas determinadas en raz¨®n de su perfil profesional.
Pero las supuestas condiciones objetivas que establecer¨¢n la adecuaci¨®n del perfil de los profesionales a los puestos que deben ocupar evoca la situaci¨®n actual de la Generalitat, donde una cuarta parte de los jefes de servicio han sido designados a dedo y deben su posici¨®n a la confianza de sus superiores pol¨ªticos.
Los propios representantes sindicales de los empleados p¨²blicos mantienen posiciones divergentes en torno a la posibilidad de consolidar plazas ocupadas temporalmente, aunque s¨®lo en los niveles inferiores de la Administraci¨®n. Mientras la FSP de UGT apuesta por la proliferaci¨®n de los denominados 'puestos barrados', es decir, por elevar a empleados de categor¨ªa D a cargos de categor¨ªa C, la paralela federaci¨®n de CCOO rechaza cualquier v¨ªa de promoci¨®n al margen de las previstas en la ley.
Y mientras los sindicatos discrepan en torno a las posibilidades de promoci¨®n en los escalones inferiores de la Generalitat, el Consell del PP se rodea de altos cargos afines a trav¨¦s de la libre designaci¨®n o mediante comisiones de servicio.
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