Un diputado apela al Constitucional para lograr la lista de cargos recolocados por la Generalitat

Ante la falta de transparencia del Gobierno catal¨¢n s¨®lo queda la v¨ªa del Tribunal Constitucional. El diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Ridao ha decidido pedir amparo al Alto Tribunal para acceder a informaci¨®n que el Ejecutivo de Jordi Pujol le ha negado reiteradamente: la lista de todos los ex altos cargos de la Generalitat y ex diputados que siguen vinculados con la Administraci¨®n catalana despu¨¦s de cesar en el cargo. El diputado del Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi ?lex Masllorens, que persigue la misma informaci¨®n desde hace meses, medita tambi¨¦n recurrir al Constitucional.

El Gobierno catal¨¢n se excusa, para justificar las sucesivas negativas a facilitar la informaci¨®n, en la confidencialidad de los datos requeridos por los parlamentarios. Ridao y Masllorens, cada uno por su lado, han presentado en el ¨²ltimo a?o varias preguntas parlamentarias sobre la recolocaci¨®n de altos cargos, pero siempre se han encontrado con la negativa de la consejera de Gobernaci¨®n, N¨²ria de Gispert. ?sta ha dado algunas pistas, como por ejemplo ofrecer cifras globales, pero sin concretar los nombres: en una respuesta a Masllorens asegur¨® que actualmente hay 49 ex altos cargos -entendidos de forma restrictiva, es decir, exclusivamente secretarios generales y directores generales- que siguen vinculados a la Administraci¨®n catalana tras su cese.

No obstante, De Gispert se ha negado una y otra vez a facilitar la identidad de las personas afectadas alegando el 'derecho a la intimidad, a la privacidad y a la dignidad personal' de los trabajadores de la Generalitat, seg¨²n contest¨® por en¨¦sima vez a Ridao en una respuesta por escrito entregada el 15 de febrero. La consejera justifica su decisi¨®n en la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos (LOPD) y ha dado a entender que si alguien proporciona esta informaci¨®n incurre en una ilegalidad

La advertencia es como m¨ªnimo un aviso para navegantes. En mayo del a?o 2001, Ridao logr¨® la lista completa de los asesores y del personal eventual del Gobierno catal¨¢n, lo cual puso en apuros al Ejecutivo al revelar la existencia de m¨¢s de 200 asesores nombrados sin ning¨²n tipo de control. Una veintena de ellos percib¨ªan sueldos superiores al de los mismos consejeros.

Poco despu¨¦s de que la lista se difundiera cesaron los dos altos cargos que hab¨ªan facilitado el trabajo a Ridao: el director general de Relaciones con el Parlament, Josep Manuel Silva, fue apartado de su puesto y trasladado al Gabinete Jur¨ªdico de la Generalitat -hoy es director del Centro de Estudios Jur¨ªdicos y Formaci¨®n Especializada-, mientras que la directora general de la Funci¨®n P¨²blica, Maria ?ngels Gonz¨¢lez, tambi¨¦n ces¨® y se ha reincorporado a la Administraci¨®n como inspectora de Ense?anza.

Como consecuencia de la iniciativa de Ridao y del esc¨¢ndalo desatado, el Parlament ha obligado al Gobierno catal¨¢n, a instancias de ERC y del Partido Popular, a hacer p¨²blica anualmente la lista de asesores, que se public¨® por primera vez en el Diari Oficial de la Generalitat a principios de febrero. No obstante, la lista difundida muestra s¨®lo los cargos existentes y evita facilitar los nombres de las personas que los desempe?an, as¨ª como el salario que perciben. Esquerra tiene presentada una proposici¨®n no de ley en la C¨¢mara, cuyo debate sigue pendiente, para exigir que la lista se publique con la identidad de las personas, a lo que el Gobierno se niega de nuevo alegando el derecho a la intimidad de sus trabajadores.

Poco despu¨¦s de difundir su informe sobre altos cargos, Ridao extendi¨® su b¨²squeda al campo de los ex altos cargos que siguen vinculados a la Administraci¨®n tras su cese, una l¨ªnea de investigaci¨®n en la que se ha encontrado tambi¨¦n con ?lex Masllorens, pero que, ante las reiteradas negativas de De Gispert, ya no tiene camino por recorrer dentro de la v¨ªa parlamentaria convencional.

V¨ªa cerrada

En consecuencia, el diputado republicano ha dado los primeros pasos para adoptar una medida muy inusual en Catalu?a y que Masllorens tambi¨¦n est¨¢ meditando emprender: pedir amparo al Tribunal Constitucional para forzar al Ejecutivo catal¨¢n a entregar los datos reclamados. En un escrito presentado el pasado 26 de febrero, Ridao solicita a la Mesa del Parlament que le garantice por escrito que 'se ha cerrado el tr¨¢mite parlamentario' de las preguntas que present¨® referentes a la reubicaci¨®n de ex altos cargos en la Administraci¨®n. Obtener esta garant¨ªa formal es el paso previo exigido para interponer el recurso de amparo, como recuerda el propio Ridao en el escrito donde hace manifiesta su voluntad de acudir al Alto Tribunal.

Ridao considera que N¨²ria de Gispert, con su negativa, obstaculiza el trabajo parlamentario y ¨¦sta es la raz¨®n que le llevar¨¢ al Constitucional. Es la 'falta de transparencia' de la Administraci¨®n, y no la situaci¨®n concreta de los ex altos cargos que siguen trabajando para la Generalitat, lo que le subleva. 'En muchos casos se trata de funcionarios que tienen toda la legitimidad del mundo para seguir en la Administraci¨®n despu¨¦s de haber sido altos cargos, pero es inadmisible que el Gobierno quiera ocultar la informaci¨®n', subraya.

Pese al obstruccionismo del Gobierno, el diputado republicano dispone ya de una lista parcial, extra¨ªda de un amplio informe sobre la Administraci¨®n catalana, que est¨¢ elaborando con material disperso que ha reunido gracias a m¨²ltiples preguntas parlamentarias. El equipo t¨¦cnico de Esquerra en el Parlament est¨¢ siguiendo el rastro de los m¨¢s de 1.000 altos cargos que ha tenido la Generalitat desde su restauraci¨®n y ha llegado a la conclusi¨®n, a¨²n provisional, de que un porcentaje muy alto sigui¨® vinculado a la Administraci¨®n tras su cese, por lo menos durante un tiempo, aunque a trav¨¦s de f¨®rmulas muy diversas.

En la lista parcial de Ridao sobre ex altos cargos que siguen vinculados a la Administraci¨®n se observan situaciones muy dispares. En algunos casos se trata de personas que eran funcionarias antes de su designaci¨®n y que tras cesar han regresado al mismo puesto que ocupaban.

Asesores

Un ejemplo es el citado de Maria ?ngels Gonz¨¤lez, ex directora general de la Funci¨®n P¨²blica. Seg¨²n una respuesta de De Gispert, entre 1997 y 2001 hay cinco casos como ¨¦ste. Otra posibilidad, m¨¢s frecuente -16 casos entre 1997 y 2001-, es la de funcionarios que tras cesar siguen en la Administraci¨®n, pero no en el puesto que ocupaban antes de convertirse en altos cargos, sino en lugares mejor retribuidos: uno de ellos es el ex consejero de Ense?anza Xavier Hern¨¢ndez, ex funcionario de prisiones y hoy vinculado al Departamento de Justicia a trav¨¦s del proyecto de Ciudad Judicial de Barcelona y L'Hospitalet.

En muchos casos, la v¨ªa de recolocaci¨®n es la figura del asesor, lo que entronca con el trabajo inicial de Ridao, si bien los datos en este caso son del pasado mayo. El Ejecutivo no da publicidad a estos nombramientos discrecionales y evita expresamente revelar su identidad, pero en el informe que Ridao present¨® en mayo aparecen varios ex altos cargos que tras cesar siguieron recibiendo un sueldo de la Administraci¨®n como asesores: entre otros, Pere Sust, ex secretario general de Deportes, asesor de Cultura; Enric Prior, ex director general de Emergencias y Seguridad Civil, que pas¨® a asesorar a Industria; Miquel Reniu, ex director general de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica, a Universidades; Jordi Peix, ex director general de Medi Natural, a Agricultura, y Josep Laporte, ex consejero de Sanidad y Ense?anza, sigui¨® vinculado a Sanidad como asesor.

Otra v¨ªa es hacerse cargo de empresas p¨²blicas -Albert Juanola, ex director general de Estructuras Agrarias, dirige Promotora de Exportacions Catalanes, SA (Prodeca), y Joan Ignasi Puigdollers, ex consejero de Medio Ambiente, preside Regs de Catalunya, SA- o de instituciones vinculadas a los respectivos departamentos, como el Centro de Estudios Jur¨ªdicos y Formaci¨®n Especializada, donde han encontrado acomodo Josep Manuel Silva, ex director general de Relaciones con el Parlament, y Francesc Jim¨¦nez Gusi, ex secretario sectorial de Ejecuci¨®n Penal.