El fiscal exculpa del fraude al PER a 46 acusados y pide para otros dos una pena que podr¨¢n eludir

El juicio por el mayor fraude al Plan de Empleo de Empleo Rural (PER) de la provincia de M¨¢laga, celebrado ayer, dur¨® menos de cinco minutos. Nada m¨¢s empezar la vista, el fiscal retir¨® los cargos contra 46 de los 48 acusados y rebaj¨® sensiblemente las penas contra los dos ¨²nicos procesados contra los que mantuvo su acusaci¨®n, para los que pidi¨® 18 meses de c¨¢rcel y una multa de 1.081.821 euros. Debido a que ambos imputados ya estuvieron siete meses en prisi¨®n preventiva, probablemente no ser¨¢n encarcelados. El juicio qued¨® visto para sentencia.

El fiscal, Antonio Morales, exculp¨® a casi la totalidad de los encausados, vecinos de Antequera, en base a un fallo del Supremo por un caso similar en el municipio malague?o de Moclinejo. En esa sentencia de junio pasado, el alto tribunal absolvi¨® a los jornaleros al entender que para que hubieran cometido fraude deber¨ªan haberse embolsado una cantidad superior a los 60.000 euros (10 millones de pesetas), cifra que en ninguno de los dos casos se acercaba ni remotamente a lo percibido por los encausados, que cobraban un subsidio mensual que oscilaba entre los 198 (33.000 pesetas) y los 330 euros (55.000 pesetas).

Al margen del fallo que adopte ahora la sala tercera de la Audiencia provincial, casi con total seguridad el Instituto Nacional de Empleo (INEM) le reclamar¨¢ el reembolso de las cantidades indebidamente percibidas, como ha hecho en el caso de Moclinejo. El fraude fue cometido en Antequera entre los a?os 1990 y 1994 y supuso un desembolso indebido para el INEM de unos 975.000 euros (162 millones de pesetas).

El ministerio p¨²blico -que el lunes pasado pidi¨® el aplazamiento del juicio para presentar una nueva calificaci¨®n- rebaj¨® adem¨¢s las penas que ped¨ªa para los dos ¨²nicos imputados contra los que ha mantenido su acusaci¨®n.

As¨ª, frente a los seis a?os de c¨¢rcel que reclamaba con anterioridad para el matrimonio formado por Mar¨ªa Rosario E. C. y Narciso P. P., ayer pidi¨® 18 meses de privaci¨®n de libertad como cooperadores necesarios en un delito de fraude de ayudas p¨²blicas. Fuentes judiciales daban por hecho que podr¨¢n eludir la pena dado que ambos ya cumplieron siete meses en prisi¨®n preventiva. En su calificaci¨®n, Morales pidi¨® adem¨¢s para la pareja una multa de 1.081.821 euros (180 millones de pesetas) o pena sustitutiva de 35 d¨ªas de arresto, sanci¨®n que tambi¨¦n podr¨ªan eludir ya que es probable que sean declarados insolventes.

Tras escuchar esta petici¨®n, ambos procesados manifestaron su conformidad ante la sala y ¨¦sta, sin m¨¢s tr¨¢mite, declar¨® el juicio visto para sentencia. Momentos despu¨¦s, el principal imputado, manifestaba que 'se ha hecho justicia' porque el fraude fue 'tolerado y consentido con la connivencia pasiva de la administraci¨®n'. Seg¨²n el procesado, porque en los a?os en que se produjeron las irregularidades 'aquello era un bebedero pol¨ªtico; entonces, todos los pueblos de Andaluc¨ªa ten¨ªan problemas con los jornaleros, y en Antequera no ten¨ªamos ninguno porque los jornaleros y sus hijos com¨ªan'.

El fraude fue detectado porque el matrimonio ten¨ªa una explotaci¨®n ganadera demasiado peque?a para generar tantos jornales. Seg¨²n el relato de los hechos de la fiscal¨ªa, llegaron a certificarse 27.808 peonadas falsas. Los esposos cobraban entre tres y cuatro euros por cada jornal que certificaban sin que se hubiera realizado y casi 600 euros por los tr¨¢mites si los futuros beneficiarios del subsidio ten¨ªan que ser inscritos en el r¨¦gimen especial agrario.

Entre los absueltos, la mayor¨ªa mujeres de m¨¢s de 45 a?os, tambi¨¦n exist¨ªa la convicci¨®n de que se hab¨ªa hecho justicia. 'Lo hice porque no ten¨ªa ni 20 duros para una barra de pan', admiti¨® una mujer. Otra apunt¨®: 'No me siento delincuente. No estoy orgullosa de lo que hice, pero el Gobierno deber¨ªa tener subvenciones para casos de necesidad y que no tuvi¨¦ramos que andar con estas cosas.