Nueve familias gitanas de Sant Cugat, desalojadas de un campamento
'Llevaban ocho a?os en un asentamiento que no les costaba ni un duro y ten¨ªan agua y luz; ?por qu¨¦ van a volver a un piso de 40 metros cuadrados, que les cuesta dinero, si no es con la esperanza de que les proporcionar¨¢n piso y trabajo?'. As¨ª se expresaba Jos¨¦ Antonio Ortiz, el abogado de las nueve familias gitanas -que suman unas 80 personas- que abandonaron ayer un campamento situado en la carretera de Molins de Rei tras recibir una orden de desalojo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vall¨¨s.
A primera hora de la ma?ana, la Polic¨ªa Municipal acudi¨® al asentamiento con dos gr¨²as. Los gitanos no abandonaron el lugar hasta que arrancaron el compromiso del alcalde, Llu¨ªs Recoder, de CiU, de volver a reunirse el pr¨®ximo d¨ªa 16 de abril. El consistorio tambi¨¦n se comprometi¨® a pagar parte del aparcamiento para que las familias guarden sus caravanas y camiones.
Estas familias viv¨ªan desde 1999 en pisos de alquiler en Rub¨ª, y hace tres semanas regresaron al campamento por considerar 'indignas', las condiciones de los pisos. Su abogado explica que lo que quieren las familias 'son pisos de protecci¨®n oficial de Adigsa y de propiedad'. Esto ya lo intent¨® en 1998 el consistorio de Sant Cugat, 'y se obtuvo un no como respuesta', manifest¨® la concejal de Servicios Sociales, Merc¨¨ Conesa.
Las familias vivieron en este campamento, en el t¨¦rmino municipal de Sant Cugat, desde 1991 hasta 1999. Este ¨²ltimo a?o firmaron un convenio, junto al consistorio y los Servicios Comunitarios de la Generalitat de Catalu?a, por el que se les sufragaba la mitad del gasto de alquiler. Las familias se trasladaron a pisos de Rub¨ª y se acogieron a un programa de integraci¨®n de cinco a?os, cuyo objetivo, afirm¨® Conesa, no es 'ayudar a una persona toda la vida, sino acostumbrarla a que se organice econ¨®micamente'. El programa preve¨ªa reducir la subvenci¨®n en un 10% progresivamente hasta que las familias 'fueran aut¨®nomas'. Despu¨¦s de dos a?os, el consistorio y el Gobierno catal¨¢n siguen sufragando el 50% del alquiler.
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