Una sentencia judicial permitir¨¢ reconstruir la muralla de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha comunicado al Ministerio de Hacienda que conceder¨¢ la licencia para la reconstrucci¨®n del tramo de muralla que se derrumb¨® en junio de 2000, obra a la que se opon¨ªa el equipo de gobierno popular. Una sentencia judicial ha respaldado el proyecto del ministerio, seg¨²n el dictamen t¨¦cnico del arquitecto Francisco Jurado, frente a las decisiones mantenidas firmemente por el alcalde y su equipo.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, al que recurrieron frente al Ayuntamiento el Ministerio de Hacienda (propietario de la muralla, perteneciente al Patrimonio del Estado) y afectados de las casas, estableci¨® que 'no son conforme a derecho y procede su anulaci¨®n' de los decretos de la alcald¨ªa que determinaron la situaci¨®n de ruina de los edificios adosados y el desalojo de los vecinos, porque se deduce que con sus informes t¨¦cnicos el Ayuntamiento no ha acreditado el estado de ruina de los edificios.

Al tiempo, la decisi¨®n judicial ha dejado expedito el paso para que el Ministerio de Hacienda pueda restaurar el desplome de la muralla, con el torre¨®n que presta asiento al espacio literario del Huerto de Calixto y Melibea, que el Ayuntamiento mantuvo cerrado durante a?o y medio como medida de presi¨®n, a pesar de ser uno de los puntos m¨¢s visitados por los turistas.

Tras el derrumbamiento del lienzo de muralla en la Puerta de San Pablo la noche del 4 de junio de 2000, surgieron dos posiciones encontradas en torno a la recuperaci¨®n de ese muro medieval. Por un lado, el alcalde de la ciudad, Juli¨¢n Lanzarote (PP), y su equipo de gobierno, encontraron en el desplome el pretexto para desalojar a los vecinos de una docena de viviendas adosadas desde hace un siglo (el efecto del desplome afectaba s¨®lo a dos), sobre las que ya hab¨ªan manifestado la intenci¨®n de expropiaci¨®n para dejar expedita la muralla. Desde ese criterio, con apoyo de los t¨¦cnicos municipales, era necesario derribar las viviendas para poder reconstruir el lienzo amurallado.

Por otra parte, los decretos de la alcald¨ªa ahora anulados por el juzgado no s¨®lo toparon con la esperada oposici¨®n de los vecinos de las casas y negocios, sino tambi¨¦n con el Ministerio de Hacienda, que, como propietario de la muralla, pretendi¨® restaurar el monumento. No obstante, se encontr¨® con la oposici¨®n del alcalde y su grupo, ya que desde Hacienda se entend¨ªa que se pod¨ªan ejecutar las obras de restauraci¨®n sin el derribo de los edificios, de acuerdo con un informe t¨¦cnico favorable emitido por el arquitecto Francisco Jurado (el responsable de la restauraci¨®n del Acueducto de Segovia, sinagogas y mezquitas en Toledo, murallas de Zamora y Atienza, castillo de B¨¦tera y obras notables en Madrid y Granada, entre otras intervenciones), que evalu¨® entonces los costes en 180.000 euros, dictamen que tambi¨¦n respald¨® el arquitecto de la direcci¨®n general de Bellas Artes, Jos¨¦ Sancho Roda.

Derribo del dep¨®sito

?ste no es el primer enfrentamiento del equipo municipal del PP con grupos relacionados con la defensa del patrimonio cultural. Especial virulencia alcanzaron con motivo del derribo del dep¨®sito de aguas de la calle de Campoamor, una estructura de hormig¨®n construida en 1914 por el arquitecto Santiago Madrigal y que, seg¨²n el profesor Jos¨¦ Ignacio D¨ªez Elcuaz, supuso un hito en Espa?a por lo innovador del material y sus dimensiones. En funci¨®n de ese valor como referencia constructiva de principios de siglo y como elemento de primer orden en la memoria colectiva, la asociaci¨®n Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio articul¨® una campa?a para evitar el derribo proyectado por el Ayuntamiento, con la petici¨®n de que se estudiaran alternativas para su uso, en medio de una zona ajardinada. El equipo de gobierno, a pesar de los miles de firmas y la campa?a en medios de comunicaci¨®n, decidi¨® el derribo, para despejar un solar en parte del cual se construir¨¢n viviendas de promoci¨®n privada.