La ley de universidades catalana rectifica en aspectos cruciales el modelo de la LOU
El proyecto crea un cuerpo propio de profesores contratados fijos de la Generalitat
La futura Ley de Universidades de Catalu?a, la primera norma auton¨®mica que desarrolla la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU) que aprob¨® el Gobierno el pasado diciembre, intenta neutralizar algunos aspectos concretos -y no menores- del modelo que ha impuesto el PP a la educaci¨®n superior en Espa?a: rectifica el peso quitado por la norma b¨¢sica a la universidad en los consejos sociales, crea un cuerpo de contratados fijos y persigue recuperar una prueba ¨²nica de ingreso como la actual selectividad.
El Documento preparativo del Anteproyecto de Ley de Universidades, fue hecho p¨²blico el pasado viernes por el consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, que poco antes lo hab¨ªa presentado a los rectores catalanes. El Gobierno de CiU quiere introducir el anteproyecto de ley en el Parlamento auton¨®mico a finales de junio, antes de que se inicien las vacaciones de verano, de modo que la ley pueda aprobarse antes de que acabe el 2002. Todos los grupos parlamentarios y los sindicatos han recibido tambi¨¦n una copia. El Ejecutivo catal¨¢n quiere obtener el m¨¢ximo de consenso para esta ley, que puede marcar el modelo de desarrollo de la LOU, que no deja de ser una ley org¨¢nica sobre un sector totalmente transferido a las comunidades aut¨®nomas.
Se instaura una agencia que podr¨¢ vetar a los docentes contratados de las universidades
Catalu?a recupera el peso de los representantes acad¨¦micos en los consejos sociales
El borrador no es un texto articulado, lo que a¨²n lo hace m¨¢s abierto a cualquier sugerencia. Seg¨²n Mas-Colell, 'est¨¢ abierto para el debate, pero contiene las l¨ªneas maestras que deben articular la ley'. Los rectores han aprobado la creaci¨®n de una comisi¨®n para debatir esta ley. A finales de mayo, seg¨²n el titular de Universidades, 'debe haber un texto articulado'. 'Nos gustar¨ªa que el texto entrara en el Parlament antes de las vacaciones para que pudiera debatirse despu¨¦s del verano', a?adi¨®. No es de extra?ar este talante, en tanto que el Gobierno de CiU se mantiene en el poder gracias al apoyo parlamentario del PP que le proporciona una exigua mayor¨ªa de un s¨®lo voto. Si el sesgo que toma la ley se interpretara como que intenta desvirtuar la LOU, el Gobierno de Jordi Pujol tendr¨ªa graves problemas para sacarla adelante.
El borrador presentado por Mas-Colell -que tiene su origen en una serie de jornadas organizadas por la Generalitat en Sitges, que reunieron a la mayor¨ªa de los actores del mundo acad¨¦mico catal¨¢n- cuenta con una extensi¨®n de 45 p¨¢ginas, en parte porque integra dos leyes anteriores: la de consejos sociales y la del Consejo Interuniversitario de Catalu?a, y en parte porque incluye una considerable parte declarativa.
Es precisamente en lo que concierne a la regulaci¨®n de los consejos sociales donde el proyecto del Gobierno catal¨¢n incluye una de las m¨¢s importantes rectificaciones al modelo creado por la LOU. La ley de la ministra Pilar del Castillo refuerza, por un lado, el poder de las facultades y escuelas, y jerarquiza el funcionamiento de las universidades, pero, por otro, persigue el aumento del poder de los consejos sociales y diluye en ellos la presencia del sector acad¨¦mico al limitar a seis el n¨²mero de miembros de la universidad.
Muchos consejos sociales tienen ahora m¨¢s de 20 miembros y la mayor¨ªa son nombrados por el Parlamento o el Gobierno de turno. La soluci¨®n que contempla el borrador presentado por Mas-Colell consiste en reducir a 15 miembros el Consejo Social, de modo que la presencia de la universidad se mantiene en torno a un 40%. Otra novedad es la de incluir a un exalumno, un intento de crear las relaciones de sirgia que se dan en las grandes universidades anglosajonas.
Pero la parte m¨¢s importante del proyecto de la futura ley es la que se refiere a la pol¨ªtica de profesorado. El Gobierno de CiU lleva tiempo intentado romper el viejo sistema funcionarial. En la anterior legislatura, cuando el PP necesit¨® el apoyo de los nacionalistas catalanes, hubo varios intentos de reformar la antigua ley de universidades, la LRU, y todas ellas incid¨ªan en una reforma del cuerpo profesoral. Tambi¨¦n, en los ¨²ltimos a?os, se ha mencionado varias veces la posibilidad, absolutament¨¦ inviable bajo el viejo sistema, de que la Generalitat creara su propio cuerpo funcionarial de profesores, ni siquiera de establecer una carrera docente m¨¢s clarificada. Pero ahora, la consejer¨ªa encabezada por Mas-Colell ha optado por aprovechar el resquicio que abre la LOU con la creaci¨®n de la figura del 'profesor contratado doctor', al que permite ocupar hasta un 49% de total de la plantilla docente e investigadora de cada universidad, para regular 'categor¨ªas laborales estables'. Aunque no se trata de funcionarios, el proyecto contempla que estos profesores que dispondr¨¢n de contratos laborales indefinidos, dispongan de los mismos derechos e id¨¦nticas condiciones salariales, con las ¨²nicas limitaciones que establece la LOU, entre las que destaca el que no puedan acceder al cargo de rector.
'La LOU abr¨ªa la posibilidad, nosotros entramos a fondo', dijo Mas-Colell en la presentaci¨®n del proyecto, aunque quiso matizar que 'no se trata de cambios radicales, sino de abrir el abanico de posibilidades contractuales'. Las pretensiones de la futura ley catalana, sin embargo, s¨ª que parecen dirigirse hacia la creaci¨®n de este cuerpo propio: para estos profesores contratados, el borrador recupera la nomenclatura del proyecto universitario de la Generalitat republicana. Son tres categor¨ªas de docentes: el profesor lector, el catedr¨¢tico agregado y el catedr¨¢tico plenario. Seg¨²n explic¨® Mas-Colell, el profesor lector equivaldr¨¢ al profesor titular; el catedr¨¢tico agregado tendr¨¢ las mismas condiciones laborales y salariales que un catedr¨¢tico funcionario acabado de nombrar. En lo alto de la piramide estar¨¢ el catedr¨¢tico plenario, con las capacidades, emolumentos y capacidad docente e investigadora de un catedr¨¢tico funcionario con varios tramos de investigaci¨®n y docencia.
El borrador de la ley da a cada universidade libertad absoluta para crear las plazas de profesorado que crea convenientes y para seleccionar a los profesores que quiera contratar. En este punto, sin embargo, es donde entra la mano de la Administraci¨®n. El borrador de la ley establece un filtro: crea una nueva agencia, la Agencia Catalana de Evaluaci¨®n de la Investigaci¨®n (que se suma a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario), pero que a diferencia de ¨¦sta tendr¨ªa una composici¨®n con mayor¨ªa de miembros nombrados por el Ejecutivo, y a la que otorga la 'emisi¨®n de informes' sobre 'la actividad investigadora' de los tres tipos de profesores antes citados, lo que convierte a esta agencia en un organismo que homologar¨ªa a los profesores que cada universidad quisiera contratar. ?ste ha sido uno de los puntos que m¨¢s rechazo ha despertado entre los rectores catalanes. Para el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, se trata de una 'inadmisible injerencia en la autonom¨ªa universitaria' y de un 'filtro' impuesto por el Ejecutivo.
La 'inevitable' resurrecci¨®n de la prueba de selectividad
El borrador de la futura Ley de Universidades de Catalu?a no ha podido evitar entrar en uno de los grandes vac¨ªos que deja la LOU: el de la selecci¨®n del alumnado cuando la oferta de plazas es inferior a la demanda; es decir, lo que durante muchos a?os se ha conocido como la selectividad. La Generalitat da la raz¨®n a quienes han criticado la imprevisi¨®n de la ministra Pilar del Castillo en este tema (el PSOE, IU, el Grupo Mixto y los partidos nacionalistas) y considera que es necesario que las universidades p¨²blicas ofrezcan un sistema com¨²n de selecci¨®n de estudiantes. 'El acceso al sistema universitario p¨²blico', dice el texto, 'ha de respetar los principios de igualdad, m¨¦rito y capacidad'. 'Los procesos selectivos, que tendr¨¢n en cuenta la oferta de plazas disponibles, han de ser transparentes, objetivos y an¨®nimos', a?ade. La Generalitat deber¨¢ 'adoptar las medidas necesarias para que las universidades p¨²blicas catalanas puedan coordinar el r¨¦gimen de admisi¨®n con el fin de garantizar que los estudiantes concurran a las diferentes universidades en igualdad de condiciones'. En definitiva, el proyecto propone que se cree 'un proceso global de acceso que respete la autonom¨ªa universitaria', lo que supone resucitar la selectividad.
Pero esto no casa con la futura ley de Calidad con la que el PP quiere reformar la educaci¨®n secundaria, que prev¨¦ una Prueba General de Bachillerato o rev¨¢lida al final del bachillerato. Los alumnos que quieran acceder a determinadas carreras -S¨®lo en las que haya plazas suficientes no habr¨¢ problema- deber¨¢n someterse a dos ex¨¢menes. El consejero Andreu Mas-Colell hizo equilibrios para explicar que no deber¨ªa ser as¨ª. La futura ley, dijo, 'establecer¨¢ no la necesidad pero s¨ª la posibilidad de constituir, voluntariamente y en los casos que sea necesario, un sistema de acceso similar a la selectividad actual, con adaptaciones para mejorar un mejor ajuste de estudiantes y plazas, pero manteniendo el principio de un tratamiento igual, objetivo y an¨®nimo porque s¨®lo el m¨¦rito y la capacidad deben contar'. La Generalitat, a?adi¨® Mas-Colell, 'no puede obligar a nada; simplemente abre la posibilidad a que todas las universidades participen en un proceso voluntario y de coordinaci¨®n en la organizaci¨®n del acceso'. El Ejecutivo catal¨¢n, explic¨®, estudia un sistema para evitar las dos pruebas y est¨¢ trabajando con el departamento de Ense?anza para que la rev¨¢lida pueda tener las dos funciones.
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