El Gobierno argentino abre el camino legislativo para obtener la ayuda del FMI

La d¨¦bil coalici¨®n parlamentaria que sostiene al presidente argentino Eduardo Duhalde logr¨® aprobar en el Senado, en medio de los gritos y las acusaciones de la oposici¨®n, la derogaci¨®n de la Ley de Subversi¨®n Econ¨®mica que permit¨ªa a los jueces someter a proceso a los banqueros y, tras otro esc¨¢ndalo similar en la C¨¢mara de los Diputados, aprobar tambi¨¦n las reformas a la Ley de Quiebras. Las dos leyes forman parte de las condiciones que exige el Fondo Monetario Internacional para reanudar la asistencia financiera al pa¨ªs, suspendida desde el pasado octubre.

La Ley de Subversi¨®n Econ¨®mica, aprobada en 1974 cuando el Gobierno peronista de entonces intentaba descubrir las fuentes de recursos de la guerrilla, fue utilizada luego por la dictadura militar para justificar la expropiaci¨®n de bienes y era un instrumento en desuso desde principios de los a?os ochenta hasta que los jueces la rescataron, despu¨¦s de montado el corralito alrededor de los bancos y ante la crisis del sistema financiero, para justificar las investigaciones y los procesos abiertos contra los acusados de ser c¨®mplices en la fuga de divisas del pa¨ªs.

La derogaci¨®n de la ley es una medida que arropa a la banca y una forma de devolver la confianza a los inversores y de calmar la estampida judicial de demandas de los ahorristas en reclamo de sus dep¨®sitos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) no quiere que la legislaci¨®n argentina haga responsables a los banqueros de la crisis financiera. Seg¨²n el fondo, esta ley desincentiva la presencia de la banca extranjera y descarga sobre la banca la responsabilidad del corralito, una medida adoptada por el Ejecutivo y no por las entidades.

Legislaci¨®n imprecisa

Los cr¨ªticos a la derogaci¨®n propon¨ªan el reemplazo de una ley de alcances tan imprecisos por la inclusi¨®n de art¨ªculos espec¨ªficos en el C¨®digo Penal. Los grupos parlamentarios mayoritarios pactaron su propia reforma, pero el acuerdo no funcion¨® en el Senado ante la sospecha y las acusaciones de algunos legisladores en el sentido de que se pretend¨ªa liberar y dejar impunes a los banqueros detenidos o bajo proceso.

Ante esta situaci¨®n, el presidente de la C¨¢mara de Diputados, el peronista Eduardo Cama?o, dijo que el proyecto para derogar la mencionada ley ser¨¢ enviado a las comisiones legislativas, que deben analizarlo antes del debate en el plenario.

No obstante, ya hay abiertos procesos por violar esta Ley de Subversi¨®n. En uno de esos casos, contra el Banco R¨ªo (filial del SCH), un juez argentino cit¨® a Ana Patricia Bot¨ªn para que prestase declaraci¨®n el pr¨®ximo 20 de mayo, en una causa por supuestas maniobras defraudatorias en perjuicio de los ahorristas. Un d¨ªa m¨¢s tarde deber¨¢ declarar William Sutton, titular del banco canadiense Nova Scotia, que en Argentina controla al Scotiabank Quilmes, entidad que suspendi¨® pagos.

Por otra parte, el debate sobre la Ley de Quiebras en la C¨¢mara de los Diputados fue igualmente escandaloso, pero entre fuerzas m¨¢s dispares. La mayor¨ªa aprob¨® las reformas por 178 votos positivos contra 47 negativos. Esta ley ya hab¨ªa sido retocada el pasado enero, pero entonces el FMI consider¨® que beneficiaba a los deudores. Los diputados reclamaban a su vez la protecci¨®n a las empresas de capital nacional que ir¨ªan a la quiebra, despu¨¦s de la devaluaci¨®n del peso en un 200%, porque no podr¨ªan afrontar sus deudas en d¨®lares por cr¨¦ditos tomados en el exterior.

El nuevo texto restituye el sistema que permite al acreedor, o a un tercero, hacerse cargo de la empresa en quiebra, pero pone determinados l¨ªmites para evitar el riesgo de una liquidaci¨®n o entrega masiva de bienes a bajo precio. Las reformas incluyen, adem¨¢s, la suspensi¨®n de ejecuciones judiciales por 180 d¨ªas, un periodo de exclusividad de entre 90 y 10 d¨ªas para que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores y, cumplido ese plazo, si considera que la propuesta es razonable, un juez puede 'imponer' el acuerdo aun cuando no cuente con la aprobaci¨®n de todos los acreedores. La reforma no alcanza a las empresas propietarias de cadenas de radio y televisi¨®n, sometidas a su vez a la Ley de Radiodifusi¨®n. Los diputados trataron de cubrir con esta excepci¨®n al Grupo Clar¨ªn, el de mayor influencia en el pa¨ªs, que mantiene una campa?a en defensa de 'las empresas argentinas'.