El fiscal pide 41 a?os para los acusados de una tala masiva en el parque de Baza

La Fiscal¨ªa ha pedido 13 a?os de c¨¢rcel para dos propietarios de una tienda de muebles y para el director del parque natural de Baza (Granada) por participar supuestamente en la tala de 13.000 ¨¢rboles y vender la madera. La Fiscal¨ªa pide otros 14 meses para el ex delegado de Medio Ambiente Rafael Salcedo, por 'amparar' el atentado. Tambi¨¦n ha sido acusado Alejandro Gonz¨¢lez, de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir.

El corte de madera se produjo varios meses despu¨¦s de que el director del parque Jos¨¦ Mar¨ªa Irurita Fern¨¢ndez,, a petici¨®n de Jos¨¦ Antonio Senes Torres y de su padre Jos¨¦ Antonio Senes P¨¦rez (propietarios de una empresa de muebles de Baza) autorizara sin ninguna precauci¨®n la retirada gratuita de la 'madera muerta o deteriorada' que encontraran en el espacio protegido. Los tres fueron m¨¢s all¨¢ de la retirada de la le?a desperdigada.

Entre los meses de mayo a noviembre de 1998, y en 'presencia f¨ªsica del director del parque', fueron talados al menos 12.934 ¨¢rboles a lo largo de las riberas de los arroyos Bodurria y Uclias, la mayor¨ªa ¨¢lamos y chopos castellanos, y en menor medida sauces y olmos. Los c¨¢lculos del fiscal echa por tierra la disculpa de que eran elementos enfermos. En las conclusiones provisionales el ministerio p¨²blico dice que al menos un 56% estaban sanos, aunque en algunas zonas la proporci¨®n se elevaba al 88%.

El fiscal precisa que el atentado natural se produjo con la 'pasividad y aquiescencia omisiva' de Rafael Salcedo, entonces delegado de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente. Salcedo fue advertido por escrito de lo que estaba ocurriendo en enero, febrero y marzo de 1999 por la Asociaci¨®n Proyecto Sierra de Baza, que ejercita la acusaci¨®n.

La madera procedente de la tala fue intervenida por orden de un juzgado de Baza pero los empresarios, de nuevo 'en connivencia' con el director del parque y 'con desprecio absoluto al mandato judicial y con el mismo ¨¢nimo de lucro', sacaron la madera intervenida y la vendieron en septiembre a una serrer¨ªa.

La Guardia Civil ha valorado la madera extra¨ªda en 168.283 euros (28 millones de pesetas) y los perjuicios ambientales en 126.991 euros (21 millones de pesetas).

Pero el da?o causado al medio ambiente a¨²n no hab¨ªa culminado. El relato del fiscal sostiene que los empresarios y el director del parque, con el prop¨®sito de abaratar costes, arrojaron los restos de la tala a los cauces de los arroyos contiguos 'con una clara vulneraci¨®n' de la ley. Este procedimiento provoc¨® la modificaci¨®n por la fuerza de los arroyos, la salida del agua fuera de los cauces naturales, el estancamiento de las aguas y 'el aumento de los nitratos por la descomposici¨®n progresiva de la materia org¨¢nica'.

Estado de los arroyos

Por su lado, Alejandro Gonz¨¢lez Moncl¨²s, jefe de la Comisar¨ªa de Aguas de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, cuando fue puesto sobre aviso del estado de los arroyos, 'omiti¨® imprudentemente cualquier actuaci¨®n'.

Es m¨¢s, en abril de 1999 explic¨® al juzgado de Baza que investigaba lo acontecido que 'no se apreciaban da?os en el dominio p¨²blico hidr¨¢ulico', seg¨²n precisa el escrito del fiscal. No obstante, pasado un tiempo, la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir s¨ª intervino y limpi¨® los arroyos de la materia org¨¢nica.

El director del parque est¨¢ acusado de los delitos de prevaricaci¨®n, dos delitos ecol¨®gicos, otros continuado de malversaci¨®n y de desobediencia. La pena es de 13 a?os de c¨¢rcel y 27 de inhabilitaci¨®n. Los empresarios est¨¢n acusados de delitos ecol¨®gicos y continuado de malversaci¨®n, La pena es de 13 a?os y ocho meses de c¨¢rcel y 15 de inhabilitaci¨®n. A Rafael Salcedo se le imputa un delito ecol¨®gico con una condena de 14 meses de c¨¢rcel. Al representante de la CHG se le acusa de otro delito ecol¨®gico con la atenuante de reparaci¨®n del mal causado, que lleva aparejado dos meses de c¨¢rcel.