Justicia hasta donde Washington permita

En otro mundo, uno en el que el dominio de la superpotencia ¨²nica, Estados Unidos, no marcase tanto las relaciones internacionales, la entrada en vigor ma?ana del estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) supondr¨ªa un hito hist¨®rico sin parang¨®n desde los procesos de N¨²remberg, cuando los vencedores de la II Guerra Mundial sentaron en el banquillo a los jerarcas nazis.

Sin embargo, en este mundo de hoy la CPI nace ma?ana lastrada por el boicoteo activo de la Administraci¨®n de George W. Bush, que no s¨®lo (caso ins¨®lito) ha desfirmado el estatuto, sino que exige que las normas del tribunal, que se pretend¨ªan globales, no se apliquen a sus ciudadanos, empezando por los cascos azules de las diversas misiones de paz. Puede que la justicia de la CPI sea ciega, como debe ser, pero no cabe duda de que, con EE UU abiertamente en contra, nace coja.

EE UU, China, Rusia, India y Pakist¨¢n est¨¢n entre los pa¨ªses que no se han sumado a la CPI

La hostilidad del Gobierno norteamericano (que se suma a la falta de apoyo de pa¨ªses como China, Rusia, India y Pakist¨¢n) socava un ¨®rgano judicial que tendr¨¢ su sede provisional en un edificio de 16 plantas de La Haya (Holanda), que comenzar¨¢ a elegir su fiscal y sus 18 jueces en enero, que dif¨ªcilmente funcionar¨¢ a pleno rendimiento antes de un a?o. Su objetivo es juzgar a individuos acusados de cr¨ªmenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresi¨®n cometidos a partir de ma?ana (no hay retroactividad) y que gocen de inmunidad en sus pa¨ªses. Los casos deber¨¢n presentarse por los Estados que hayan ratificado el Estatuto, por el Consejo de Seguridad de la ONU o por el fiscal del tribunal, con el consentimiento al menos de tres jueces.

El Estatuto, aprobado en Roma el 17 de julio de 1998 por 120 Estados, ha sido firmado desde entonces por otros 19 y ratificado por 71, incluidos Espa?a y sus 14 socios en la Uni¨®n Europea, de donde ha surgido el impulso fundamental para sacar adelante el tribunal. La cifra clave de 60, necesaria para su entrada en vigor, se alcanz¨® el pasado abril. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, salud¨® entonces a la CPI como 'el eslab¨®n que faltaba en el sistema judicial internacional' y como 'la mejor defensa contra la impunidad'.

Nada de esto parece importar a Bush, que tom¨® la patata caliente legada por Bill Clinton (que firm¨®, aunque con reservas) y no s¨®lo se neg¨® a ratificarlo, sino que retir¨® la firma para poder luchar contra la CPI sin cortapisas de legalidad internacional como el art¨ªculo 18 de la Convenci¨®n de Viena, que proh¨ªbe minar tratados suscritos, aunque est¨¦n pendientes de ratificaci¨®n.

En Washington no parece tener peso el precedente del buen funcionamiento de los tribunales especiales para juzgar las atrocidades en Yugoslavia y Ruanda, que la posibilidad de que un militar norteamericano llegue a sentarse alg¨²n d¨ªa en el banquillo de la nueva Corte sea m¨¢s que remota y que el CPI juegue a favor de la lucha global antiterrorista.

Bush hace o¨ªdos sordos a las cr¨ªticas de sus aliados europeos y de voces liberales como la que refleja un editorial de The New York Times, que habla de 'malsana obsesi¨®n' y de grave riesgo para las misiones de paz de la ONU.

Bush est¨¢ m¨¢s en la onda del derechista The Washington Times ('el potencial de abuso de la CPI es enorme' y 'puede ir m¨¢s all¨¢ de la Convenci¨®n de Ginebra') y de congresistas ultraconservadores como Jesse Helms, y no est¨¢ dispuesto a aceptar que la justicia internacional pueda situarse en ning¨²n caso por encima de la propia. Eso se considerar¨ªa una cesi¨®n de soberan¨ªa que no encajar¨ªa con el nuevo orden mundial consolidado tras los sucesos del 11-S.

La propuesta norteamericana de que el CPI no tenga jurisdicci¨®n para castigar atrocidades cometidas por los cascos azules ya consigui¨® el pasado d¨ªa 21 algo ins¨®lito: que el mandato de la fuerza de paz de la ONU en Bosnia se prorrogara nueve d¨ªas (justo hasta que entre en vigor el estatuto del tribunal), en lugar de los seis meses habituales. Desde entonces se busca una soluci¨®n que salve las reticencias estadounidenses, por ejemplo que EE UU suscriba acuerdos bilaterales con los otros pa¨ªses implicados, algo a lo que da pie el art¨ªculo 98-2 del Tratado de Roma que cre¨® la Corte.

De no alcanzarse un acuerdo, lo menos malo que podr¨ªa ocurrir es que EE UU retirase sus cascos azules de Bosnia (s¨®lo tiene 46). Peor ser¨ªa, aunque a plazo no tan corto, que hiciese otro tanto con los 2.400 soldados que tiene en la fuerza de paz de la OTAN en la misma rep¨²blica ex yugoslava y que suspendiera su aportaci¨®n econ¨®mica a las misiones de paz, que cubre un cuarto del costo total de ¨¦stas.

Desde el otro lado del Atl¨¢ntico, se acusa ya a los aliados europeos de doble moral. The Washington Post public¨® hace unos d¨ªas que el Reino Unido, en nombre de los 19 pa¨ªses (entre ellos Espa?a) que participan en la fuerza de paz en Afganist¨¢n, negoci¨® en enero un 'acuerdo t¨¦cnico militar' con el Gobierno de Kabul que impide que los miembros del contingente internacional sean juzgados por ning¨²n tribunal internacional, entidad o Estado sin consentimiento expreso del pa¨ªs al que pertenezca. Desde Europa se hace notar que se trata de un acuerdo casi rutinario en estas misiones, de rango jur¨ªdico muy inferior al de un tratado como el de la CPI y que en forma alguna socava la firmeza del compromiso europeo de esos Estados con el nuevo tribunal.

En cualquier caso, el conflicto con EE UU hace que la CPI -el gran instrumento legal para luchar con car¨¢cter global contra genocidios, cr¨ªmenes masivos y limpiezas ¨¦tnicas- nazca con un horizonte reducido. El semanario brit¨¢nico The Economist ha llegado a sugerir, como m¨¦todo para aplacar al amigo americano, que la CPI procese a Sadam Husein, el dictador iraqu¨ª y bestia negra de Bush. Eso s¨ª, tendr¨¢ que ser por lo que haga a partir de ma?ana, no por lo que hizo en el pasado.