Ruiz-Gallard¨®n equipara 'en derechos' a las uniones de hecho y a los matrimonios

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n anunci¨® ayer que el reglamento que desarrolla la ley de parejas de hecho equiparar¨¢ los derechos de las uniones con los matrimonios. Algunas interpretaciones de fuentes cercanas al Ejecutivo madrile?o se?alan que podr¨ªa llegar a aprobarse el acogimiento (una tutela temporal) de menores por parejas de gays y lesbianas. El reglamento desarrolla la ley que se aprob¨® el 19 de diciembre del a?o pasado. Entonces, el PP se opuso rotundamente a incluir en la ley este derecho porque 'el C¨®digo Civil no lo permite'.

El reglamento aprobado ayer tiene 'como finalidad', seg¨²n el Gobierno regional, 'hacer efectivo el derecho de todos los madrile?os, sin discriminaci¨®n por su orientaci¨®n sexual, a constituir una uni¨®n de hecho en la que se reconozca los mismos derechos que la Comunidad de Madrid reconoce a las parejas que han contra¨ªdo matrimonio'.

Fuentes del Gobierno regional opinaron ayer que, mediante una correcci¨®n en la ley, se podr¨ªa permitir que las parejas de hecho heterosexuales adoptaran, y que las formadas por dos personas del mismo sexo acogieran menores.

La ley madrile?a se asemeja en muchos aspectos a la norma asturiana, que fue aprobada en mayo con el ¨²nico voto en contra del grupo popular, bajo la acusaci¨®n de la diputada asturiana del PP, Inmaculada Gonz¨¢lez, de que 'vincular la libertad sexual con el acogimiento de menores' no era 'correcto'. El PP anunci¨® que recurrir¨ªa la norma ante el Tribunal Constitucional como ya lo ha hecho con la ley navarra, que permite la adopci¨®n a las parejas homosexuales.

C¨®digo Civil

El PP madrile?o hab¨ªa mantenido hasta ahora una actitud contraria al derecho de acogimiento por los homosexuales. Pocos d¨ªas antes de aprobarse la Ley, la diputada regional del PP, Cristina Cifuentes, se amparaba en el C¨®digo Civil para descartar la posibilidad de reconocer ese derecho a los gays y lesbianas. 'El C¨®digo Civil no lo permite, y cambiarlo es competencia del Estado', asegur¨® entonces. Pero expertos en derecho consultados ayer se ampararon en el mismo texto para justificar ¨²nicamente que no pueden adoptar, no acoger.

Antes de ello, las parejas de hecho 'de cualquier orientaci¨®n sexual', seg¨²n el texto del reglamento aprobado ayer, deber¨¢n inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad o de su municipio, cuando ¨¦ste ¨²ltimo exista. El primero comenzar¨¢ a funcionar a partir del 1 de septiembre. Los registros municipales, por su parte, deber¨¢n ser aprobados por las corporaciones municipales respectivas. Ya existen numerosos de estos registros en la provincia, incluidos los principales municipios.

Con la inscripci¨®n en el registro, las parejas tendr¨¢n 'todos los derechos' de ¨¢mbito municipal y auton¨®mico, como el acceso a prestaciones, vivienda protegida o permisos laborales para funcionarios. Para poder inscribirse en el registro, las parejas deber¨¢n acreditar que llevan al menos 12 meses conviviendo ininterrumpidamente y de 'forma libre, p¨²blica y notoria'. Al menos uno de los miembros de la pareja deber¨¢ estar inscrito en la regi¨®n.

Las parejas podr¨¢n, en el momento de la inscripci¨®n, elegir el r¨¦gimen econ¨®mico de la relaci¨®n, tanto mientras esta dure como a su t¨¦rmino. Los pactos podr¨¢n establecer compensaciones econ¨®micas cuando, tras el cese de la convivencia, se produzca un desequilibrio econ¨®mico en uno de los convivientes con relaci¨®n a la posici¨®n del otro que implique un empeoramiento respecto a la situaci¨®n anterior, seg¨²n la ley de uniones de diciembre de 2001.

Para evitar que en el contrato se incluyan condiciones abusivas, la ley establece que 'ser¨¢n nulos y carecer¨¢n de validez los pactos contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos o gravemente perjudiciales' para uno de los convivientes. A falta de pacto, se supondr¨¢, salvo prueba en contrario, que los miembros de la uni¨®n contribuyen equitativamente al pago de los gastos en proporci¨®n a sus recursos.

El PP se opuso, sin embargo, en mayo pasado a votar a favor de la norma asturiana que reconoc¨ªa el mismo derecho, por considerar que modificaba el concepto de familia.