El esfuerzo por la seguridad deja un rastro de restricci¨®n de libertades y derechos en EE UU

Cuando tres mil civiles inocentes fueron asesinados en los ataques terroristas el 11 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declar¨®: 'La libertad ha sido atacada, pero la libertad ser¨¢ defendida'. Un a?o despu¨¦s el balance de la defensa de la libertad es, sin embargo, bastante pobre, al menos dentro de Estados Unidos, donde asociaciones de prestigio, vinculadas tanto al Partido Dem¨®crata como al Republicano, abogados, jueces y defensores de los derechos humanos han criticado al Gobierno por atropellar sagrados derechos constitucionales.

Organizaciones de expertos, algunas de corte tan conservador como el prestigioso Instituto Cato, acusan al Gobierno de haber llevado a cabo detenciones, audiencias y juicios de forma secreta. 'Los derechos democr¨¢ticos de EE UU son las v¨ªctimas desconocidas de los atentados', ha declarado a EL PA?S Will Goodman,jefe del grupo de abogados que ha presentado una querella colectiva contra el fiscal general, John Ashcroft, por violaci¨®n de derechos fundamentales. Goodman asegura que Washington 'ha violado el coraz¨®n de los derechos constitucionales'. Las cr¨ªticas, t¨ªmidas en el fervor patri¨®tico de las primeras semanas tras los atentados, crecieron a lo largo de meses en los que la prensa y las organizaciones de defensa de los derechos humanos han censurado propuestas de Bush en la lucha antiterrorista.

Aporta datos a esta denuncia la organizaci¨®n Human Right Watch (HRW). Unos 1.200 extranjeros han sido arrestados y encarcelados, en secreto, en relaci¨®n con la investigaci¨®n de los ataques del 11-S, pero el Gobierno norteamericano no ha divulgado el n¨²mero exacto. La mayor¨ªa son de pa¨ªses de Oriente Pr¨®ximo, el sur de Asia y el norte de ?frica. El informe de HRW, titulado Presunci¨®n de culpabilidad: abusos de los derechos humanos de los detenidos en relaci¨®n con el 11 de septiembre, describe casos en los que encuentros al azar con agentes de cuerpos policiales o sospechas de vecinos, s¨®lo basadas en la nacionalidad y religi¨®n del extranjero, acabaron en interrogatorios sobre posibles conexiones con terrorismo.

Unas 750 personas fueron detenidas, acusadas de violar las leyes de inmigraci¨®n, mientras el Gobierno las investigaba. Violando la presunci¨®n de inocencia, el Departamento de Justicia los mantuvo en prisi¨®n hasta concluir que no ten¨ªan v¨ªnculos con el terrorismo. Ninguno de los 752 detenidos ha sido acusado de delitos de terrorismo. La mayor¨ªa fueron expulsados de EE UU.

Human Rights Watch concluye que la 'guerra contra el terror', lanzada por Bush tras el 11-S, ha ido acompa?ada de largos encarcelamientos sin cargos; prohibici¨®n de acceso de abogados a los detenidos; interrogatorios abusivos e ignorar o anular decisiones judiciales que ordenaban poner en libertad bajo fianza a personas pendientes de procedimientos de inmigraci¨®n. El Gobierno de Bush ha recluido a personas durante meses en condiciones restrictivas, incluso en r¨¦gimen de aislamiento. Algunos detenidos han sufrido abusos f¨ªsicos y verbales por su nacionalidad o su religi¨®n.

'Que una persona haya violado las leyes de inmigraci¨®n no da licencia al Gobierno para ignorar las reglas del derecho penal', asegura Jamie Fellner, directora del programa de Estados Unidos de HRW. A?ade: 'Al limitar la supervisi¨®n judicial e impedir el escrutinio p¨²blico de sus acciones, el Gobierno ha asumido un poder virtualmente sin restricci¨®n sobre los detenidos'.

La historia de EE UU ha ense?ado ya antes el riesgo que se corre al otorgar a los Gobiernos poder sin restricciones en nombre de la seguridad nacional. Ah¨ª est¨¢n para demostrarlo las campa?as de represi¨®n contra comunistas y anarquistas tras la I Guerra Mundial; el internamiento de m¨¢s de 110.000 ciudadanos de origen japon¨¦s durante la II Guerra Mundial y la caza de brujas del senador Joe McCarthy durante la Guerra Fr¨ªa. Muchos perdieron sus trabajos, se les humill¨® en p¨²blico y algunos fueron a la c¨¢rcel por pertenecer o ser sospechosos de afiliaci¨®n al Partido Comunista. La Administraci¨®n arguy¨® motivos de necesidad, pero la historia ha reivindicado a las v¨ªctimas y condenado la actuaci¨®n de aquellos Gobiernos.

'Estos hechos no volver¨¢n a suceder nunca m¨¢s', argumenta ahora un portavoz de la Administraci¨®n. El anuncio de poner en marcha el Sistema de Informaci¨®n y Prevenci¨®n del Terrorismo para alistar a millones de estadounidenses para que esp¨ªen a sus conciudadanos, as¨ª como las condiciones jur¨ªdicas y f¨ªsicas en las que se encuentran los presos en la base de Guant¨¢namo parecen dar la raz¨®n, sin embargo, a quienes temen una nueva p¨¢gina negra de la historia norteamericana. 'Este programa de espionaje interno debe ser detenido', editorializaba The New York Times, que lo compara con los m¨¦todos de la polic¨ªa secreta en la antigua Rep¨²blica Democr¨¢tica de Alemania.