El triple secuestro de Argentina
La intransigencia de sectores del peronismo, de los jueces y del FMI torpedea el necesario acuerdo para salir de la crisis
Argentina se debate entre la espada y la pared, entre las dr¨¢sticas exigencias de cambios del FMI para prestarle ayuda econ¨®mica y la cicater¨ªa de sus pol¨ªticos y la resistencia de sus jueces a plegarse a los dictados del citado organismo. Cada vez que se aproximan las posturas entre el Gobierno argentino y el FMI se produce algun acuerdo parlamentario o alguna decisi¨®n judicial que desbarata el posible acuerdo.
La guerra abierta entre el Ejecutivo y la Corte de Justicia hace est¨¦riles los esfuerzos del ministro Lavagna por arrancar al FMI nuevas ayudas
Paul O'Niell, el secretario de Estado de EE UU, dice que el plan econ¨®mico presentado por Buenos Aires al Fondo es insostenible
A Roberto Lavagna le sucede lo que a S¨ªsifo. Condenado a ministro de Econom¨ªa de Argentina, despu¨¦s de que el presidente Eduardo Duhalde no encontrara a otro, intenta desde el pasado mes de abril cumplir con las medidas que le pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) para construir un plan sostenible. Avanza en la negociaci¨®n pero, cuando est¨¢ cerca de cerrarla, aparecen nuevas objeciones del FMI y se cae el acuerdo.
Algunos analistas, como el economista Carlos Melconian, consideran que el Gobierno de transici¨®n del peronista Duhalde jam¨¢s conseguir¨¢ un pacto. Quedar¨ªa pendiente para su sucesor, que asumir¨¢ el poder en mayo pr¨®ximo. Lavagna s¨®lo pretende que se posterguen los vencimientos de deuda con organismos multilaterales de cr¨¦dito hasta fines de 2003, que totalizan unos 18.000 millones de d¨®lares. El jueves, para evitar una inmediata suspensi¨®n de pagos, el FMI acept¨® aplazar por un a?o el pago de 2.700 millones de d¨®lares que venc¨ªan ma?ana lunes. Argentina descarta cualquiera ayuda financiera adicional, como la que recibieron Brasil y Uruguay. Sin embargo, el convenio a¨²n no se ha cerrado.
Reproches mutuos
'Los hombres del Fondo sienten que, cada vez que ellos se acercan a un acuerdo, es Argentina la que les cambia las condiciones', declar¨® Lavagna el martes pasado, mientras arribaba a Buenos Aires una nueva misi¨®n del Fondo Monetario Internacional. 'Hay demandas que no estaban en la agenda del Fondo, pero que fueron introducidas a partir de decisiones del Poder Judicial y del Legislativo', a?adi¨® el ministro. Sin embargo, el pol¨¦mico secretario del Tesoro norteamericano, Paul O'Neill, respondi¨® al d¨ªa siguiente que el plan de Argentina es insostenible.
Hace tres semanas, el Palacio de Hacienda argentino envi¨® a Washington un borrador de una carta de intenci¨®n para la firma del anhelado pacto, que viene retras¨¢ndose desde hace 10 meses. Pero el Congreso sancion¨® recientemente dos leyes que perjudican a los bancos en beneficio de los numerosos deudores, en una sociedad que arrastra cuatro a?os de crisis econ¨®mica.
Una norma suspendi¨® la actualizaci¨®n por inflaci¨®n de los cr¨¦ditos bancarios y la otra congel¨® las ejecuciones hipotecarias. Adem¨¢s, el Senado aprob¨® otros dos proyectos perjudiciales para las entidades financieras: uno de ellos responsabiliza a las casas matrices en la devoluci¨®n de los dep¨®sitos congelados desde diciembre pasado y el segundo crea una comisi¨®n sindical, financiada por los bancos, para verificar el retrasado proceso de reestructuraci¨®n bancaria.
Un art¨ªculo de Financial Times denunci¨®, adem¨¢s, que legisladores argentinos pidieron presuntos sobornos a banqueros para abortar esta ¨²ltima iniciativa.
La C¨¢mara de Diputados elabora un proyecto que permita al Congreso autorizar o rechazar los aumentos de las tarifas de servicios p¨²blicos, que est¨¢n negoci¨¢ndose entre el Gobierno y las empresas privatizadas. Adem¨¢s, el Parlamento hab¨ªa prorrogado la posibilidad de pagar impuestos con t¨ªtulos p¨²blicos. As¨ª creci¨® la recaudaci¨®n tributaria en el pasado mes de agosto el 16,4%, el cuarto incremento consecutivo, pero el 38% de los ingresos provinieron de los bonos devaluados de un Estado en suspensi¨®n de pagos. Grandes empresas los compran para destinarlos a saldar sus obligaciones con Hacienda. De ah¨ª que Roberto Lavagna haya acordado esta semana con los legisladores peronistas que se suspenda por dos meses el pago de grav¨¢menes con t¨ªtulos.
La Corte Suprema de Justicia tambi¨¦n complic¨® al Gobierno de Duhalde. En enero, sus nueve miembros fueron acusados por el presidente argentino de mal desempe?o de sus funciones. El desprestigio social de los ministros de la Corte compite con el de la clase pol¨ªtica. La C¨¢mara de Diputados hab¨ªa iniciado un proceso de juicio pol¨ªtico a los nueve magistrados, pero se dilat¨® ante el temor del Gobierno de que la Corte fallara contra el corralito (congelaci¨®n de dep¨®sitos), lo que restaurar¨ªa el derecho de propiedad de los ahorradores, pero terminar¨ªa de destrozar el sistema financiero.
Los analistas pol¨ªticos argentinos repiten que Duhalde y los jueces de la Corte negocian el cierre del juicio pol¨ªtico a cambio de una sentencia a favor del corralito. Los legisladores de la oposici¨®n insisten en juzgar a los magistrados.
La Corte, mientras tanto, declar¨® la inconstitucionalidad del recorte del 13% en los salarios p¨²blicos y las pensiones, que hab¨ªa decidido en julio pasado el entonces presidente Fernando de la R¨²a en pos del equilibrio fiscal. Esta decisi¨®n supondr¨¢ un alza del gasto p¨²blico de 828,7 millones de d¨®lares anuales. Este incremento dificultar¨ªa el objetivo de super¨¢vit fiscal del 2,5% del PIB, en un pa¨ªs que este a?o ha congelado pagos. Para evitar un desajuste en las cuentas, el Gobierno decidi¨® que saldar¨¢ las deudas con funcionarios y jubilados con nuevos t¨ªtulos p¨²blicos y s¨®lo comenzar¨¢ a pagar el aumento del 13% en la n¨®mina a partir de enero pr¨®ximo.
En manos de los magistrados de la Corte se encuentra otro caso que despierta inquietud en el Gobierno. Se trata de la querella de un ahorrador que pide la dolarizaci¨®n de sus dep¨®sitos, despu¨¦s de que el Gobierno los convirtiera de divisas a pesos a principios de a?o.
El director de Relaciones Externas del Fondo Monetario Internacional, Thomas Dawson, defini¨® la situaci¨®n de Argentina hace unos d¨ªas: 'Es muy, muy dif¨ªcil. No hay consenso pol¨ªtico sobre c¨®mo avanzar'. Reconoci¨® una mejor¨ªa fiscal, pero se?al¨® que falta un programa monetario y una reforma del sistema bancario, en una cuesta por la que sobran las piedras legales.
La encrucijada monetaria
El plan monetario del Gobierno argentino constituye una de las principales preocupaciones de la nueva misi¨®n del FMI. Los jueces de primera instancia contin¨²an aceptando recursos de amparo de ciudadanos que piden la restituci¨®n de su dinero congelado. Un aumento de la fuga de dep¨®sitos desencadenar¨ªa una mayor emisi¨®n monetaria, pues el Banco Central tendr¨ªa que asistir a las entidades financieras. Se debilitar¨ªa a¨²n m¨¢s al peso, que se depreci¨® el 72% en el a?o, y se elevar¨ªa la inflaci¨®n, que asciende al 34%. No obstante, en agosto s¨®lo se escaparon 95,9 millones de d¨®lares, frente a la media de 300 millones de d¨®lares de los meses anteriores, gracias a que el Gobierno suspendi¨® la ejecuci¨®n de sentencias contra el corralito.
En otro intento por evitar el drenaje de ahorros, el ministro de Econom¨ªa, Roberto Lavagna, planea reabrir el canje de dep¨®sitos por t¨ªtulos p¨²blicos, que por ahora s¨®lo cosech¨® la adhesi¨®n del 25% de los ahorradores.
El fantasma de las cuasi monedas
La masa monetaria tambi¨¦n puede expandirse si los gobernadores de las 23 provincias cumplen su amenaza de volver a emitir sus bonos o cuasi monedas. Estos papeles suponen un tercio de los billetes en circulaci¨®n. La mayor¨ªa de los Estados se ha comprometido a reducir su d¨¦ficit fiscal a la mitad y dejar de imprimir t¨ªtulos con la condici¨®n de que el Estado nacional los asista. El Gobierno de Duhalde planeaba hacerlo con una ayuda del FMI, que hab¨ªa prometido recursos para tal fin. Pero al acuerdo con Washington sigue alej¨¢ndose, los gobernadores le reclaman al Estado 222 millones de d¨®lares y Lavagna s¨®lo pretende darles la mitad. Los jefes provinciales advirtieron de que se quedar¨¢n sin fondos para abonar los sueldos. 'Eso nos incendiar¨ªa las provincias', admiten.
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