Los becarios salen caros
Un juzgado condena a la UPV y a las Juntas alavesas por pagar tres veces menos a dos documentalistas
Cuando I?igo P¨¦rez Ochoa y Miriam Nieto comenzaron su trabajo como becarios de la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV) en las Juntas Generales de ?lava para informatizar las actas m¨¢s antiguas de la instituci¨®n, poco pod¨ªan imaginar que en realidad lo que les aguardaba era un empleo encubierto de documentalistas. Sin embargo, el sueldo que cobraban estos dos licenciados en Historia era tres veces menor del que les correspond¨ªa por el trabajo que realizaban.
La historia de I?igo y Miriam no habr¨ªa trascendido y hubiera sido una m¨¢s sobre la tarea de los cientos de becarios empleados por las instituciones si ambos no la hubiesen denunciado en un juzgado de Vitoria el pasado mes de abril. El fallo judicial no se ha hecho esperar y condena a las Juntas Generales y a la UPV a pagar conjuntamente a los dos becarios como documentalistas, el trabajo que seg¨²n la sentencia desempe?aron efectivamente durante el a?o pasado.
?La diferencia? Pues que siendo becarios y desarrollando una jornada de siete horas diarias de lunes a viernes su salario ascend¨ªa a 9.375,79 euros brutos anuales, mientras que un documentalista de la UPV por id¨¦ntico trabajo tiene asignado un sueldo de 28.533,96. La sentencia establece que Miriam e I?igo deben ser considerados como trabajadores ligados por un contrato laboral porque la actividad que realizaban en las Juntas Generales no se ajusta a la propia de los becarios.
El caso es que las Juntas Generales son reincidentes en esta materia. En 1997, el Legislativo alav¨¦s ya fue condenado dos veces por emplear becarios para realizar tareas propias de trabajadores de plantilla, como las de documentalistas. Esta afici¨®n por contratar a trav¨¦s de becas comenz¨® en 1991, cuando la instituci¨®n emprendi¨® uno de sus proyectos m¨¢s queridos: informatizar sus actas del periodo 1502-1800. Hasta 1997, las propias Juntas organizaban un concurso para contratar a los becarios, pero a partir de esas sentencias el proyecto qued¨® paralizado. Justo hasta el a?o 2000, en el que firmaron un convenio con la UPV para que se los suministrase. 'Las Juntas buscaron un subterfugio para seguir informatizando las actas con el menor coste y les ha salido mal', resalt¨® ayer I?aki Uribarri, del sindicato ESK, que ha asesorado a los denunciantes.
Las Juntas han optado por echar balones fuera y aseguran que no tienen ninguna vinculaci¨®n con los becarios, 'los cuales son seleccionados, nombrados, retribuidos y est¨¢n sujetos al control de la UPV'. La sentencia no comparte esta apreciaci¨®n y recalca que tanto las Juntas como la UPV act¨²an de mutuo acuerdo a la hora de tomar las decisiones y poner en marcha el proyecto de informatizaci¨®n, del que los becarios forman parte activa.
Ocho becarios trabajan actualmente en el proyecto. I?igo P¨¦rez Ochoa achac¨® a los v¨ªnculos que mantienen con la UPV el hecho de que no se atrevan a denunciar su situaci¨®n.
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