?Censo o publicidad?

No parece admisible que el censo electoral, instrumento b¨¢sico para la participaci¨®n pol¨ªtica de los ciudadanos, pueda ser utilizado como fuente publicitaria, al servicio de intereses comerciales. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) se va a gastar 11 millones de euros en 2003 para elaborar, a partir del registro de ciudadanos con derecho a voto -unos 34 millones de espa?oles-, un censo paralelo de car¨¢cter publicitario y promocional, con la sola exclusi¨®n de aquellos ciudadanos que rechacen expresamente figurar en ¨¦l. La iniciativa tiene, en principio, un punto de apoyo en la actual Ley de Protecci¨®n de Datos -aprobada en 1999 con los votos del PP, CiU e IU-, pero ya en su momento el PSOE la denunci¨® como una manera de burlar la Ley de R¨¦gimen Electoral, que proh¨ªbe la cesi¨®n del censo electoral para fines y actividades comerciales. Convenientemente maquillado y con una denominaci¨®n distinta, el censo electoral -el nombre y domicilio de los ciudadanos censados- se pondr¨¢ de hecho al servicio de los objetivos promocionales y comerciales de las empresas que lo soliciten.

El pretexto alegado es eliminar de ra¨ªz la venta fraudulenta de datos personales para fines comerciales. Pero no deja de ser chocante que, en lugar de perseguir esa venta con la Ley de Protecci¨®n de Datos en la mano, se pretenda promover desde el INE el uso comercial de sus listas de electores. Y lo que resulta a todas luces inaceptable es que ese organismo p¨²blico se sienta autorizado a convertir el censo electoral en un censo promocional con los datos de todos aquellos que no se autoexcluyan. La Ley de Protecci¨®n de Datos exige informar previamente a los interesados 'de la finalidad de la recogida de datos y de los destinatarios de la informaci¨®n'. La finalidad y los destinatarios de ese censo promocional son demasiado gen¨¦ricos como para no considerar vulnerada la Ley de Protecci¨®n de Datos.