La Junta Electoral defiende que el censo publicitario s¨®lo incluya a quien lo pida
Protecci¨®n de Datos apoya el censo promocional y dice que basta 'el consentimiento t¨¢cito'
La Junta Electoral Central ha acordado que el censo publicitario, hecho a partir del censo electoral, s¨®lo incluya a los ciudadanos que deseen figurar en ¨¦l. Matiza que deben quedar excluidos quienes no se manifiesten al respecto. La Junta emiti¨® este acuerdo a petici¨®n de la presidenta del Instituto Nacional de Estad¨ªstica, Carmen Alcaide, quien dudaba de la pertinencia de incluir en el censo de personas deseosas de recibir publicidad a todas los que no se manifestaran en contra, tal como baraj¨® en principio el propio INE. Seg¨²n el director de la Agencia de Protecci¨®n de Datos, a tenor de la ley basta el 'consentimiento t¨¢cito' para la inclusi¨®n. PSOE e IU quieren cambiar la norma.
La presidenta del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), Carmen Alcaide, asegur¨® ayer que el censo promocional (integrado por quienes quieran recibir publicidad) s¨®lo incluir¨¢ a los ciudadanos que expresen su deseo de figurar en ¨¦l. Reconoci¨® que la idea inicial barajada en el organismo, difundida anteayer por varias fuentes de la entidad, era la contraria: incluir a todos aquellos que no manifestaran su oposici¨®n.
Alcaide se apoya en el dictamen de la Junta Electoral Central, a la que pidi¨® opini¨®n a comienzos de 2001, unos meses despu¨¦s de acceder a la presidencia del INE. Acudi¨® a ella tras observar que 'hab¨ªa una contradicci¨®n entre el mandato de la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos de hacer el censo promocional y el contenido de la Ley Electoral, que establece que el censo est¨¢ protegido por el secreto estad¨ªstico', explica. Alcaide pregunt¨® a la Junta (formada por ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedr¨¢ticos) si era posible establecer que los electores debieran manifestarse 'en positivo' para ser incluidos, esto es, si deb¨ªa mediar un consentimiento expreso para figurar en el listado.
Silencio negativo
La Junta consult¨® su parecer a los partidos representados en las Cortes y obtuvo la respuesta del PP y del PSOE, ambos a favor de que s¨®lo se incluyera a las personas deseosas de constar en el listado. En marzo de 2001, la Junta emiti¨® un acuerdo en el que establece que 'el silencio de los electores a las comunicaciones que se les cursen por la Oficina del Censo Electoral a los efectos de incluirles en el censo promocional se considere como manifestaci¨®n de su voluntad de no figurar en dicho censo promocional'.
As¨ª las cosas, el INE prev¨¦, sin fecha, enviar a todos los electores una carta informativa sobre el censo publicitario. S¨®lo se incluir¨¢ en ¨¦l a quienes contesten dando su asentimiento. Este es el proyecto, porque a¨²n est¨¢ por aprobar el reglamento que debe regular el listado promocional. Varios expertos consultados creen que, de establecerse finalmente la necesidad de consentimiento expreso, pocos ciudadanos lo otorgar¨ªan, por lo que el censo promocional ser¨ªa de escasa utilidad para las empresas.
Por el contrario, el director de la Agencia de Protecci¨®n de Datos, Juan Manuel Fern¨¢ndez L¨®pez, se?ala que seg¨²n la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos 'basta con el consentimiento t¨¢cito' de los ciudadanos para incluirlos en el censo promocional. A?ade que la norma s¨®lo establece la necesidad de consentimiento expl¨ªcito en dos supuestos. El primero son los datos sobre ideolog¨ªa, religi¨®n o creencia, en cuyo caso el consentimiento debe ser 'expreso y escrito'. El segundo se refiere a los datos sobre salud, raza o vida sexual. En este caso basta con el 'consentimiento expreso'. No obstante, Fern¨¢ndez L¨®pez puntualiza que tambi¨¦n ser¨ªa respetuoso con la ley optar porque s¨®lo se incluyera en el censo promocional a los ciudadanos que mostraran ese deseo.
El presidente de la Agencia de Protecci¨®n de Datos considera que la ley actual 'conecta de forma impecable el derecho de los ciudadanos a decidir sobre el tratamiento, o no, de sus datos para publicidad con el leg¨ªtimo derecho de las empresas de publicidad o mercadotecnia a desarrollar actividades de l¨ªcito comercio'. Recuerda que la norma permite a los ciudadanos darse de baja del censo promocional. A su juicio, Espa?a 'tiene el r¨¦gimen de protecci¨®n m¨¢s riguroso de la Uni¨®n Europea'. A?ade que en la mayor¨ªa de esos pa¨ªses 'se pueden utilizar para env¨ªos comerciales los datos del padr¨®n que facilitan los ayuntamientos'.
El responsable de Protecci¨®n de Datos defiende el censo promocional porque con ¨¦l los empresarios establecidos en Espa?a 'estar¨¢n en mejor situaci¨®n de competencia con sus hom¨®nimos europeos y al propio tiempo se garantiza el derecho de los ciudadanos'. Uno de los objetivos del nuevo listado es acabar con el uso fraudulento de los datos personales.
El censo promocional se cre¨® en la nueva Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos aprobada en 1999 con los votos de PP, CiU e IU en sustituci¨®n de otra de 1992. Estableci¨® que este listado, a disposici¨®n de cualquier interesado (sobre todo empresas), se har¨ªa a partir del censo electoral (34 millones de personas) e incluir¨ªa los nombres, los apellidos y las direcciones.
PSOE e IU piden cambiar la ley
El PSOE e IU presentaron ayer en el Congreso sendas proposiciones de ley para reformar la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos, que es la norma que crea el censo promocional a partir del electoral. Las dos iniciativas inciden en la necesidad de que el ciudadano autorice de forma expresa su inclusi¨®n en el listado con fines publicitarios. La normativa actual permite en principio el consentimiento t¨¢cito, si bien est¨¢ sin aprobar el reglamento espec¨ªfico del nuevo listado. La propuesta socialista plantea tambi¨¦n que 'en ning¨²n caso el Instituto Nacional de Estad¨ªstica, o los organismos equivalentes de las comunidades aut¨®nomas, podr¨¢ vender los datos personales que constan en el censo promocional ni exigir por ello contraprestaci¨®n alguna'. La ley vigente recoge la posibilidad de vender ese censo en soporte inform¨¢tico. Su precio no ser¨ªa muy alto, seg¨²n fuentes del INE. Tampoco se convertir¨ªa en una gran fuente de ingresos ni, previsiblemente, permitir¨ªa amortizar su coste. 'En ning¨²n caso haremos negocio', se?ala la presidenta del organismo, Carmen Alcaide. En el presupuesto de 2003, el INE tiene una partida de 11 millones de euros para crear el listado publicitario. No hay una fecha establecida para iniciar el trabajo. Varias organizaciones de consumidores piden que se garantice la protecci¨®n de los datos personales. OCU record¨® que debe respetarse el derecho de los usuarios a no recibir publicidad. Por su parte, CECU propuso a los consumidores que env¨ªen al INE su negativa a la cesi¨®n de datos con fines publicitarios.
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