Vivienda accesible

En Catalu?a y en toda Espa?a la vivienda es hoy objeto de debate. Y lo es tanto por los problemas que el acceso a la casa plantea a muchos ciudadanos como por la concentraci¨®n de las situaciones m¨¢s problem¨¢ticas en algunos barrios y ¨¢reas urbanas. Esta situaci¨®n es fruto, en primer lugar, de las caracter¨ªsticas y la situaci¨®n de nuestro mercado inmobiliario. Catalu?a dispone de un parque de viviendas en principio muy amplio, que el ¨²ltimo censo cifraba en 2,7 millones de unidades y que hoy debe de acercarse a los tres millones. Sin embargo, casi un tercio de este parque figura como vivienda secundaria o vac¨ªa. Esta primera peculiaridad se acompa?a de otra: la preeminencia absoluta de la propiedad y la presencia muy escasa del alquiler y el sector p¨²blico. El 84,6% de la poblaci¨®n de la regi¨®n metropolitana reside en una vivienda de propiedad, lo que confiere al mercado inmobiliario residencial una notable rigidez.

Debe fomentarse el alquiler para romper la rigidez del mercado

Por otra parte, la demanda no cesa de aumentar. A ello contribuyen la evoluci¨®n de la pir¨¢mide de poblaci¨®n, la tendencia a la disminuci¨®n del tama?o medio del hogar y la inversi¨®n destinada a la vivienda por razones financieras. As¨ª, la economista Carme Trilla ha estimado que la demanda a corto plazo ser¨¢ de unas 25.000 unidades anuales en la provincia de Barcelona, lo cual podr¨ªa representar unas 35.000 para el conjunto de Catalu?a. Una parte muy considerable de esta demanda potencial ser¨ªa, sin embargo, insolvente, si se mantiene la actual evoluci¨®n de los precios. De hecho, el esfuerzo econ¨®mico que una familia realiza para acceder a la propiedad es ya muy elevado y corresponde por media, en la regi¨®n metropolitana, a 5,7 a?os de su renta disponible.

Esta situaci¨®n tiene notables repercusiones demogr¨¢ficas al provocar un retraso cada vez m¨¢s acusado de la edad de emancipaci¨®n de los j¨®venes (que se acerca ya a los 30 a?os) y, por consiguiente, a la postergaci¨®n de la reproducci¨®n y la disminuci¨®n de la natalidad. A esto se a?ade la problem¨¢tica asociada al incremento de la poblaci¨®n mal alojada, que seg¨²n algunas estimaciones alcanzar¨ªa el 13% del total, siendo los afectados en particular j¨®venes, ancianos e inmigrantes. Las consecuencias territoriales no son tampoco despreciables: por una parte, los precios relativamente m¨¢s elevados en las ciudades m¨¢s grandes tienden a desplazar la demanda hacia localidades menos densas, contribuyendo as¨ª a la dispersi¨®n urbana y al consumo de suelo; por otra, las situaciones m¨¢s deficientes tienden a concentrarse en determinados barrios que corren as¨ª el peligro de convertirse en guetos.

En este contexto, la respuesta de la Administraci¨®n ha sido muy insuficiente. Pese a que el Estatut otorga a la Generalitat competencias exclusivas en este campo, los sucesivos gobiernos de CiU no han sabido llevar a cabo pol¨ªticas efectivas para garantizar a los ciudadanos el derecho constitucional de 'disfrutar de una vivienda digna y adecuada' (art. 47, CE). Hasta el propio presidente de la Generalitat, no siempre propenso a la autocr¨ªtica, reconoc¨ªa en el ¨²ltimo debate de pol¨ªtica general que quiz¨¢ no se hab¨ªa hecho todo lo que se pod¨ªa. En Catalu?a, hoy, s¨®lo una de cada 25 unidades de vivienda que se construye dispone de alg¨²n tipo de protecci¨®n p¨²blica. Urge un cambio de rumbo. Una nueva pol¨ªtica que tenga como primer objetivo garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la vivienda. Por justicia social, ciertamente, pero tambi¨¦n como una forma de hacer la ciudad m¨¢s agradable, m¨¢s competitiva y m¨¢s segura, evitando su degradaci¨®n y fragmentaci¨®n. Para ello hay actuar en diversos frentes.

El primero es, sin duda, el fomento del alquiler, ¨²nica forma de romper la rigidez del mercado y dar entrada a los j¨®venes. Las deducciones fiscales a los propietarios que ha propuesto el Gobierno central pueden ser, quiz¨¢, un paso en la buena direcci¨®n. Pero tambi¨¦n faltan ayudas directas al usuario: por esto propugnamos establecer una deducci¨®n del tramo auton¨®mico del IRPF de 600 euros anuales para gastos de alquiler de toda familia que no disponga de unos ingresos elevados. En segundo lugar, la Generalitat tiene que promover vivienda de protecci¨®n oficial en modo muy superior a como lo est¨¢ haciendo en la actualidad. En el debate de la reciente Ley de Urbanismo arrancamos el compromiso de que porcentajes fijos de suelo (el 20% del suelo urbanizable) deber¨¢ dedicarse a este fin. Pero hacen falta recursos y, sobre todo, voluntad pol¨ªtica para ejecutar la nueva vivienda, en estrecha complicidad con los ayuntamientos y los promotores.

El tercer aspecto es, sin duda, el del mantenimiento y el uso del parque ya construido, que ha sido el gran olvidado de las tibias pol¨ªticas de vivienda que hemos conocido hasta ahora. Debe fomentarse la rehabilitaci¨®n y debe regularse el uso de la vivienda ya existente incentivando, a trav¨¦s de un registro de vivienda vac¨ªa, su salida al mercado y penalizando los casos de ocupaci¨®n abusiva. Finalmente, hay que intervenir para evitar la degradaci¨®n de las ¨¢reas donde se concentran las situaciones m¨¢s problem¨¢ticas. Proponemos hacerlo con intervenciones de rehabilitaci¨®n integral, como una clara afirmaci¨®n de compromiso de la Administraci¨®n y de la sociedad con estos 40 barrios de Catalu?a llenos, s¨ª, de problemas, pero tambi¨¦n de esperanzas.

Se dir¨¢ que todo esto requiere muchos recursos: apenas un ¨¢pice de lo que invertimos en infraestructuras. ?Ser¨ªa concebible un pa¨ªs con AVE y aeropuerto transoce¨¢nico en el que barrios enteros se degradan y los j¨®venes no pueden acceder a la vivienda? 'El hombre hace la casa, la casa hace al hombre', reza el proverbio. Corrijamos el sesgo de g¨¦nero de la sabidur¨ªa popular y expresemos la idea de forma m¨¢s elaborada: la sociedad construye la vivienda y, al hacerlo, se modela a s¨ª misma. Esta constataci¨®n debe ser el punto de partida de la nueva pol¨ªtica.

Oriol Nel.lo es diputado del Grupo Parlamentario Socialistas-Ciutadans pel Canvi.