Las cajas de diez autonom¨ªas reducir¨¢n la presencia de pol¨ªticos en los consejos

El primer efecto de la entrada en vigor de la Ley Financiera en noviembre ser¨¢ la reducci¨®n de la presencia de pol¨ªticos en los ¨®rganos de decisi¨®n de las cajas de ahorros en, al menos, diez comunidades aut¨®nomas: Andaluc¨ªa, Valencia, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Murcia, Navarra y Rioja, donde los representantes p¨²blicos superan el 50% de los miembros de la asamblea. Por otro lado, el volumen m¨¢ximo de cuotas participativas, similares a las acciones sin voto, que podr¨¢ emitir las cajas no superar¨¢ el 33% de su patrimonio, es decir 6.700 millones en 2003 y 2004.

La Ley Financiera aprobada el mi¨¦rcoles por la noche en el Senado, provocar¨¢ m¨¢s de un revuelo politico en las comunidades auton¨®micas. El texto legal volver¨¢ al Congreso para su aprobaci¨®n y las enmiendas futuras s¨®lo podr¨¢n introducirse en la Ley de Acompa?amiento del Presupuesto. El proyecto concede seis meses, desde su entrada en vigor, para que las cajas de ahorros cumplan la legislaci¨®n comunitaria sobre la presencia de representantes de administraciones p¨²blicas. La Uni¨®n Europea considera que los pol¨ªticos no deben tener una influencia superior al 50% en los ¨®rganos de gobierno. En el caso de sobrepasar este l¨ªmite, Bruselas puede considerar ayudas p¨²blicas los cr¨¦ditos concedidos por la caja de ahorros, lo que perjudica a la empresa que reciba el pr¨¦stamo e incluso, puede obligar a devolverlo.

Seg¨²n la legislaci¨®n actual, diez comunidades auton¨®micas sobrepasan el l¨ªmite m¨¢ximo, lo que se refleja en la composici¨®n de las asambleas de 21 cajas, es decir, casi la mitad de las existentes. De ellas, cinco son de PP, tres del PSOE, m¨¢s el Pa¨ªs Vasco y Canarias, gobernadas por los nacionalistas. Esta situaci¨®n obligar¨¢ a una reducci¨®n proporcional de los representantes de ayuntamientos, diputaciones y parlamentos auton¨®micos all¨ª donde exista un exceso.

Entre las comunidades m¨¢s importantes con este problema destacan Valencia (del PP), Andaluc¨ªa (del PSOE) y el Pa¨ªs Vasco (del PNV), que agrupan a algunas de las cajas m¨¢s grandes del sistema. La limitaci¨®n pol¨ªtica no contaba con el apoyo inicial del PSOE, aunque finalmente no se ha opuesto a ello.

Un aspecto que s¨ª ha supuesto un escollo entre los partidos ha sido la regulaci¨®n de las cuotas participativas, unos activos similares a las acciones sin derecho de voto. En principio, los partidos de la izquierda comentaron que eran una v¨ªa para la privatizaci¨®n futura, aunque, tras rebajarles algunas competencias, el consenso es mayor. Las cuotas podr¨¢n cotizar en la Bolsa, si finalmente la CNMV lo autoriza, como esperan las cajas. En total, la emisi¨®n de cuotas no puede superar el 50% del patrimonio, lo que supondr¨¢ el 33% del total de recursos propios.

Como m¨¢ximo, todas las entidades del sector podr¨¢n captar en el mercado 6.700 millones de euros anuales en el primer y segundo ejercicio de aplicaci¨®n de la ley, para pasar a 13.500 millones a partir del tercero. Estar¨¢n retribu¨ªdas en la parte proporcional de los beneficios. Este capital se considerar¨¢ recursos propios de primera categor¨ªa.

Fuentes del sector afirmaron que las cuotas permitir¨¢n acelerar el ritmo de expansi¨®n de las cajas, aumentando la competencia que ahora existe con los bancos. En 1978 las cajas controlaban el 18% del mercado financiero y ahora tienen el 51% de cuota. Expertos del sector apuntaron que las cutoas servir¨¢n de freno al poder pol¨ªtico ya que se reflejar¨¢ en Bolsa la marcha de la entidad y proporcionar¨¢ mayor transparencia en la gesti¨®n.

Por ¨²ltimo, la Ley financiera introduce la irrevocabilidad en los nombramientos de los consejeros mientras dura su mandato, para reforzar la independencia y profesionalidad ante el poder pol¨ªtico. Adem¨¢s regula las alianzas entre cajas de distinta comunidad. El sector entiende que ¨¦stas ser¨¢n 'fusiones virtuales' que contar¨¢n con un consejo espec¨ªfico para gestionar la caja resultante de la alianza.