Tres directivos de la promotora de viviendas CPV, citados por el juez

Un juez de Madrid ha citado como imputados en una supuesta estafa, para el pr¨®ximo 13 de noviembre, a los tres m¨¢ximos directivos de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). Sobre esta promotora pesa una querella interpuesta, de momento, por seis de las 1.200 familias que anticiparon en 1998 dinero a CPV -una media de 18.000 euros- y que se han quedado sin sus viviendas tras haber vendido esta inmobiliaria el suelo que adquiri¨® en los nuevos barrios de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas. Alberto Cerdans, representante en Espa?a de la firma italiana Europa Cauzioni, que aval¨® los anticipos entregados a CPV, estuvo encarcelado en enero pasado por avales fraudulentos.

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de la plaza de Castilla acaba de hacerse cargo del caso CPV. Nada m¨¢s recibir la querella ha citado en calidad de imputados de esta supuesta estafa a Francisco Javier y Miguel ?ngel Garc¨ªa S¨¢nchez y a Miguel ?ngel Morillo del Pozo. Contra ellos se han querellado seis de las 1.200 familias afectadas en el caso CPV. Se trata de los hermanos Ignacio y Luc¨ªa Municio, Francisco Cumplido Cumplido, Elena Barrionuevo Frutos y los tambi¨¦n hermanos Mar¨ªa Paz y Fernando Sanz Montilla. Estas seis personas han acudido a la v¨ªa penal mediante una querella. Pero hay otras 30 familias que el pasado mes de septiembre interpusieron una demanda en la jurisdicci¨®n civil. El resto de afectados tiene previsto reunirse a las diez de la ma?ana de hoy en el n¨²mero 59 de la calle de Diego de Le¨®n para debatir el problema y buscar a un abogado que les lleve conjuntamente el caso.

Anticipo de ahorros

En s¨ªntesis, la querella que ya tramita el Juzgado de Instrucci¨®n 8 de la plaza de Castilla refleja las vicistudes con que se han topado los seis primeros querellantes desde que adelantaron a CPV sus ahorros a cambio de que esta inmobiliaria les construyese una casa en los nuevos barrios de Las Tablas, Montercarmelo y Sanchinarro. Estas seis familias reclaman al juzgado que imponga una fianza de 100.000 euros a los directivos de CPV y que se investigue el destino dado a su dinero por los responsables de la citada inmobiliaria. La Ley impone a las inmobiliarias la obligaci¨®n de depositar en una cuenta bancaria especial el dinero que reciben de los ciudadanos a cuenta, como se?al, para la adquisici¨®n de una vivienda. Adem¨¢s, las inmobiliarias est¨¢n obligadas por ley a garantizar ese dinero mediante avales bancarios o p¨®lizas de seguros. Es una forma de salvaguardar el dinero por si la promotora incumple unilateralmente su compromiso de levantar las viviendas prometidas.

CPV vulner¨® la ley en este aspecto. Ya que, para garantizar el dinero entregado por las 1.200 familias, no acudi¨® ni a un banco ni a una aseguradora. Al contrario, acudi¨® a una financiera radicada en Roma (Italia), que ni es entidad bancaria ni compa?¨ªa aseguradora. Se trata de Europa Cauzioni. Esta firma, seg¨²n un certificado emitido por el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, no est¨¢ registrada como aseguradora ni en Espa?a ni en Italia y, por tanto, carece de autorizaci¨®n para desempe?ar ese cometido (ver EL PA?S de ayer). Pese a ello, los directivos de CPV informaron a sus clientes de que Europa Cauzioni era 'una compa?¨ªa aseguradora' y que hab¨ªan firmado con ella, por importe de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas), un contrato mediante el cual se garantizaba el dinero entregado a cuenta por las 1.200 familias. CPV dice que ha devuelto anticipios por un importe algo superior a 2.000 millones de pesetas a 945 de los 1.200 afectados.

Europa Cauzioni no es una aseguradora, como falsamente certific¨® CPV a sus clientes, y, adem¨¢s, su apoderado en Espa?a, Alberto Cerdans, est¨¢ bajo sospecha. ?ste, que figura como representante de la financiera italiana en Espa?a, ingres¨® en una carcel de Catalu?a el pasado enero. Un juez de Barcelona decret¨® su prisi¨®n provisional el pasado 23 de enero al considerarle el principal acusado de una trama empresarial supuestamente implicada en un fraude de 300 millones de euros (unos 50.000 millones de pesetas) a un centenar de empresas de toda Espa?a. La trama, supuestamente dirigida por Cerdans, era extremadamente lucrativa y se basaba en avalar el retorno de deudas contra¨ªdas por terceros de las que, en el caso de no cumplir, responder¨ªa la misma empresa reaseguradora a camibo de una prima. La investigaci¨®n del caso comenz¨® cuando varias empresas no cobraron las deudas contra¨ªdas por sus clientes y la empresa avalista tampoco respondi¨® de ellas. Fue detenido en el aeropuerto de Barcelona cuando intentaba tomar un avi¨®n con destino a Roma. Posteriormente, el Juzgado de Instrucci¨®n 32 de Barcelona, del que es titular el magistrado Eduardo Navarro, lo dej¨® en libertad sin fianza, pero con cargos por su implicaci¨®n en una supuesta emisi¨®n de avales falsos.